EL-SUR

Martes 30 de Abril de 2024

Guerrero, México

Opinión

Sobre los foros de consulta del INPI

Margarita Warnholtz

Agosto 09, 2019

Ayer terminó en la Ciudad de México el Foro Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano. Con este evento culminó el llamado proceso de consulta libre, previa e informada para la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, organizado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Para esta consulta se realizaron 54 foros regionales en diversas zonas del país y uno en Estados Unidos, con indígenas migrantes. Al foro nacional asistieron dos delegados de cada uno de los anteriores, además de cientos de indígenas, afromexicanos y otras personas interesadas, que respondieron a la convocatoria difundida por el INPI.
El documento final de este proceso de consulta sería entregado hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, al presidente López Obrador. El objetivo de este proceso de consulta, según la convocatoria, fue “recibir opiniones, propuestas y planteamientos sobre los principios y criterios que habrán de sustentar la Iniciativa de Reforma Constitucional y las correspondientes leyes reglamentarias sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano”.
Esta reforma constitucional está pendiente desde 2001, cuando se modificó el artículo segundo que supuestamente plasmaba en la Carta Magna los derechos de los pueblos en cuestión, con base en los Acuerdos de San Andrés, pero que dejó muchos derechos fuera y no cumplió con las expectativas de los pueblos; además de que establece menos derechos de los que aparecen en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (aprobada en 2007). La intención del gobierno actual es que ahora sí queden incluidos en la Constitución y en las leyes los derechos que establece la mencionada declaración y otros instrumentos internacionales, lo cual requerirá no solamente cambios en el artículo segundo constitucional, sino reformas en otros, como el 27 y el 115, así como la modificación de diversas leyes.
Sin duda este proceso de consulta fue un gran esfuerzo, en el que se intentó contar con una amplia representatividad. Si bien no puede decirse que hubo participación de todas las comunidades indígenas y afromexicanas del país, hubo mucho más participación que en cualquier evento similar que se haya convocado antes por instancias gubernamentales. Según los organizadores, participaron en los foros alrededor de 27 mil personas, la mayoría autoridades comunitarias.
En el documento final del proceso en cuestión los pueblos indígenas y afromexicanos, además de exigir ser reconocidos como sujetos de derecho público, demandan, entre otras cosas, el reconocimiento pleno en la Constitución y en las leyes de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como de la relación especial y espiritual que tienen con ellos, y el derecho a la consulta –y el consentimiento– previa, libre e informada. Se reclama además el reconocimiento al derecho a la libre determinación, a sus sistemas políticos, a la autonomía y el derecho a elegir autoridades por sistema normativo propio en los municipios indígenas.
Otras demandas son: que se garanticen los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas, el reconocimiento constitucional a la educación comunitaria indígena intercultural y que se implemente el principio de la pluriculturalidad en todo el sistema educativo nacional; el reconocimiento pleno del pueblo afromexicano, el reconocimiento, fortalecimiento y protección de los elementos que constituyen su patrimonio cultural tangible e intangible, y el reconocimiento a la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades con relación a su patrimonio cultural. También reclaman su participación política en todos los órganos de toma de decisión y ámbitos de gobierno.
Estas demandas no son nuevas, son las mismas que vienen planteando los pueblos indígenas desde hace casi 30 años. La novedad es que por fin se incluyó a los pueblos afromexicanos.
La decisión final de incluir las exigencias de estos pueblos en la Constitución y en las leyes será del Congreso de la República, que podrá hacerlo o quedarle mal a los pueblos nuevamente. Habrá que darle seguimiento puntual al asunto.