Como parte de los anuncios de su sexto y último informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto abordó el tema de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Lo hizo, por decir lo menos, de una forma desastrosa. En un anuncio de dos minutos, con mirada de frente a la cámara, copete engominado y ataviado de un traje azul oscuro, Peña se acorazó con la versión oficial impulsada por el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam. La calificó de una investigación “profunda y amplia” que tiene “evidencias claras y contundentes”. Con base en este criterio se lanzó al vacío y dijo que los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 fueron incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el Estado de Guerrero: “yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó”.
Después de escucharlo y verlo me vino a la cabeza esa idea colectiva de que Peña Nieto no acostumbra leer documentos amplios. No pudo haber leído esa investigación como sí lo hicimos varios reporteros tras una desclasificación del expediente originada por una solicitud de transparencia encabezada por la periodista Zorayda Gallegos, que más tarde fue respaldada por el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
Si Peña Nieto hubiera leído la investigación de los 43, ahora tendría claro que el Equipo Argentino de Antropología Forense detectó que entre el 6 y el 15 de noviembre de 2014 las autoridades dejaron sin custodia el basurero de Cocula, el lugar donde afirma el gobierno que fueron incinerados los estudiantes, y durante ese lapso 41 casquillos percutidos fueron colocados juntos y debajo de una piedra por alguna persona que no fue identificada, es decir, alguien los “sembró” para impulsar la “verdad histórica”.
Si Peña Nieto hubiera leído la investigación de los 43, ahora supiera que el Ejército tiene mucho que decir. Los militares monitorearon por cerca de 15 horas a los normalistas: desde las 19:40 horas del 26 de septiembre hasta 10:25 horas del 27 de septiembre. Ellos estuvieron al tanto de las agresiones sufridas por los estudiantes a manos de los policías locales. Registraron todos sus pasos, los siguieron, les tomaron fotografías que más tarde borraron… ¿y no intervinieron? Si es así su omisión es, por lo menos, irresponsable. Este es un punto que se debe de tocar, por más complejo que pueda ser. Es necesario llegar hasta las últimas consecuencias.
Si Peña Nieto hubiera leído la investigación de los 43, ahora estaría consciente que una indagatoria donde los detenidos fueron torturados para que contaran la “verdad histórica” no puede tener validez. En marzo de este año la ONU dio a conocer que, con base en el propio expediente de la investigación, elementos federales torturaron a 34 detenidos por medio de golpes, asfixia con bolsas de plástico, entre otras formas de flagelación. A esto se suma la descalificación de la investigación realizada por diversas instancias ajenas a la PGR.
En junio pasado un tribunal federal con sede en Tamaulipas ordenó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala, tras resolver que hay indicios de que los principales acusados fueron torturados.
Además la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acaba de confirmar que la PGR mantiene en prisión a una persona equivocada, y no quiere aceptar su error: “la CNDH demostró que no es ‘La Rana’ o ‘El Güereque’ a quien los autores materiales de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa señalaron como su cómplice, pese a ello, desde hace 171 días, Erick Uriel Sandoval Rodríguez permanece en prisión por una equivocada acusación de la PGR”, reclamó la institución en un comunicado.
Lo menos que debía hacer el aún presidente de México es aceptar que la investigación fue un desastre, y entender que ésta necesita ser revisada por el nuevo gobierno para que se realice una nueva investigación que aclare lo que realmente sucedió. Pero no: Peña Nieto prefirió sumergirse en la negación innecesaria y defender lo indefendible.
No sabemos con certeza qué sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa, de lo que sí estamos seguros es que esa investigación no tiene veracidad ni profesionalismo: es “la mentira histórica”.