La fallida reforma energética de 2014, que desmanteló la nacionalización petrolera de 1938 del presidente Lázaro Cárdenas, tiene como base el dogma tecnocrático de que en condiciones de mercado los precios se pueden autoregular con la utilidad de por medio. Además de que la libre competencia permite una oferta de la mercancía atractiva en precio y calidad a los consumidores. En esas condiciones el Estado interventor, dueño de empresas productivas no tiene cabida, porque impide la libre competencia. Obvio, esa teoría económica tiene que hacerse en mercados ideales, que en ninguna parte de la tierra existen. Aquí en México fracasa, ya que sólo ha servido para debilitar al Estado mexicano, para concentra la riqueza en unas cuantas familias del gran capital, al ser meramente funcional a los intereses de unos cuantos particulares. Eso ha llevado a una desigualdad social y económica extrema, en donde la gran mayoría de la población mexicana no compite con inversiones en los mercados, y sólo es fuerza de trabajo barata que apenas sobrevive. Peor aún, el Estado en las cíclicas crisis económicas globales o nacionales acaba en el rescate de los mercados controlados por unos cuantos con recursos públicos, y este ciclo sigue de manera perversa. Se socializan las pérdidas y privatizan las ganancias.
En ese contexto, desde hace más de 30 años llegaron a manejar el gobierno de México un grupo de tecnócratas creyentes del mercado libre, quienes al servir a los intereses de los más beneficiados por el desmantelamiento del Estado mexicano han tenido continuidad sexenio tras sexenio. Así, se les observa brincado de un puesto de primer nivel a otro del mismo nivel en distintos gobiernos, lo mismo en Hacienda, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, o para el espacio tecnocrático, en los que sean útiles a los intereses de sus patrones.
La reforma energética 2014, basada en el modelo de mercado y a la que la izquierda mexicana en su conjunto se opuso claramente, es la causa del brutal aumento de la gasolina a partir del 1 de enero de este año. Así se planeó, el mandato se encuentra en el artículo 14 transitorio de la ya reformada Ley de Hidrocarburos producto de esa reforma. La exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Ingresos de 2017 justifica la liberalización de las gasolinas indicando de manera textual que “se consolidaría la reforma energética en materia de combustibles fósiles”.
Al inicio de este artículo señalamos, que la reforma energética ha fracasado. Esto, debido a que los tecnócratas se equivocaron, ya que partían de un mundo donde el barril de petróleo costaba 100 dólares; hoy ese escenario se les desplomó. Sus premisas ya no son válidas y las promesas por ello ya no se cumplieron. En esa ruta, desde hace décadas se indujo a PEMEX, nuestra empresa propiedad del Estado mexicano, a reducir la trasformación del petróleo. Hoy se observa, que sus refinerías trabajan muy por debajo de su capacidad real de producción de gasolinas. Ahora se importa más de la mitad de la gasolina que se consume en el país. Los riesgos para la soberanía y seguridad energética del país son enormes. En una realidad diaria la presión sobre el peso en el mercado internacional, aunque eso no revela por si solo el aumento costo de la gasolina, como más adelante se explica. Además, desde hace décadas sucesivos gobiernos saquearon a PEMEX, usaron sus ingresos para financiar sus excesos y privilegios a través del gasto presupuestal de manera más que irresponsable, y con ello dejaron de invertir en la empresa en especial en la trasformación industrial de hidrocarburos. Agréguese la corrupción de servidores públicos y empresas privadas beneficiarias en contratos petroleros, el robo de hidrocarburos, o el control de los trabajadores petroleros a través de líderes conocidos por su riqueza escandalosa.
Por lo anterior, hoy se tiene la paradoja absurda de ser un país petrolero sin industria petroquímica. Pero si PEMEX importa gasolinas, no busca una utilidad meramente económica, sino también social. Esa es la diferencia de una empresa propiedad del Estado con una empresa privada, quien busca  la máxima ganancia económica, esa es su naturaleza. Ahora, con la reforma energética, en donde los privados, en especial empresas extranjeras, pueden importar, distribuir y vender también gasolinas, requieren que sea atractivo lograr ganancias, no invierten para regalar algo. Eso significa hacer atractivo el margen de ganancias.
