Uno de los fenómenos social, musical y cultural más exitoso y menos difundido en América Latina es el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, fundado y auspiciado por un economista que obtuvo el premio Príncipe de Asturias (entre otros), fallecido el fin de semana anterior, José Antonio Abreu. Gracias a un programa social basado en la difusión y ejecución de música clásica en las comunidades más pobres de Venezuela, en 43 años se han formado 125 orquestas y coros en las que participan más de 250 mil músicos, muchos de ellos con calidad internacional. El mejor ejemplo de este fenómeno social es Gustavo Dudamel, director titular de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, uno de los directores mejor cotizados en el mundo actual. El director de la Filarmónica de Berlín, Simon Rattle, declaró respecto al fenómeno musical venezolano: “El futuro de la música clásica está en Venezuela”. Claro de esto poco se habla, porque se trata de desacreditar a Venezuela a como dé lugar.  Abreu desarrolló un fenómeno social y cultural basado en la enseñanza de la música clásica y la formación de grupos musicales y coros principalmente en las comunidades marginadas y pobres. “El maestro José Antonio Abreu, como nadie en nuestros tiempos, nos enseñó que el arte es un derecho universal y que la inspiración y la belleza transforman irreversiblemente el alma de un niño, convirtiéndolo en un ser humano más pleno, más sano, más completo, más feliz y, por ende, en un mejor ciudadano”, escribió Gustavo Dudamel, por el fallecimiento del maestro Abreu. El trabajo iniciado por Abreu en la formación de coros y orquestas en Venezuela colocó a ese país en el mundo de la música clásica internacional. Varios de sus mejores alumnos participan hoy en las grandes orquestas de fama mundial. Lo más importante, sin embargo, es el efecto y el cambio de vida que produjo no sólo en los habitantes más pobres de Venezuela, sino en las familias que se beneficiaron de un programa aparentemente superfluo o inocuo, como puede catalogarse a la enseñanza de la música.  Sería, sin duda, el mejor antídoto contra la violencia en México. En Guerrero, un programa de formación de músicos con el espíritu de Venezuela, sin duda produciría un fenómeno social y cultural de repercusiones inimaginables, pero sus gobernantes solo ven  lo que quieren ver, para convencerse de que todo va mejor de lo que los críticos señalan. Inicia la Semana Santa y con ella la venda de que no pasa nada por el auge turístico, vuelve a cubrir la mirada de quienes administran Guerrero.  Corren los días de la Semana Santa, que en años recientes eran como un oasis en medio de las rachas de violencia e inseguridad que dominan al estado y han vuelto la vida cotidiana de la gente en un ejercicio constante de sobrevivencia. El oasis ya no lo es tanto, pese al patrullaje y la concentración de fuerzas policiacas estatales y federales, y de las tropas del Ejército. Es que su actuación ya ni siquiera asusta ni disuade a los malosos para perpetrar sus fechorías, y quienes sí entran en pánico son los empresarios, que prefieren cerrar sus negocios y no exponerse ellos ni sus capitales, aunque lo plantean por el lado de no poner en riesgo a sus trabajadores, lo cual también es válido pero no es la solución al problema. Así, finalmente la empresa Coca Cola optó por cerrar su bodega de distribución en Ciudad Altamirano, luego después de que fue atacada en dos ocasiones durante la semana pasada por delincuentes armados. Y no obstante que sobre todo en la segunda vez la presencia de la Gendarmería impidió que los criminales invadieran y destruyeran o quemaran las instalaciones. Dice la información no confirmada que los embotelladores se habían negado a pagar el “derecho de piso” exigido por los criminales, de varios millones de pesos. No se trata de un hecho aislado. Hace casi tres años esa misma empresa había cerrado la operación de sus plantas y bodegas, primero en Arcelia también por el chantaje y las agresiones del crimen organizado, y meses más tarde en Iguala. No nada más las embotelladoras de refrescos, sufren. También en Ciudad Altamirano han cerrado distribuidoras de automóviles, igualmente afectadas por la criminalidad. Incluso en Chilpancingo, la empresa de bebidas a la que nos hemos referido cerró por más de un mes, cuando en 2015 el movimiento normalista en protesta por la desaparición de estudiantes en Iguala derivó en secuestro de camiones repartidores y de sus operadores en calidad de rehenes, a quienes luego canjearon por sus compañeros detenidos en los desmanes realizados. Ahora la movilización de normalistas y maestros ha venido a menos, pero lo que ha ido a más es la presencia y la audacia de los criminales, a quienes como decíamos ya ni siquiera inhibe el desplazamiento de militares y policías. En Acapulco, como dramático ejemplo, pandilleros con armas que ni siquiera eran de fuego se introdujeron en una telesecundaria en la zona periférica de la ciudad, para robar celulares y algunos otros artículos de los que despojaron a alumnos y maestros. No es la primera vez que asaltan el plantel, dicen profesores y estudiantes, pero esta vez el robo no fue el objetivo principal, ni paró ahí su pillería. Sólo para refocilarse en la impunidad de la que gozan, los vándalos tusaron a alumnas y maestras, una humillación gratuita y sin sentido alguno, aunque se ha escuchado la teoría de que se trata del comercio de las cabelleras. Es probable que esto sea así, pero en cualquier caso los criminales exhiben su control sobre la zona y la inutilidad de las fuerzas de seguridad y de los programas anunciados de protección a las escuelas. La reacción de profesores y directivos fue tan previsible como simple, se suspendieron las clases y con ello en realidad se anticiparon las vacaciones de estos días, no sólo en el plantel afectado sino en otras 200 escuelas del puerto. Así había ocurrido ahí y en otras zonas de la entidad luego de los terremotos de septiembre pasado y antes de las vacaciones decembrinas. Tarde o temprano tendrán que regresar a las escuelas, aunque antes docentes, escolapios y padres de familia exijan una protección al parecer imposible. Lo que no se ve por ningún lado es la estrategia gubernamental para disminuir la inseguridad y devolver la tranquilidad en que las escuelas puedan funcionar, y la industria y los servicios operar, dar empleo y generar un ingreso lícito para la población. La criminalidad no sólo asusta a la gente sino que inhibe la vida cotidiana de ciudades y comunidades. Cuando el gobernador Héctor Astudillo asumió el cargo en 2015, pronosticó con optimismo sin fundamentos que la violencia se frenaría en el primer año de su gobierno. Su régimen se aproxima a la mitad del periodo y ahora parece que él y sus funcionarios más bien evitan un tema que los rebasa. A las ilusiones ha seguido la parálisis. En plena Semana Santa nos hemos quedado sin clases, sin cocas, sin seguridad y, por lo que se aprecia, sin gobierno. También sin José Antonio Abreu, cuyo legado está muy vivo y vigente.