Ya está en México la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz. Su visita oficial inició el pasado miércoles 8 de noviembre, pero el día anterior asistió al Colegio de México a  la apertura de la Cátedra de Derechos Humanos “Rodolfo Stavenhagen” donde estuvo a cargo de la conferencia magistral. Ahí manifestó su admiración y aprecio por su predecesor (no olvidemos que el doctor Stavenhagen, fallecido hace un año, fue el primero en ocupar el puesto de relator que ahora tiene Tauli) resaltando su compromiso con los pueblos indígenas, y no perdió la oportunidad de lanzar un par de acertadas indirectas a los académicos.
El miércoles (según la agenda que me llegó) se reunió con funcionarios de las secretarías de Gobernación, y de Relaciones Ex-teriores, la Procuraduría General de la República, la Comisión Na-cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discri-minación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y otras dependencias.  Ya por la tarde asistió a uno de los varios encuentros que tendrá con representantes de pueblos indígenas.
Mientras tanto, el mismo día, integrantes de la Red Nacional Indígena (RNI) y otras organizaciones protestaban en la Cámara de Diputados y después en una marcha del Ángel a Los Pinos por el recorte al presupuesto federal para los pueblos indígenas. Protestaban también porque los organizadores de la agenda de la relatora (el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Secretaría de Relaciones Exteriores) los excluyeron de las reuniones con ella, quién sabe por qué razones.
Al enterarse Tauli-Corpuz de dicha exclusión agendó inmediatamente una cita con ellos para hoy viernes por la mañana. Curiosamente, entre quienes no habían sido invitados a verla se encontraban varios dirigentes que la conocen desde hace muchos años, pues han coincidido con ella en diversos eventos internacionales, incluido el ex diputado nahua Carlos de Jesús Alejandro, quien cuando estuvo en el Congreso fue de los principales promotores de la visita de la relatora a nuestro país. No sabemos si los dejaron por fuera intencionalmente o por error, pero como sea, finalmente hablarán con ella.
Parece que lo que no lograron los de la RNI, ni con las múltiples reuniones que tuvieron en la Cámara de Diputados desde hace meses ni con la manifestación del miércoles, fue el aumento al presupuesto, pero eso era de esperarse. Pensarán los congresistas que mientras más empobrecidos estén los indígenas más barato tendrán que vender su voto en las próximas elecciones. Evidentemente, el presupuesto está entre los temas que tratará la RNI con Victoria Tauli-Corpuz y probablemente ella lo incluya en su informe.
Ayer jueves la relatora se reunió con funcionarios de diversas secretarías y dependencias gubernamentales. Según su agenda, hoy asistirá a la Cámaras de Senadores y se encontrará con integrantes del Poder Judicial. Los siguientes días visitará Guerrero, Chiapas y Chihuahua, donde hablará con organizaciones indígenas y de la sociedad civil y con autoridades de los gobiernos locales.
La mayoría de las reuniones de Tauli han sido (y serán en los próximos días) con personal de instituciones gubernamentales. Lo más probable es que esté aprovechando para cuestionar directamente a los funcionarios sobre sus acciones hacia los pueblos indígenas. Supongo que, por ejemplo, habrá preguntado a los de Conagua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría de Energía cuántas consultas previas, libres e informadas se han llevado a cabo para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas antes de construir presas, carreteras y demás obras en sus territorios; tal vez habrá cuestionado  a los de la Secretaría de Economía sobre las concesiones mineras y sobre las Zonas Económicas Especiales y su afectación directa a los pueblos indígenas, y a los de Hacienda sobre el presupuesto. Seguramente pidió información  a los integrantes del Instituto Nacional Electoral sobre la participación política de los indígenas, a la PGR sobre el caso Ayotzinapa, a la SEP sobre la educación bilingüe, a los senadores sobre la armonización legislativa con la De-claración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los   pueblos indígenas y un largo etcétera.
De esta manera, tendrá información oficial para incluir en su informe, y por más que lo intenten, los funcionarios no podrán dar muchas respuestas favorables, pues es evidente que no se han respetado los derechos de los pueblos indígenas.