Lorenzo Meyer
Abril 12, 2021
AGENDA CIUDADANA
La batalla entre el interés nacional y el de ciertos particulares por los beneficios de los recursos naturales es histórica y pareciera interminable. Con la 4T quizá estamos en los prolegómenos de nuevos conflictos que involucren a mineras, generadores de energía eléctrica, contratistas, importadores de gasolina, “huachicoleros” y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
A veces pareciera que el poeta zacatecano acertó más de lo que supuso al considerar, en “Suave Patria” (1920), que los veneros de petróleo los había escriturado el diablo.
El petróleo es el caso paradigmático del choque de intereses. Hace más de un siglo que se inició esa industria y no es evidente que los hidrocarburos –recurso estratégico no renovable– hayan sido un factor claramente positivo para México como conjunto. ¿Qué dejó a la comunidad nacional la explotación salvaje del súper yacimiento de Cantarell?
Hasta 1938 la industria petrolera –no intensiva en mano de obra– fue un enclave económico que si bien hubo de pagar impuestos (en el origen estaba exenta) sirvió más para incrementar las fortunas de Weetman Pearson (inglés), Edward L. Doheny (norteamericano) o de los accionistas de Shell-Mex que de México como nación.
En 1938 cambió la situación, pero no tanto como debiera. La refinación y la petroquímica agregaron valor a un petróleo que ya se destinó al mercado interno, pero poco a poco lo más rentable fue traspasado a manos privadas. La corrupción abierta y en gran escala pronto se hizo compañera inseparable de Pemex. Son emblemáticos, no únicos, los casos del ingeniero Jaime Jerónimo Merino, superintendente y cacique de Poza Rica en los 1950 o del ingeniero Jorge Díaz Serrano, primero contratista de Pemex luego su director que fue acusado de adquirir buques petroleros con sobreprecio por 34 millones de dólares. Bajo la dirección del doctor Rogelio Montemayor se fraguó en 2000 el “Pemexgate”. El ingeniero Raúl Muñoz Leos fue nombrado director de Pemex como culminación de su carrera en DuPont y terminó multado por 862 millones de pesos en 2004 por daños a la empresa (multa revocada en 2007), y Emilio Lozoya, economista, está hoy acusado de una multitud de cargos.
Codo con codo con directores de Pemex bajo sospecha hay una lista mayor de funcionarios menores que los acompañaron en sus esquemas de corrupción y, desde luego, están los líderes seccionales y nacionales del sindicato (SNTPRM), mucho más obvios en su rapacidad, de Joaquín Hernández Galicia, La Quina a Carlos Romero Deschamps. Encima, se desarrolló la “industria” del robo de combustible en gran escala, el contrabando de gasolinas, compras innecesarias y a precios inflados y la modificación constitucional que amplió la presencia extranjera en los campos petroleros. Finalmente, está la extracción de impuestos de Hacienda a Pemex para evitar la indispensable reforma fiscal de fondo y, a la vez, calificar a la empresa estatal de ineficiente y legitimar su paulatino desmantelamiento. Ni al Egipto de los faraones le cayeron tantas plagas como a Pemex (Ana Lilia Pérez, Camisas azules manos negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos [2010], El cartel negro [2011], Pemex RIP [2017]).
Finalmente, el factor externo. Los tratados bilaterales de inversiones firmados por los gobiernos neoliberales de México aunados a cláusulas del TLCAN insertadas en el T-MEC, son un gran obstáculo para revertir las privatizaciones petroleras, devolver a PEMEX su preeminencia y renegociar contratos abusivos en materia eléctrica y minera. Ya hoy México enfrenta demandas de empresas extranjeras por 8 mil millones de dólares (Manuel Pérez-Rocha Loyo, La Jornada 1/4/21).
Recuperar, de nuevo, lo escriturado por el diablo y anular la escritura va a requerir un gran esfuerzo de la nación en su conjunto.