La acción directa es una estrategia de lucha que asume la desobediencia civil ante una injusticia de Estado. Esta forma de protesta generalmente busca hacer visible o cimbrar las grietas de un sistema en crisis. El grado de democratización de un gobierno, por lo tanto, puede medirse por su disposición al diálogo ante este tipo de protestas. Este debate subió de temperatura en 2014, cuando los gobiernos capitalino y federal recrudecieron la represión ante la ola de protestas populares en todo el país por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero hoy, en las entidades gobernadas por la autoproclamada transformación, parece haber resurgido la polémica ante la falta de avances en la investigación del caso y las protestas por la agenda Ayotzinapa.
Con los años, ha ido quedando claro que los gobiernos encabezados por el partido Morena pueden presumir de todo, menos de apertura y carácter democrático ante la protesta y la desobediencia civil. Al contrario. Han demostrado, a la menor provocación, su genético talante autoritario heredado del régimen de partido de Estado que los vio nacer. Quizá los episodios de represión más abusivos y emblemáticos en lo que va de la Cuarta Transformación hayan sido el ordenado en Chiapas por el gobernador Rutilio Escandón contra normalistas de Mactumactzá, que dejó un saldo de 95 estudiantes detenidos, y los del supuesto cuerpo desaparecido de granaderos de la Cdmx de Claudia Sheinbaum. Por no hablar de los sistemáticos ataques de los agentes de Migración y la Guardia Nacional contra las caravanas de personas en tránsito en el sur del país.
El examen del grado de democratización del gobierno y sus instituciones en este rubro es desastroso. No sólo por la opción automática al uso de la fuerza pública, sino por su incapacidad y disposición al diálogo y la negociación. Tal como ocurrió con el uso de los cuerpos represivos de la gobernadora Evelyn Salgado y del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los estudiantes de Ayotzinapa y familiares de los 43 en recientes fechas.
Es sabido que al obedecer a las instituciones como ciudadanos pasivos y sin un ejercicio crítico, estamos en peligro de que incluso el hombre o la mujer más justos corran el riesgo de convertirse en agentes de la injusticia. El contexto en el que ocurre este nuevo momento álgido de protestas por Ayotzinapa no es en absoluto casual.
“Tengan confianza, no le debo nada a ningún grupo de interés creado”, fue la promesa que hizo AMLO el 3 de diciembre de 2018 a las familias de los 43 normalistas desaparecidos en la firma del decreto presidencial que creaba una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Sin embargo, él mismo ha demostrado en los hechos no estar dispuesto a ir a fondo para obtener la verdad en las entrañas de la institución de Estado hacia la que conducen las líneas de investigación, y que ha estado siempre entre las demandas de madres y padres de Ayotzinapa: el Ejército Mexicano. “Le fabricaron cargos en EU”, aseguró AMLO el 15 de enero del 2021 tras respaldar abiertamente la exoneración de quien era titular de la Defensa Nacional en 2014, Salvador Cienfuegos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) dijera que “no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadunidense encargada del combate a las drogas, la DEA”.
Un nuevo desliz cometido por el representante del Ejecutivo federal ocurrió este lunes 7 de febrero. Volvió a violar lo firmado por él mismo en el decreto presidencial para el acceso a la verdad en el caso Ayotzinapa cuando, al más puro estilo de comunicación del gobierno de Enrique Peña Nieto, acusó sin ninguna prueba mínima en su conferencia matutina a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de estar “infiltrada por la delincuencia organizada”.
Esto no es menor. Resulta un asunto sumamente delicado. AMLO, desde su embriaguez bravucona de poder, olvida que las palabras tienen peso. Pueden dilapidar o costar vidas. Cae en la misma estrategia abusiva desde el gobierno para el desgaste y la estigmatización a la que el propio Peña Nieto sometió a estudiantes y familiares de los normalistas durante su sexenio para desprestigiar al movimiento ante la opinión pública.
Y más aún, ya durante las fechas de la firma del citado decreto presidencial, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas se había comprometido a romper con esas prácticas excesivas desde el púlpito presidencial que revictimizan a familiares y normalistas. Este compromiso obliga al gobierno federal a informar primeramente a abogados y familiares de Ayotzinapa de cualquier dato y hallazgo nuevo en el caso, no filtrarlo a la prensa ni anunciarlo de forma ventajosa para su conveniencia, como fue la marca de la casa con Peña Nieto. ¿Será que, como tanto le gusta bravuconear, AMLO “tiene otros datos”? Que los ponga sobre la mesa o que se calle la boca.
López Obrador repite la dosis de Peña Nieto para Ayotzinapa al tratar de criminalizar al movimiento. Y además, conociendo hoy todo lo que se sabe ahora sobre el caso casi ocho años después, se diría que actúa con dolo. Sin un ápice de humanidad. O, como comentó alguna vez para esta columna uno de los padres de Ayotzinapa al caracterizar las indolentes y estériles reuniones con Peña Nieto: “Ese hombre no tiene corazón”.