Cada 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación, una fecha impulsada por la UNESCO y la ONU para recordarnos algo esencial: la educación no es un privilegio reservado para quien puede pagarla, sino un derecho humano que debe ejercerse en condiciones de igualdad, como lo establece nuestra Carta Magna.
Pero hablar de educación, si somos honestas y honestos, implica ir más allá de aulas, libros y discursos bien intencionados. La educación no ocurre en el aire. En nuestro país, ocurre en contextos concretos, atravesados por desigualdades económicas, sociales y de género. Para que alguien pueda estudiar, necesita algo muy básico: condiciones materiales que lo hagan posible.
Por eso, cuando hablamos de educación, también hablamos de comida en la mesa, de transporte, de acceso a tecnología, de tiempo y de tranquilidad. Hablamos de la posibilidad real de elegir estudiar sin que esa decisión implique abandonar a la familia, endeudarse de por vida o asumir una carga que no debería recaer en una sola persona.
En ese contexto, las becas y apoyos sociales que otorga el gobierno federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum no son un regalo ni una concesión discrecional. Son políticas públicas en su sentido más profundo: decisiones que buscan equilibrar el punto de partida y garantizar que el derecho a la educación no dependa del ingreso familiar.
A pesar de que algunas personas piensan que estos apoyos son un uso ineficiente del recurso público, es preciso señalar que diversas teorías económicas y estudios en materia de política social han sostenido que garantizar un ingreso mínimo universal tiene un impacto directo en la reducción de desigualdades y en el ejercicio efectivo de los derechos sociales. Se ha documentado que contar con un piso básico de ingresos permite a las personas tomar decisiones menos condicionadas por la urgencia de la supervivencia inmediata, de manera que no sólo se contribuye a disminuir la pobreza, sino también a fortalecer la permanencia escolar, mejorar las condiciones de salud y ampliar las oportunidades reales de desarrollo.
Es por eso que programas como la Beca Rita Cetina, la Beca Benito Juárez y la beca jóvenes escribiendo el futuro dirigida a jóvenes universitarios, comparten una lógica común: reconocer que la desigualdad no se combate sólo con discursos, sino con recursos concretos y con presencia del Estado donde antes había abandono.
La beca Rita Cetina cons-tituye un apoyo que reconoce una realidad básica pero frecuen-temente ignorada: que los costos asociados a la educación comienzan desde los primeros años y se acumulan a lo largo de toda la educación básica. Este programa parte de la premisa de que garantizar la permanencia escolar no puede limitarse a un solo nivel educativo, sino que requiere acompañar a las familias desde etapas tempranas, redu-ciendo las barreras económicas que, de no atenderse, terminan reproduciendo ciclos de des-igualdad y exclusión. Más que un estímulo aislado, la beca se inscribe en una lógica de corresponsabilidad del Estado para hacer efectivo el derecho a la educación en condiciones reales de igualdad.
La beca Benito Juárez ha significado, para miles de estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel medio superior, la diferencia entre permanecer en la escuela o abandonarla para incorporarse tempranamente al mercado laboral. En un país donde la deserción escolar ha estado históricamente vinculada a la pobreza, este tipo de apoyos rompen con una narrativa profundamente injusta: la idea de que quien abandona la escuela lo hace por falta de esfuerzo, cuando la realidad demuestra que proporcionar oportunidades distintas, como un ingreso mínimo garantizado, estabilidad y tiempo para estudiar, cambia por completo el destino educativo de las y los jóvenes, permitiéndoles ejercer un derecho que no debería depender de la condición económica de sus familias.
Estas políticas públicas no solo impactan a quien recibe di-rectamente el apoyo. Transfor-man dinámicas familiares, comunitarias y sociales; rompen la transmisión intergeneracional de la desigualdad y redefinen el papel del Estado como garante activo de derechos. Bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, esta visión se traduce en una política social que no evade responsabilidades y que entiende que la igualdad requiere intervención pública sostenida.
Durante mucho tiempo en nuestro país se nos dijo que la educación era únicamente un asunto de mérito individual. Que quien “quería”, podía. Hoy sabemos que esa narrativa es incompleta y profundamente excluyente. El mérito sin condi-ciones apropiadas para estudiar es solo un espejismo.
Conmemorar el Día Inter-nacional de la Educación también exige mirar el tema con responsabilidad institucional. No basta con abrir escuelas o ampliar la cobertura si no se crean las condiciones que permitan ejercer plenamente ese derecho. La educación no se garantiza solo en el papel: se materializa cuando existen políticas que acompañan trayectorias educativas marcadas, muchas veces, por la desigualdad y la falta de recursos.
Invertir en educación y en becas es una forma concreta de asumir que la igualdad requiere acción pública sostenida, reglas claras y un compromiso real con quienes históricamente han estudiado en desventaja. Apostar por el conocimiento es apostar por un país más justo, donde los derechos no dependen del origen social, sino de una voluntad estatal que los haga exigibles en la vida cotidiana.
Vale la pena decirlo con claridad: cuando el Estado apuesta por la educación y el bienestar, está sembrando futuro. Bajo la conducción de nuestra querida Presidenta, que ha hecho de la política social una herramienta de justicia y no de simulación, esas decisiones adquieren sentido a largo plazo. Cuando las políticas públicas colocan a las personas en el centro y se sostienen con convicción, los frutos trascienden lo individual y se convierten en bienestar colectivo, cohesión social y un horizonte compartido de oportunidades.
Nos leemos el próximo martes.

@EsthelaDamian