EL-SUR

Lunes 06 de Diciembre de 2021

Guerrero, México

Opinión

Seguridad y militarización

Marcial Rodríguez Saldaña

Marzo 09, 2017

En estos días se discuten en el Congreso de la Unión las iniciativas de Ley de Seguridad Interior, con el objetivo de crear un marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas en la función de investigación de delitos y combate a la delincuencia organizada. Ello implica un reconocimiento de que hasta ahora la actuación del Ejército y la Marina en estas actividades se ha desplegado fuera de un ámbito jurídico que se pretende normalizar.
1.- Durante su campaña electoral por la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto prometió a los electores que bajaría los índices de inseguridad en México, sin embargo, esto no ha ocurrido y por doquier se sigue observando un escenario de inseguridad que afecta a la población. En el caso del estado de Guerrero, a pesar de múltiples anuncios del gobierno federal, de un plan tras otro para darle seguridad al pueblo, se mantiene un ambiente generalizado de violencia cotidiana que azota a los ciudadanos y en los hechos la suspensión de los derechos fundamentales como a la vida, la libertad, el tránsito de las personas, al comercio, al libre esparcimiento, a la recreación, a la paz y a la seguridad.
2.- Las constituciones de México de 1857 –artículo 122– y de 1917 –artículo 129– han mantenido el mandato expreso de que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las vinculadas a la disciplina militar. Es cierto que a su vez, los distintos textos constitucionales de 1824 –artículo 110 fracción X– de 1857 –artículo 85 fracción VI– y de 1917 –artículo 89 fracción VI– han otorgado facultades al presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad exterior e interior del país, sin embargo, el ejercicio de esta facultad debe estar plenamente regulado de tal forma que su actuación en ambos casos, especialmente en el interior del territorio nacional se precise las circunstancias de manera extraordinaria, el tiempo, modo, lugar, y en apego irrestricto a los derechos humanos.
3.- Los cuerpos de seguridad que formaron la mayoría de los gobiernos que ha tenido el país en sus distintos ámbitos, en general han sido un fracaso, con casos tan extremos como el del jefe de la policía en la capital de la república designado por José López Portillo, Arturo El Negro Durazo, quien se construyó residencias de lujo, entre ellas un Partenón en Zihuatanejo. Con esos antecedentes fue nombrado General de División por el mismo López Portillo y luego fue declarado Doctor Honoris Causa por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Este fue el prototipo de policías que se fueron formando en todos los niveles de gobierno durante el periodo posrevolucionario que fueron heredando de gobierno en gobierno en todos sus niveles.
4.- Ante la ineficiencia de las policías regulares para combatir la delincuencia en todas sus modalidades y la ausencia de políticas públicas que combatieran a fondo la desigualdad social, la falta de oportunidades y la corrupción, el gobierno de Felipe Calderón sacó a las Fuerzas Armadas de sus cuarteles y declaró la guerra a la delincuencia organizada, lo cual ha sido replicado por Peña Nieto ocasionando altos costos en vidas humanas y un ambiente generalizado de inseguridad. La presencia en las calles del Ejército y la Marina no es excepcional, se ha vuelto permanente, supliendo con ello la función constitucional de las Procuradurías de Justica federal y locales y de las policías y en algunos casos ha dado lugar a violaciones graves a derechos humanos.
5.- A diez años de la actuación permanente de las Fuerzas Armadas en las calles del país, se busca legalizar el pasado y formalizar su actuación hacia adelante con una Ley de Seguridad Interior que institucionalice la militarización del país, que otorgue facultades a estas fuerzas para intervenir comunicaciones en condiciones de ambigüedad, aún cuando participen jueces de control. Faltan unos meses para que inicie formalmente el proceso electoral del 2018, respecto del cual cada vez más crece la efervescencia política, se le está yendo el tiempo a Peña Nieto e irá perdiendo poder cada día. Si en más de cuatro años de gobierno no ha podido resolver el grave problema de la inseguridad que sacude el país, muy poco podrá hacer ya en el tiempo que le queda. Lo que la sociedad reclama con justa razón es vivir en un ambiente de seguridad y de paz, pero la actuación del gobierno debe llevarse a cabo en un marco de vigencia del Estado de derecho constitucional y de respeto a los derechos humanos.

marcialrodriguez60
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