¿Ser o no ser? era cuestión vital para el príncipe Hamlet al enfrentarse a qué hacer frente a su tragedia, pero justamente para el recién ungido candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña (JAMK), ser o no ser priista no es realmente un dilema ni menos un problema moral, sino todo lo contrario, ¡es una gran ventaja! por lo menos hasta ahora. Esa falta de identidad formal con el partido que con gran entusiasmo lo acaba de postular, es un valor que no deja de ser paradójico y que, si se reflexiona un poco sobre el asunto, resulta que revela mucho, no tanto sobre JAMK, sino sobre el PRI, la actual coyuntura electoral y sobre la naturaleza misma de nuestro sistema político.
El PRI es el partido en el poder y el más viejo de México, nació por accidente en 1929 –el asesinato el año anterior del presidente electo y último gran caudillo revolucionario, Álvaro Obregón, obligó a Plutarco Elías Calles a crearlo a toda prisa para mantener la unidad del grupo dominante– pero pronto se hizo parte indispensable para que la fuerza presidencial se pudiera ejercer a plenitud y sin oposición electoral. Se supone que hoy los militantes de ese partido son 5 millones 44 mil 528 (últimas cifras del INE), es decir un número que casi equivale al de la suma de los integrantes de todos los otros nueve partidos con registro, que llega a los 5 millones 700 mil 84 miembros. Entonces, la pregunta inevitable: dentro de esa masa millonaria de militantes, ¿no había ningún priísta de pura cepa, con preparación profesional y hoja de servicios intachable, que pudiera ser candidato en 2018? Pues aparentemente es que no, o al menos no entre el círculo de confianza que rodea a quien designó al candidato: el presidente saliente.
Para la élite priista no debió resultar natural dar su apoyo a quien formalmente no es priista, aunque en la práctica haya servido tan bien al priismo como antes al panismo. Como sea, ¿por qué no se designó, por ejemplo, a Miguel Ángel Osorio Chong? El secretario de Gobernación es probadamente gente del PRI que hizo todo el cursus honorum, peldaño a peldaño de ese instituto en Hidalgo, un estado de la república donde nunca ha perdido. Osorio se inició en 1991 como secretario de prensa de un candidato priista a alcalde, después fue, entre otras cosas, secretario de Gobierno, diputado federal, gobernador, delegado del CEN del PRI en el Estado de México, apoyó la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto (EPN) y, finalmente, hoy es el secretario de Gobernación. Sin embargo, en vísperas del “destape” se revivió uno de sus talones de Aquiles: su relación con contratistas de Hidalgo que reproduce, a otra escala, la relación de EPN con sus contratistas del Estado de México, (Proceso, 11/04/17; Reforma, 19/11/17). Además, el combate a la inseguridad y la violencia, que en buena medida es responsabilidad de la Segob, no ha dado ningún resultado del que el titular pueda enorgullecerse. Y es aquí donde está el meollo de un problema, no sólo para Osorio, sino para el PRI en general y sus militantes “distinguidos”: la corrupción generalizada y el evidente fracaso en dar seguridad a la población.
Desde hace tiempo, los sondeos vienen diciendo que el partido más rechazado por los votantes es el PRI: según encuesta reciente de Buendía & Laredo, el 65% de entrevistados declaró que nunca votaría por ese partido. Para el 52%, el peor escenario para 2018 sería un triunfo del PRI (Encuesta Nacional Trimestral, 11/17).
Una de las razones del rechazo al partido en el gobierno es la percepción de su corrupción e impunidad durante el sexenio que está por concluir. Por ejemplo, en el Veracruz gobernado por el “nuevo PRI” de Javier Duarte, según lo calificara alguna vez EPN, la violencia del crimen organizado se enseñoreó, a la vez que el gobierno “desvió” más de 60 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación, que denunció tamaña irregularidad “sin que pasara nada” (animalpolitico.com/-2017/04/duarte-desvío-auditoria/).
Por casos como el anterior y muchos más, resulta que la gran ventaja para el PRI de tener un candidato no priista, como JAMK, es, en primer lugar, que no se le identifica con los actos de corrupción en beneficio personal y directo que abundan en ese partido –no hay “casas blancas” en su pasado– y, finalmente, que no ha tenido responsabilidad directa en la fracasada política de seguridad y los más de cien mil asesinados en este sexenio.
Desde otra perspectiva, JAMK carga con haber servido como “técnico” en puestos de gabinete en sexenios panista y priista que desperdiciaron la oportunidad histórica de llevar a buen puerto la transición democrática, que reafirmaron al vocablo “política” como uno obsceno, que reforzaron en vez de desmontar la naturaleza oligárquica de las estructuras sociales mexicanas. Todo eso hace del candidato presidencial priista un cómplice de quienes han llevado a México por un camino que, según opinión generalizada –de nuevo, las encuestas– no es aceptable para el 85% de los mexicanos (OCDE, Mexican views of the U.S. turn sharply negative, 2017).
La designación de JAMK es el segundo gran paso del gobierno de EPN en la lucha por su continuidad, el primero fueron las elecciones nada transparentes del Estado de México y Coahuila. No tarda el tercero.

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