El pasado 28 de junio la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 2do constitucional en la que se reconoce a los pueblos afrodescendientes de México. Esto se da después de casi 30 años de lucha de los afromexicanos, que después de casi 500 años de ser parte de nuestro país, hasta 2015, habían sido oficialmente inexistentes. En ese año se les incluyó por primera vez en un conteo del INEGI.
La reforma constitucional aprobada consiste en la adición de un apartado C al mencionado artículo, que dice así: “Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”. Falta todavía que esta adición pase por la aprobación de la mayoría de los congresos estatales para que sea incorporada a la Constitución.
Esto es sin duda una buena noticia y constituye un avance importante para los afromexicanos, sin embargo, el reconocimiento a este sector de la población del país no se dio como ellos esperaban. Por un lado, se pensaba que se cambiaría el inicio del artículo segundo, incluyendo desde ahí a los afromexicanos y sus derechos. El mencionado artículo comienza afirmando que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas…”, y muchos afrodescendientes esperaban que se les incluyera desde ahí, que se leyera: sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo, quedaron relegados a una adición al final.
Por otro lado, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en oficio fechado el 25 de junio dirigido a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sugería que se debería incluir un concepto de pueblo afromexicano que permitiera “identificar a las comunidades que lo integran considerando los aspectos objetivo y subjetivos de su caracterización”. Además, proponía también que se debía incluir un catálogo de derechos específicos de esta población. Según se afirma en el dictamen presentado por la comisión en cuestión, estas sugerencias no fueron recibidas, aunque el oficio tiene fecha del 25 de junio y el dictamen se presentó el 28.
En estos días (desde el 21 de junio hasta el 4 de agosto) el INPI está llevando a cabo foros de consulta para la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano (esto se menciona también en el oficio enviado por el INPI que no recibió a tiempo la comisión), ¿no podrían los diputados haber esperado los resultados de estos foros para hacer una mejor reforma constitucional? ¿Cuál era la prisa?
De cualquier manera, falta todavía mucho camino por recorrer en la lucha de los afromexicanos; falta, por ejemplo, que se dicten políticas públicas y leyes a su favor, que se reconozcan sus aportes a la cultura y que se conozca y difunda su historia. Y falta, sobre todo, que dejen de ser discriminados por el resto de la sociedad.