La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha tomado un papel protagónico en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No sólo se le ha confiado la seguridad de los mexicanos, como sucedió en los dos sexenios anteriores, sino que se le entregó la operación de la Guardia Nacional y la construcción de buena parte de las obras estratégicas de este gobierno. El ejemplo más claro es la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, pero hay muchos más, como la construcción y equipamiento de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, dos tramos del Tren Maya, así como la reconversión y adaptación de hospitales abandonados ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.
El argumento principal de López Obrador es que el Ejército es rápido, eficiente, de bajo costo y sumamente honesto en el manejo de los recursos; sin embargo, no hay elementos que nos den certidumbre de la pulcritud castrense. La Defensa Nacional mantiene un modelo poco transparente de operación, y ya nos hemos dado cuenta de que hasta empresas fantasma ha utilizado.
Como ya se ha mencionado en este espacio, las empresas fantasma se hallan en prácticamente todas las áreas de gobierno, por eso no debe extrañarnos que también las veamos en la Sedena, pero esto demuestra que las fuerzas armadas no están blindadas contra la corrupción, como nos repite día a día el presidente de la República.
El 24 y el 25 de agosto pasado la periodista Zorayda Gallegos publicó en el diario El País un par de reportajes en los que documenta que el Ejército mexicano desvió 156 millones de dólares a empresas fantasma en el periodo de 2013 a 2019, y que usó 11 empresas de papel en la modernización de las aduanas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018.
En sus investigaciones, Gallegos menciona que las facturas están relacionadas con gastos en bienes y servicios en cuarteles y guarniciones militares de diversas zonas del país: el Colegio Militar, el Museo Nacional de la Cartografía, un parque eólico ubicado en el Itsmo de Tehuantepec, la Escuela Militar de Sargentos, la Dirección General de Administración y el aeropuerto de Texcoco, cuya continuación fue frenada al inicio del sexenio de López Obrador. Uno de los argumentos que más utilizó éste para su clausura fue que había corrupción.
La reportera escribe que la Sedena recurrió a empresas fantasma en la construcción de “prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, cafeterías, centros deportivos, estacionamientos, gimnasios, museos, centros de desarrollo infantil y en 15 hospitales militares”.
Las compañías de papel, conocidas formalmente como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), se utilizan regularmente para lavar dinero, evadir impuestos, desviar dinero público o justificar gastos inexistentes.
Las empresas y contribuyentes privados las usan para inflar sus gastos de manera ficticia y así disminuir la carga fiscal, e incluso, lograr que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les devuelva dinero inmerecidamente, mientras que en la función pública son utilizadas para justificar el retiro de montos varios del erario a través de gastos que nunca existieron, para inflar el precio de las licitaciones a través de competidores falsos e incluso para entregar de manera dirigida obras y servicios a empresas o particulares a través de terceros, es decir, de una empresa fantasma.
Es muy preocupante que a la Sedena se le haya confiado buena parte de las obras más importantes del gobierno de López Obrador, más aún si se ha comprobado que la dependencia ha hecho uso de este modelo de facturación falsa.
Es verdad que la mayoría de estas facturas falsas datan del sexenio pasado, pero la estructura castrense no ha sufrido cambios en su modelo de transparencia. Por eso están obligados a adoptar nuevos paradigmas de apertura de datos y contrataciones abiertas donde se permita un ejercicio de auditoría ciudadana en tiempo real.
Hoy se habla de Gobierno Abierto, de Justicia Abierta, de Parlamento Abierto, de Estado Abierto. Necesitamos hablar también de Sedena Abierta.
La responsabilidad que las fuerzas armadas llevan a cuestas es tan grande, que bien les aplica la frase presidencial: no tienen derecho a fallar.