El fin de semana pasado se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI). Los medios resaltaron el nombramiento de la vocera de dicho concejo, María de Jesús Patricio Martínez, quien a su vez será su candidata a la Presidencia de la República si se logran reunir las firmas requeridas para registrar una candidatura independiente.
María de Jesús Patricio ha sido de los miembros más activos del CNI y fue elegida para hablar en el Congreso de la República en marzo de 2001 cuando el EZLN realizó la Marcha del Color de la Tierra. Además es médica tradicional y estuvo entre las fundadoras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas.
Ella será la vocera del CIG pero es esta instancia la que definirá propuestas y tomará las decisiones. Por lo tanto, es importante conocer cómo está constituido este concejo y quiénes lo forman. En la toma de protesta del CIG se leyeron los nombres y orígenes de los integrantes. Son 42 hombres y 31 mujeres de 17 estados y 23 pueblos indígenas del país.
Viéndolo por estados, hay una persona de Baja California, nueve de Campeche, 11 de Chiapas, una de Chihuahua, nueve del Estado de México, dos de Jalisco, tres de Nayarit, seis de Oaxaca, cuatro de Puebla, dos de Querétaro, uno de Quintana Roo, dos de San Luis Potosí, siete de Sonora, uno de Tabasco, 10 de Veracruz, 2 de Yucatán y un representante (de origen purépecha) de los indígenas migrantes en la Ciudad de México. Hay también un zoque radicado en Guadalajara.
Los pueblos representados son: Binizaa, coca, comcaac (seri), chol, chontal, hñähñú, kumiai, maya, mayo, mazahua, mixteco, nahua, nayeri, ñhatö, popoluca, purépecha (sólo una persona y radicada en la Ciudad de México) rarámuri, tohono O’odham, totonaca, tzeltal, wixárika y yaqui y zoque (uno radicado en Jalisco). Hay además seis mestizos, de Chiapas, Campeche y Veracruz.
Entre los miembros del CIG hay algunos que son o han sido autoridad de sus comunidades, otros son parte de algunos colectivos y otros representan a organizaciones estatales o regionales que están en lucha contra los megaproyectos en sus territorios. Entre estos últimos están Bettina Cruz Velázquez (binizaa de Oaxaca), integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, y Miguel López Vega (nahua de Puebla) del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. También forman parte del concejo Mario Luna, reconocido dirigente yaqui en la lucha contra el acueducto Independencia y representantes de los wixárikas (huicholes) que llevan años peleando por defender su territorio de las mineras.
Al revisar la lista de los integrantes del CIG llama la atención la ausencia de representantes de Guerrero, Michoacán y Morelos, en los que hay una importante presencia del CNI, así como de Hidalgo, Durango, Colima, Guanajuato y Sinaloa. De estos estados hubo presencia en la asamblea pero no se nombraron concejeros. En el caso de Guerrero fue porque no alcanzaron a realizar el proceso de selección de sus representantes antes del evento, y probablemente en los demás estados sucedió algo similar. En la misma asamblea se dijo que faltaban personas a integrarse al CIG; habrá que estar pendientes de esto.
Por otro lado, es importante conocer también las resoluciones de las mesas de trabajo que se llevaron a cabo, pues ahí se definieron los objetivos, estrategias y formas de organización del CIG.
En síntesis, se acordó que el CIG deberá vigilar que no se violen los derechos de los pueblos indígenas y defenderlos del despojo, movilizarse para crear una organización nacional y establecer vínculos con otros sectores, luchar desde la autonomía y la determinación y abocarse a la enseñanza de las lenguas indígenas. Además, tendrá una comisión jurídica que brinde asesoría en materia agraria y penal, y una comisión de difusión de los principios básicos del CNI, así como de los tratados internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, deberá trabajar para que se establezca la figura de la consulta previa, libre e informada, por la soberanía de los pueblos, la recuperación de tierras, el cese de la violencia contra las mujeres y la creación de una red de seguridad. Se mencionó también la necesidad de crear una educación alternativa enfocada en la descolonización del pensamiento y se afirmó que el CIG funcionará de forma horizontal, y respetando siempre las formas de organización de cada pueblo.
Los voceros del CNI han dejado claro que el objetivo de lanzar una candidata es que a través de ella se escuchen las voces de los pueblos, sus problemas y propuestas; no pretenden ganar la presidencia ni obtener cargos de poder. El interés de los medios de comunicación y de las instancias de gobierno por los pueblos indígenas es mínimo; no los escuchan y no son tomados en cuenta. Por ello es que crearon la estrategia de participar en la contienda electoral para acceder a los medios de comunicación.
Si logran reunir las firmas requeridas para la inscripción de una candidatura independiente, tendrán por ley espacios de prensa, radio y televisión para expresarse. Si no lo consiguen, por lo menos ya con el hecho de anunciar una candidata obtuvieron la atención de los medios, aunque la mayoría se centró en la persona elegida y no en las propuestas, y menos aún en las denuncias hechas en la asamblea.
En todo caso, lo más relevante de la constitución del CIG y el nombramiento de la candidata es que, después de varios años de poca actividad y presencia, resurgió el CNI, es decir, que los pueblos indígenas se están organizando nuevamente a nivel nacional para defender sus derechos de manera colectiva. Aunque no son todos; hay muchas organizaciones y comunidades que no forman parte del CNI porque tienen posiciones políticas diferentes. Sin embargo, su problemática es la misma, por lo que podrían –unos y otros– hacer a un lado sus diferencias y articularse para crear un gran movimiento, necesario sin duda en estos tiempos de despojos, discriminación, marginación, represión, asesinatos y demás violaciones a sus derechos como pueblos y como individuos.