Hay la percepción de que la Ciudad de México ya está bajo control del crimen. Lo mismo se dice de otros lugares de la República Mexicana y hay motivos para creerlo. Con la llegada de un nuevo gobierno, las mafias actúan para medir la capacidad y formas de respuesta de las flamantes autoridades, pues necesitan saberlo para ajustar sus estrategias delictivas.
Los gobernantes de las últimas décadas se mostraron impotentes y hasta indiferentes ante el auge de la criminalidad, pues si bien destinaron presupuestos cada vez mayores a los cuerpos de seguridad, crearon la Policía Federal Preventiva, construyeron nuevas y más seguras instalaciones y aumentó en gran medida el número de presos, lo cierto es que la delincuencia creció hasta mostrarse incontenible.
No es algo menor la sospecha o la convicción social de que diversas autoridades han estado inmiscuidas en actividades ilegales, como lo prueban el feroz saqueo de Pemex, las compras a sobreprecio en el sector público, el robo hormiga o en gran escala en instituciones como el Seguro Social y, en el extremo más ominoso, las inmensas e injustificadas fortunas de numerosos funcionarios públicos que gozan de impunidad.
Para muchas personas, hay un aumento de la criminalidad hasta niveles agobiantes. Si esta apreciación es real o aparente es lo de menos, pues en política, ya se sabe, lo que parece adquiere visos de realidad, porque la idea que nos formamos de algo es finalmente la que cuenta y en este caso genera la sensación de inseguridad.
Lamentablemente las respuestas del nuevo gobierno no parecen suficientes ni adecuadas. El Ejecutivo debió vencer no poca resistencia de la oposición para que se aprobara la creación de la Guardia Nacional, que por cierto desde el siglo XIX está en la Constitución. Es un cuerpo militarizado o de plano militar, si bien destinado en nuestro caso a desempeñar funciones de policía civil.
En contra de su eventual éxito contamos con antecedentes: la Policía Federal Preventiva se creó en 1999 con el mismo propósito y en la que se fusionaron la Policía de Caminos, la Policía Fiscal y elementos tomados del Ejército. Al asumir Vicente Fox la Presidencia de la República, la Federal Preventiva pasó a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública, otra criatura de aquel sexenio, pero tres años después, lejos de haber disminuido la delincuencia, había crecido la inseguridad, pese a que en 2006 Felipe Calderón, anticonstitucionalmente, sacó al Ejército de sus cuarteles para imponerle funciones policiacas.
El primero de junio de 2009, por mandato de ley, a la Policía Federal le quitaron el adjetivo de Preventiva y se le otorgaron facultades para investigar. Esto es, la convirtieron en una especie de policía judicial, lo que no impidió hechos como lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, a mediados de 2014, cuando efectivos militares, después de un enfrentamiento, ejecutaron a 15 de los 22 muertos que hubo en ese incidente, o el más sonado, el de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Pese a las facultades de que estaba investida la Policía Federal, lo comprobable es que hay una tremenda y muy preocupante falta de coordinación. Lo evidente es que abundan las corporaciones policiacas municipales, estatales y federales, las policías privadas y las agencias investigadoras de toda laya, a lo que debemos agregar a marinos y soldados en funciones policiacas. Sin embargo, la criminalidad no disminuye y crece entre los mexicanos un sentimiento de indefensión.
Ahora mismo se habla de dividir el territorio nacional para encargarle cada fragmento a la Policía Federal, en tanto que en la ciudad de México se reproducirá el esquema a escala local. Sin embargo, falta desplegar más trabajo de inteligencia para adelantarse a los acontecimientos y frustrar los hechos criminales, Sobre todo, falta también que la política tome su lugar en esta guerra y se adopten políticas que no terminarán con la delincuencia, pero sí pueden reducir drásticamente sus capacidades. Una medida, la más urgente, es la despenalización de las drogas, empezando por la mariguana, algo que ya se hizo en la mayor parte de Estados Unidos. ¿Qué espera el gobierno? ¿Permiso de Washington…?