¿Qué se puede hacer con instituciones disfuncionales para construir la paz en el país? ¿Qué puede hacer el sistema de justicia para construir la paz si mantiene una impunidad de más del 90 por ciento? ¿Qué pueden hacer los sistemas de salud y de educación para construir la paz con deficiencias mayores en cuanto a infraestructura, presupuesto, administración y operación, que no les permiten responder a los derechos de la población? ¿Qué se puede esperar de las legislaturas, la federal y las estatales, secuestradas por los partidos políticos, que no responden a las grandes demandas de la población? ¿Qué pueden hacer los gobiernos municipales, tan vulnerables y a veces cooptados o sometidos a la delincuencia organizada, para cumplir sus obligaciones en los municipios? ¿Cuáles han sido las omisiones de los gobiernos relacionadas con el campo, tan abandonado y, en muchas regiones, controlado por la delincuencia organizada?
Tenemos un denominador común: la mayoría de las instituciones del Estado no están funcionando para el bien público. Funcionan muy bien para beneficiar a la clase política y al capital nacional y trasnacional. Con esa dinámica, se violan los derechos humanos de los mexicanos y se establecen las condiciones para la inconformidad, el enojo y el rechazo social. En lugar de que dichas instituciones sean factores de paz y de convivencia social, suelen ser factores de violencias y de injusticias.
La corrupción ha sido uno de los componentes de esta situación. Se trata de una corrupción sistémica, que está arraigada en las instituciones como parte de sus reglas de operación. El sistema político se ha encargado de hacerla viral, de arriba a abajo, desde la Presidencia de la República hasta las policías municipales. La corrupción es como un resumidero por el que se fugan muchos recursos dispuestos para el bienestar de la gente, desde los recursos humanos, institucionales y legales, hasta los recursos económicos y políticos.
Hace unos días el alcalde porteño, Evodio Velázquez, solicitaba recursos para Acapulco como los que se dieron para el rescate de Ciudad Juárez hace unos años. Lo que puedo decir es que todos los recursos que se apliquen pueden resultar ineficaces debido a la inoperancia institucional. Un ejemplo de esto es la así llamada Cruzada contra el Hambre, que con todos los recursos que ha manejado ha dado resultados tan raquíticos y hasta tan contraproducentes.
Una cuestión de fondo de esta disfuncionalidad de las instituciones está en el bajo nivel democrático del país. Vivimos en una simulación democrática que sólo es un maquillaje. El sistema político mexicano se ha resistido al avance democrático y ha cooptado a las instituciones que han sido clave para el desarrollo de una democracia verdaderamente participativa. En este sentido, se requiere una transformación del sistema político y el correspondiente avance democrático. Hay que decirlo con toda claridad: sin democracia no hay paz; sin la participación real de los ciudadanos y sin instituciones públicas democráticas solamente se hace ruido político pero nada funciona para el bien común y para la restauración social.
Hay que abandonar el terreno de la simulación. Este imperativo vale tanto para la sociedad como para los poderes públicos, tanto para los ciudadanos como para las autoridades. Los ciudadanos tenemos que dejar de simular que participamos y las autoridades tienen que dejar de simular que gobiernan. Quienes gobiernan, en la práctica, son los así llamados poderes fácticos, que en muchos lugares corresponden a la delincuencia organizada. Este juego de simulaciones entre ciudadanos y políticos que incide en la simulación democrática, es uno de los grandes obstáculos para la paz, entendida ésta como el conjunto de condiciones necesarias que todos los ciudadanos tengamos oportunidades de desarrollo integral.
Con una democracia endeble como la que tenemos no puede haber paz posible. La paz es posible en la medida en que los ciudadanos y sus organizaciones pueden expresarse, ser escuchados e influir en la vida pública con su participación. Esto se puede generar mediante el paulatino fortalecimiento de la sociedad civil con la capacidad de hacer los necesarios contrapesos a las instituciones públicas. Es necesario reconocer que hay una correlación entre democracia y paz y que si queremos ir al fondo de las cosas, tenemos que explorar el vastísimo campo del fortalecimiento de la sociedad civil y de la reforma de las instituciones públicas para que estén en condiciones de responder a las necesidades de la población.
Y, ¿a quién le toca afrontar este mundo de simulaciones que tanto daño está haciendo al país y que constituye un factor importante de la violencia que padece el país? ¿Quién más, si no los ciudadanos? Claro. No lo van a hacer los partidos políticos ni quienes están en las esferas altas del poder ni quienes han estado lucrando con las simulaciones y con la violencia que se ha desarrollado en todas partes. Mientras los ciudadanos no rompamos el círculo perverso que hay entre la apatía social y la simulación política, nada va a cambiar. Doble tarea tenemos: fortalecer la sociedad civil y trasformar las instituciones públicas que no están funcionando a favor de la paz. Hay que abatir la descomposición social fortaleciendo la sociedad civil y hay que ponerle un freno y ponerle un control a la corrupción pública. Así, de esa medida es el desafío que tenemos para construir la paz en México. Con esta simulación de democracia sólo tendremos simulaciones en torno a la seguridad y a la violencia. Sin democracia no hay paz.