En dicho sentido, la Secretaría de Hacienda informa que la máxima ganancia ahora es de 6.5 por ciento del precio total del litro de gasolina. Eso significa un máximo de 91 centavos. Pero ahora incorporan, al precio también que dependiendo de la fuente oscila entre 1.20 y 1.93 pesos por costos de logística o transporte. Ese último costo antes PEMEX lo tenía internalizado en sus costos al público. Es decir, ese costo de logística puede suponerse que es un subsidio del consumidor para financiar la inversión de las nuevas empresas privadas que entran a la venta de gasolina. Entonces, se van casi 3 pesos por litro para incentivar al mercado de los privados. Súmese, el Impuesto del IEPS de 3.75 pesos y el IVA de 16 por ciento de alrededor de 1.73 pesos (litro de magna a 16.32 pesos/litro, en donde el precio de referencia sería de 8.06 pesos). Estos impuestos son debido a que el gobierno federal tiene un problema severo en sus ingresos, con el petróleo en precios bajos de exportación y la muerte virtual de la gallina de los huevos de oro que fue PEMEX, su principal contribuyente. Por eso la desmesura en los impuestos a la gasolina.
Es decir, el costo del litro entre impuestos y ganancias privadas se duplica respecto al precio de referencia. Con estos márgenes de sobrecosto a la gasolina se expresa algo claramente. La diferencia fundamental con los tecnócratas. Ellos se preocupan por subsidiar a los empresarios importadores, mientras que desde el lado humanista existe preocupación por el subsidio a la mayoría de la gente. Se plantea, como si fuera una amenaza, con recortar programas sociales antes que recortar el aumento a la gasolina. Eso significa un falso debate expresado públicamente de manera reiterada por el gobierno federal, sobre el que todos acabaríamos subsidiando a la gasolina en detrimento del gasto social si no se liberalizaba el costo de la gasolina; ya que el costo de la gasolina estaba siendo subsidiado por el aumento de los precios de importación. Por todo ello, mucha gente en la frontera de México-Estados Unidos prefiere mejor comprar ahora en el otro lado, ya que la gasolina es más barata allá.
Es preocupante que la liberalización de las gasolinas nos está llevado de manera alarmante a una mayor inestabilidad social y económica en el país. La inflación de los productos básicos es una realidad, en especial en los alimentos. El reclamo social se expresa a lo largo y ancho del país, por ello se debe cuidar de las provocaciones, que buscan descarrilar dicho reclamo. Ahora es cuando se deben combatir y eliminar  privilegios; hay que combatir además la corrupción, que los gobernadores corruptos devuelvan lo robado; que el SAT siga haciendo devoluciones de impuestos a los más ricos del país. Reorientar el gasto público a la transición energética vía energías renovables, al transporte público y a recuperar los ferrocarriles como principal medio de transporte de carga y de pasajeros.
Finalmente, se dice que se van a construir miles de gasolinerías. Para ello se busca desregular a como dé lugar su construcción y operación. Como nada es casualidad durante la reforma energética de 2014 se realizó una reforma contraria al Pacto Federal. Anteriormente, las agencias ambientales de los gobiernos estatales tenían la atribución de realizar la evaluación del impacto y riesgo ambiental en materia de gasolinerías. Pero en la nueva Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), se le otorgó a esta nueva Agencia, dicha atribución de evaluación del impacto y riesgo ambiental en materia de gasolineras. La presunción es simple que se va a ver más como un trámite burocrático que como lo que debe ser una evaluación del impacto y riesgo ambiental. En muchos casos, esto puede tener consecuencias de graves riesgos a las personas y al ambiente por instalar gasolineras en sitios inadecuados.