La decisión del próximo gobierno de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, ha puesto sobre la mesa un tema clave para el desarrollo de los pueblos. Me refiero a la relación que se establece entre el poder político y el poder económico, entre el Estado y el mercado, entre el gobierno y la alta clase empresarial. Es un tema espinoso cuando estos poderes entran en conflicto, al que hay que buscarle salidas que beneficien al país.
El presidente electo ha hablado, desde su campaña electoral, de su empeño en separar dichos poderes con el fin de generar y promover un nuevo modelo de desarrollo distante del modelo neoliberal, que se ha impuesto por la fuerza en los últimos sexenios con resultados dañinos para el país. Hay que darnos cuenta de que el poder económico tiene una dimensión trasnacional, que no tiene fronteras y que cuenta con grandes ramificaciones de consorcios y empresas trasnacionales que han estado dictando las reglas a los mismos gobiernos nacionales. La lógica de la economía capitalista que prevalece en su versión neoliberal es avasalladora y parece que tiene un dinamismo para muchos años aún. Por ello, el empeño del nuevo gobierno en establecer una relación diferente con el poder económico no será tarea sencilla ni carente de conflictos.
El hecho es que en las últimas décadas el poder del capital se ha montado en la política a veces de manera discreta y a veces de manera muy patente. El capital ha impuesto sus reglas a la política y a la sociedad misma y como consecuencia tenemos la situación actual caracterizada por la desigualdad, la pobreza extrema, la violencia y la inseguridad. Cuando el poder económico como poder fáctico se ha impuesto por las buenas o por las malas ha influido en la política de manera decisiva. Entiendo que López Obrador pretende distanciarse y deslindarse de quienes han sido beneficiados por el modelo económico vigente con el fin de que la política cumpla su tarea a favor del país.
Pero este esfuerzo requiere de mucha cautela debido al poder arrollador que tiene el capital en México y en el mundo. Por lo mismo, requiere discernir entre lo deseable y lo posible. Es evidente que lo deseable sería la construcción de una economía sustentada en valores éticos tales como la solidaridad, bien común, el destino universal de los bienes y el cuidado del medio ambiente; una economía con rostro humano e incluyente, que abra oportunidades de bienestar para todos. ¿Qué tanto es viable este deseo? La verdad, creo que a corto plazo no puede esperarse tanto. La fuerza del capitalismo con todas sus contradicciones es contundente y ha tenido capacidad para superar las crisis que ha generado.
Pero hay que pensar en lo posible. Este gobierno que está por entrar, ¿qué tanto puede avanzar en el camino hacia la construcción de esa economía incluyente e igualitaria? ¿Cuáles pueden ser las modificaciones necesarias viables para disminuir las desigualdades y todos los demás problemas que son creados por una economía de mercado sin frenos ni acotamientos. La violencia y la inseguridad que sufrimos en el país, tienen como uno de sus grandes factores esta economía abusiva que requiere sacrificar a los pueblos y al medio ambiente. En fin, ¿cuál es la relación que debe establecerse entre poder político y poder económico? El mercado y el Estado tienen responsabilidades diferentes y tienen que encontrar la forma de abonar a la construcción de una sociedad más justa y pacífica. México tendría que encontrar su propia fórmula, muy distante del colectivismo como del liberalismo económico. El colectivismo, de raíces marxistas ha propugnado por la justicia sacrificando la libertad mientras que el liberalismo capitalista ha empujado la libre iniciativa económica en aras de la justicia. ¿Cómo salvaguardar, al mismo tiempo, la libertad y la justicia? Ese ha sido el gran dilema económico y social a la hora de diseñar los modelos económicos.
A mi juicio, la definición de la relación entre poder político y poder económico tiene que contar con un referente externo a ellos: la sociedad. Tanto la política como la economía deben estar al servicio de la sociedad enfocándose, de manera particular, a beneficiar a los sectores más vulnerables. Ni la política ni la economía son un fin en sí mismas, pues son herramientas dispuestas para el bien de la nación. En este juego de relaciones debe haber, necesariamente, una regulación ética. Una economía sin ética se vuelve perversa y una política sin ética se enloquece.
Una primera tarea del Estado es la de crear condiciones que permitan oportunidades de trabajo y de iniciativa económica, mediante legislaciones que aseguren el bien de todos, sobre todo de las partes más vulnerables de la sociedad. Tiene que elaborar un marco jurídico que propicie relaciones económicas equitativas. Además, tiene que dirigir las políticas económicas y sociales que aseguren la distribución equitativa de los bienes y servicios esenciales para el desarrollo de los ciudadanos. El Estado tiene que definir y orientar la dirección del desarrollo económico, mediante reglas justas y transparentes. En fin, la intervención pública deberá atenerse a criterios de equidad, racionalidad y eficiencia, sin sustituir la acción de los particulares, contrariando su derecho a la libertad de iniciativa económica.
La idea de que el mercado por sí mismo puede resolver mágicamente los problemas el país mediante el crecimiento económico ha resultado dañina, pues necesita una regulación de parte del Estado para que al crecimiento siga la distribución de los beneficios. El mercado por sí mismo es arbitrario y requiere ser regulado para que tenga un enfoque social. México necesita un cambio de modelo de desarrollo en el cual el dinero esté al servicio de la nación a través de la iniciativa económica y de la distribución de los bienes y servicios.
Mediante un diálogo responsable, empresarios y gobierno tienen que pensar ambos en el bien del país. Los empresarios tienen que largar su desaforado espíritu de lucro mientras que los políticos no debieran obsesionarse en conservar o acrecentar su poder. Los empresarios tienen mucho que aportar al país, siempre que no intenten adueñarse de las decisiones políticas como lo han hecho en muchos años. Y el gobierno tiene que cultivar la credibilidad social mediante el combate a la corrupción y la moderación racional de la economía. Un mutuo respeto al papel del mercado y del Estado nos conviene a todos y que ninguna de estas partes apueste por la desestabilización nacional, hoy que tanto necesitamos paz y reconciliación.
En principio, es muy sano separar el poder político del económico y, además, regularlo para que tenga un enfoque social y solidario. Es lo que ha faltado en México.