Una vez más, una empresa diseñadora de ropa plagió descaradamente diseños de pueblos indígenas mexicanos. En esta ocasión fue Carolina Herrera. El caso ha sonado en los últimos diez días en diversos medios de comunicación, la Secretaría de Cultura envió una carta a la modista en cuestión, el Senado prepara una demanda e incluso el presidente López Obrador mencionó el asunto en una de sus conferencias de prensa de esta semana.
Sabemos que esto no es nuevo, es un problema de años, si no es que de siglos. Y si bien lo que más destaca por su notoriedad son los plagios de los diseños textiles, el robo de los conocimientos indígenas no se limita a eso, sino que incluye, entre otros, saberes sobre música, medicina y herbolaria, estos últimos hurtados por las farmacéuticas desde hace décadas impunemente.
La senadora oaxaqueña Susana Harp Iturribarría presentó desde finales de febrero del año en curso una iniciativa que modifica la Ley Federal de Derecho de Autor (artículos 157 a 160, derogando el 159) para proteger las obras artísticas de los pueblos indígenas. Ésta fue aprobada en el pleno del Senado con modificaciones, y turnada a la Cámara de Diputados el pasado 25 de abril.
Los cambios a dicha ley implican principalmente que cualquiera que quiera utilizar las obras “literarias, artística, de arte popular o artesanal” de pueblos o comunidades indígenas deberá pedir y obtener la autorización de éstos previamente.
Parece ser que ante el reciente plagio y las respuestas que generó, hay prisa por aprobar esta iniciativa y será discutida la próxima semana en el pleno de la Cámara de Diputados, con base en el dictamen que presente la Comisión de Cultura y Cinematografía. Pero la iniciativa ha generado polémica, pues el pasado 10 de junio el Instituto Nacional de los Pueblos indígenas envió un oficio –firmado por Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación General de Derechos Indígenas– en el que afirma que la reforma en cuestión “contiene distintos problemas conceptuales” y atenta contra los derechos de los pueblos indígenas. Propone algunas modificaciones, así como que se realice un proceso de consulta previo a la aprobación de la iniciativa en cuestión.
El principal problema que menciona el INPI es que en el artículo 160 queda asentado que: “Cuando no sea posible obtener el consentimiento del titular (es decir, la comunidad) o exista duda sobre el mismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura, con opinión del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, podrá autorizar el uso solicitado”.
Cabe aclarar que el párrafo anterior no estaba incluido en la iniciativa presentada originalmente por la senadora Harp, sino que se agregó como una de las modificaciones, pero fue aceptada por ella.
Es evidente que dicho párrafo se presta a que el plagio continúe. ¿Cuántos intentos tendrá que hacer el interesado en un diseño, por ejemplo, para encontrar de qué comunidad es, antes de que sea considerado imposible localizarla? Esta pregunta aplica si suponemos que a lo que se refiere el artículo respecto a “cuando no sea posible obtener el consentimiento” es a que no se localizó al pueblo o a las comunidades poseedoras de la obra, pero también podría entenderse como que si no le dieron permiso, la Secretaría de Cultura se lo puede otorgar.
Cualquiera de estas interpretaciones implica serias dudas, aun si pensamos que habrá buena voluntad de las instituciones y sus representantes para cumplir la ley. Pero no quiero (aunque puedo fácilmente) imaginar los negocios que podrían hacer con esto futuros funcionarios corruptos.
Conversé telefónicamente sobre este asunto con Irma Pineda, poeta zapoteca recién elegida para ser miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, y afirmó que la ley tiene buenas intenciones, pero deberían realizarse los cambios sugeridos por el INPI para no violar los derechos de los pueblos indígenas, además de que debería ser sometida a una consulta antes de ser aprobada.
Coincido plenamente con ella. Esperemos que los diputados tomen todo lo anterior en cuenta y no se apresuren a aprobar la iniciativa de ley por motivos coyunturales.