Algo raro debe estar pasando para que la presidencia desafíe a la Iglesia y a la cúpula de la iniciativa privada en cuestión de semanas, dos aliados tradicionales en la cabina de mando de este país. Primero, Enrique Peña Nieto desató la furia del alto clero cuando lanzó un proyecto de ley para facilitar el matrimonio entre parejas homosexuales. Eso fue a mediados de mayo.
Un mes más tarde, la bancadas del PRI en las dos cámaras, senadores y diputados, decidieron darle un coscorrón a los empresarios por andar exigiendo transparencia a los funcionarios. Ahora los políticos pretenden someter a la iniciativa privada al mismo escrutinio. Toda persona que provea o reciba un servicio o producto del sector público estaría obligado a cumplir con la norma 3 de 3 (exhibición patrimonial, fiscal y de intereses). No importó que para vengarse los priistas tuvieran que deformar y burlarse de una ley que tantos ciudadanos y organizaciones habían apoyado.
Y es que, en efecto, con su modificación de última hora, los priistas y sus aliados (PVEM y Panal) prácticamente hacen imposible la aplicación de esta ley anticorrupción. En estricto sentido, no sólo obligaría a las grandes constructoras y licitadoras de concesiones a hacer público el patrimonio de los accionistas, sino también de todo socio de restaurante en el que un burócrata pida una factura; o de todo beneficiario del sistema asistencial mexicano (alrededor de 6 millones de personas).
Peor, aún, los priistas no ocultaron que la medida literalmente tenía como propósito castigar a los empresarios por su “ocurrencia” de exigir la ley 3 de 3 y por su campaña en contra de la corrupción.
Las consecuencias de estos desencuentros de la élite política con la élite económica y religiosa no es cosa menor. Y habría que preguntarse si es parte de una estrategia de Los Pinos o son errores tácticos producto de arranques del momento. Porque no tengo duda de que, si bien fueron Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, coordinadores priistas de las cámaras, quienes operaron el empellón en contra de los empresarios, es una batalla demasiado importante para que no gozara de la venia presidencial.
¿A qué le apuesta el presidente con esta confrontación? En el caso de la Iglesia, me parece que subestimaron la respuesta de los sectores conservadores. Al ejecutivo le urgía un golpe mediático dos semanas antes de las elecciones, y consideraron que abrazar súbitamente una agenda progresista disminuiría el riesgo de una efervescencia electoral a favor de Morena. Lo que no midieron es que el pronunciamiento de Peña Nieto irritaría a votantes de ideología tradicional, instigados por el clero. Los obispos han presumido que la derrota del PRI ante el PAN en varios estados fue producto de su movilización en respuesta a “la traición” del presidente, un hombre tradicional y practicante católico. Quizá sea una exageración de los obispos, pero ciertamente el pronunciamiento presidencial no debió entusiasmar a un votante conservador.
El pulso en contra de los empresarios podría tener un costo político aún mayor. La suerte de algunas políticas económicas del gobierno requieren la participación activa del gran capital. Por otra parte, las elecciones no pueden ganarse sin dinero y sin el apoyo mediático de radio, televisión y prensa. Recordemos que incluso cuando los presidentes priistas eran todopoderosos debían pasar la charola a los grandes empresarios y allí está la famosa reunión de 1993 del entonces presidente Carlos Salinas, en que solicitó para la campaña electoral 75 millones de pesos de aquellos tiempos a los 30 más ricos del país. El riesgo que corre el ejecutivo es que, harto de la soberbia y la corrupción de los priistas, el gran capital decida volcarse a favor del candidato panista.
Ya hay algunas voces priistas que comienzan a recular y hablan de una modificación de la ley para corregir el desaguisado. El presidente aún tendría la posibilidad de ejercer su veto y obligar a una revisión a fondo. Sería una señal de buena voluntad, que en parte repararía el desencuentro.
Pero otra parte del daño ya está hecho. Los políticos han mostrado a la opinión pública que están dispuestos a llegar a la ignominia antes que renunciar al “derecho histórico” que han gozado al hacer de la cosa pública una cosa privada y gremial. La manera en que han respondido a las iniciativas ciudadanas para exigir transparencia, resulta grotesca además de criminal. ¿De veras no entendieron nada luego de la derrota que les infligió el votante hace dos semanas?

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