Silvestre Pacheco León
Diciembre 21, 2020
Como en todas las cosechas, la del maíz genera un ambiente de alegría para los campesinos, sobre todo después de un buen temporal, y ahora con mayor razón porque están viviendo la experiencia de recibir directamente el subsidio que antes quedaba en la maraña burocrática de las dependencias y las organizaciones cupulares.
Sin embargo no todo está resuelto en el propósito de construir un futuro de bienestar para quienes nos aseguran el alimento que llega a nuestras mesas.
Después de que por la presión campesina la segunda dotación de fertilizante correspondiente al presente año se radicó oportunamente en cada una de las regiones del estado, ahora los campesinos se enfrentan al problema de la comercialización de la cosecha debido a que la mayoría carece de los medios necesarios para almacenar adecuadamente el grano y corre el riesgo de sufrir pérdidas por la plaga del gorgojo que suele atacarlo.
Lo anterior parece un contrasentido ahora que en Guerrero tenemos un rendimiento histórico de la cosecha como resultado de una fertilización oportuna y un buen temporal.
Los productores que esperaban comercializar su maíz en el presente mes están deteniendo la cosecha porque ven con preocupación que la empresa del gobierno federal (Seguridad Alimentaria Mexicana) comprometida con su compra, aún no está operando a pesar que se comprometió en acopiar el grano desde el pasado mes de noviembre.
Así, cada día que pase sin la solución las ganancias de los campesinos serán para los acaparadores del grano que son los que se aprovechan de las calamidades que sufren los productores. La fortaleza económica de aquellos crece en proporción con la pobreza de estos, por eso su dependencia de los prestamistas y usureros es histórica.
Como se sabe, el maíz tiene un precio de garantía que el gobierno federal ha establecido en 5 mil 600 pesos la tonelada, pero como es apenas una promesa que no se ve materializada, el mercado manda que se venda entre 3 mil 800 y 4 mil pesos por tonelada. Estamos hablando de un mil 700 pesos que el productor pierde en cada tonelada si la necesidad le obliga a vender ahora. Pero si nos referimos a la producción estatal que se calcula en un millón de toneladas para su venta, estamos hablando de mil 700 millones de pesos que pueden pasar a la bolsa de los acaparadores.
Un millón de toneladas de maíz vendido al precio de garantía de 5 mil 600 pesos representa 5 mil 600 millones de pesos, poco más de cinco veces los invertido por el gobierno federal en semillas y fertilizantes. Esa es la bondad que tiene una política orientada a beneficiar al campesino porque significa dar ocupación productiva a medio millón de familias que se emplean durante seis meses con una inversión mínima frente a los millones de pesos requeridos en el sector turismo por cada nueva plaza.
Por eso es tan importante en economía actuar con el sentido de oportunidad, que el productor no se vea obligado a gastar lo que le queda de ganancia. Si los calores son en mayo, para qué te quiero sombrero. Eso dirían los campesinos de mi tierra como exigencia de que Segalmex funcione con el sentido de la oportunidad y comience con el acopio.
Los productores de la zona norte y Tierra Caliente que es donde se concentra la mayor parte de la producción de maíz en el estado han propuesto ya que ante la falta de presupuesto para la compra que pretexta el personal de Segalmex, la empresa pueda recibir el grano en sus bodegas sin más dilación, aunque su pago se efectúe en enero del próximo año, lo cual expresa su intención de facilitar y resolver el problema que están viviendo.
Sin embargo, de acuerdo con lo que afirman los líderes de la organización campesina Fuerza Guerrerense, tampoco Segalmex asegura que comprará toda la producción que los campesinos pretenden comercializar.
El propósito de voltear la mirada al campo buscando alternativas para el bienestar de las familias nos obliga a dar seguimiento a los programas que se aplican para confirmar su efectividad porque de ello depende que avance el propósito de alcanzar la soberanía alimentaria que nos permitirá liberarnos del control que ahora ejercen las empresas trasnacionales de lo que comemos.
La recuperación del campo implica el diseño de una política como la que se ha implementado para el rescate del petróleo. Se tiene que acabar con el huachicoleo en el campo para no seguir dependiendo del exterior para comer pudiendo producir nuestra propia comida como lo hicimos por largos años.
Insisto en citar a Julio Bolvinick y su economía moral porque plantea para el campo un modelo nuevo de desarrollo partiendo del principio de que un pueblo que no tiene resuelto su problema alimentario es un pueblo sometido o “perdido” diría yo pensando en nuestros paisanos de la sierra quienes abandonados desde siempre a su suerte optaron por la ilegal siembra de estupefacientes que ahora los obliga a enfrentarse con la fuerza militar demandando que nos les destruyan sus plantíos casi en el tiempo de su cosecha.
Ellos argumentan que los beneficios de los programas federales no llegan a sus comunidades y tal vez tengan razón, por eso se debe demandar su ampliación, de manera que quienes delinquen por necesidad tengan la oportunidad de otras opciones como es la siembra de los cultivos de temporal con el beneficio de los subsidios y la garantía de su comercialización.
La política de subsidiar a los campesinos mediante la entrega de fertilizante gratuito sin intermediarios, está cambiando la realidad en el campo porque está dejando de lado el poder caciquil que le daba el control de los mecanismos económicos que se complementaban con el político a través de las centrales de la CNC y CCI.
Pero la tragedia en la nueva realidad es que ha habido una ruptura en el saber rural. Los viejos campesinos que sabían la clase de maíz que se debía sembrar porque se adaptaba mejor al suelo, hace años que dejaron el campo. Los nuevos ya no saben cómo hacer la selección de semilla y tampoco identificar y combatir las plagas de sus cultivos.
Para la construcción del futuro en el campo se necesita reanudar los saberes perdidos aprendiendo a discriminar entre los adelantos científicos y tecnológicos aquellos que son perjudiciales para su entorno y dominando los mecanismos del mercado para que las familias puedan ver como opción la oportunidad de cultivar la tierra con acceso al subsidio que el neoliberalismo canceló.
Por eso no se debe caer en el falso beneficio de las semillas transgénicas y preservar las nuestras que ahora tienen la ventaja de que su valor se aprecia en el mercado.
De ahí los beneficios de que se difundan las experiencias que están desarrollando los campesinos de Chilapa con la producción de maíz orgánico fertilizado con sus productos de composteo y la multiplicación de las ferias para el intercambio de semillas.