Margarita WarnholtzEn septiembre de 2013 el huracán Ingrid y la tormenta Manuel devastaron varias zonas del estado de Guerrero, particularmente la región de La Montaña. Allá, más de tres mil viviendas quedaron destruidas y se perdieron las cosechas. A la fecha, cuatro años después, todavía hay más de 2 mil viviendas que se dañaron y no han sido repuestas; y también está pendiente la reconstrucción de escuelas y centros de salud afectados, además de algunos puentes que comunicaban a diversas comunidades. Esto en La Montaña, pero en total, en el estado faltan por construirse más de 7 mil inmuebles. Todo se quedó en promesas y quién sabe qué pasó con el famoso Plan Nuevo Guerrero y sus millones.
Ahora, el terremoto del 7 de septiembre dejó más de 2 millones de damnificados, la mayoría en Oaxaca y Chiapas; del sismo del martes 19 que afectó la Ciudad de México, Puebla, Morelos,  Guerrero y el Estado de México, todavía no hay cifras, es muy pronto para tener clara la dimensión de los daños, sólo sabemos que son muchos, muchísimos. A lo anterior se suman más de 20 mil personas afectadas por el huracán Max en Guerrero.
Si en cuatro años el gobierno no ha sido capaz de responder a los damnificados de Guerrero –pocos en comparación con los que tenemos ahora– ¿qué nos espera? Por más solidarios que seamos, por más que nos apoyemos unos a otros, se necesita de un Estado fuerte y honesto para levantar el país y es más que obvio que estamos muy, pero muy  lejos de tenerlo. Ni siquiera ha sido capaz de surtir los picos y palas requeridos para los rescates.
La región del Istmo de Tehuantepec es de las más dañadas, precisamente donde Peña Nieto pretende poner una de las zonas económicas especiales (ZEE) que, dicen, serán “polos de desarrollo industrial”. Ya Gerardo Gutiérrez Candiani, Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE, anunció después del sismo del 7 de septiembre que el arranque será pronto.
Sin embargo, nadie ha consultado al respecto a los pueblos indígenas de la zona. A aquellos a quienes el gran polo de desarrollo industrial llevará si acaso empleos mal pagados, además de la destrucción de su identidad y de la naturaleza. Que pasarán de ser pobres rurales a ser pobres urbanos, de trabajar en el campo a trabajar en fábricas por un salario mínimo.
Ahora, el terremoto y su destrucción se convierten en un buen pretexto para acelerar el montaje de la ZZE del Istmo y dejar de lado la consulta previa, libre e informada que se debería realizar. Tal vez los involucrados en las ZEE piensen que el sismo les facilitará el camino, pero no cuentan con que los pueblos del Istmo se están organizando precisamente a raíz del temblor. Tal vez tengan que cambiar su polo de desarrollo industrial por un plan de desarrollo rural, que otorgue apoyos a la producción agrícola para garantizar la soberanía alimentaria,  que implique la reconstrucción de las viviendas de acuerdo con las costumbres de los habitantes, la construcción de hospitales y de escuelas bilingües, etc.
En realidad, lo más probable es que de aquí a que termine el sexenio no hagan ni lo uno ni lo otro, ya mostraron su ineficacia con los damnificados de 2013 en Guerrero. Y después… quién sabe, ya veremos.