No existe en México un mejor lugar para aplicar de facto la Ley de Seguridad Interior (LSI) que el estado de Sinaloa. Hace un año, cuando asumió como gobernador Quirino Ordaz Coppel, concluyó que el crimen superaba las capacidades efectivas de las autoridades locales y pidió auxilio a las fuerzas militares.
Grupos civiles han advertido que la LSI militarizará al país, potenciará las violaciones a los derechos humanos y perpetuará la violencia. No hay que esperar mucho para ver los efectos de un modelo así: Sinaloa ya los vive, incluyendo violaciones a los derechos humanos, como el posible fusilamiento de cuatro civiles por parte de un grupo de marinos.
Veamos:
Las condiciones locales son óptimas, porque el gobernador Ordaz Coppel ha declarado una y otra vez su admiración a las fuerzas armadas; se casó con Rosa Isela Fuentes Chávez, hija del general de división Luis Ángel Fuentes Álvarez, ex director del Colegio Militar (1991-1994) y uno de los mejores amigos de juventud del actual secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Según versiones publicadas en diversos medios, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue su padrino de bodas. Cuando se cuestionó a Quirino sobre la militarización de Sinaloa, respondió: “Si alguna institución es respetada y prestigiada es el Ejército y la Marina”.
Quirino llegó a gobernar con una precaria experiencia política, había sido administrador y propietario de hoteles familiares en el puerto de Mazatlán, temporal secretario de Finanzas en Sinaloa y un efímero diputado federal. Semanas antes de la selección del candidato priista nadie imaginaba que tenía oportunidades de ser “el elegido”. Así, el actual gobernador tomó las riendas de un estado infectado por el narcotráfico, donde un alto porcentaje de los policías han reprobado los exámenes de control y de confianza. En ese contexto, la Sedena se convirtió en el único escudo de protección para el mandatario.
Desde que llegó al poder, Quirino instaló en la Secretaría de Seguridad Pública a un militar retirado, y nombró como subsecretario a otro militar retirado; las policías municipales fueron “descivilizadas” para ser dirigidas por más militares retirados; las patrullas de las policías municipales fueron usadas como transporte de soldados y los elementos civiles preventivos fueron convertidos en sus choferes.
El apoyo castrense ha sido decidido: arribaron mil 300 policías militares al estado y a cambio el gobierno de Quirino ha respondido con millonarias inversiones: adquirió un par de vehículos aéreos no tripulados (drones, que son operados por militares), a un costo superior a los 72 millones de pesos; anunció una base militar de 100 hectáreas para 3 mil 500 soldados fijos, donde el gobierno estatal invertirá 300 millones de pesos; compró a la Sedena ocho vehículos blindados tipo DN XI, sin contrato de por medio, en 36 millones de pesos.
Toda acción de la Sedena en Sinaloa ha sido respaldada por inversiones millonarias en el Ejército y el aumento de sus capacidades físicas, materiales y tecnológicas.
El crecimiento de la militarización en Sinaloa es inversamente proporcional a la marginación de las policías civiles. No sólo se les puede ver de choferes de militares, sino que los preventivos han acusado malos tratos de los elementos castrenses, y de ser utilizados como secretarios para llenar formularios de hechos contrarios a la ley.
Las violaciones a los derechos humanos se oían como susurros ahogados en diversas zonas de Sinaloa, hasta el 30 de enero pasado, cuando un grupo de marinos irrumpió en un salón de fiestas en una zona de Culiacán llamada Limita de Itaje. Y estalló el escándalo. Según testimonios que han recabado algunos medios informativos como Ríodoce, los marinos llegaron al lugar, sometieron a los asistentes, los golpearon, los pusieron pecho abajo, les robaron y fusilaron a cuatro de ellos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya recibió dos quejas por parte de asistentes a la celebración, y éstas fueron turnadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Salvador Cienfuegos espera con ansias que la Ley de Seguridad Interior entre en funcionamiento para que dote a las fuerzas armadas de un marco legal que legitime su operación. Pero, en realidad, él ya sabe qué pasará en el país: Sinaloa ha sido su laboratorio.