Atrás o abajo de todos los problemas que enfrentan los mexicanos aparece el debilitamiento del gobierno, el descrédito de la autoridad, el desprestigio de empleados y funcionarios gubernamentales, tanto en el municipio, los estados y la federación. El prestigio que llegaron a tener los representantes de la autoridad, en caso de que eso haya ocurrido en algún momento, se diluyó o desapareció con los testimonios abundantes, contundentes, descarados, de abuso de la autoridad y del poder, la confusión del servicio público honesto y honrado con los negocios particulares.
El ejemplo más claro de este debilitamiento del gobierno (y de la autoridad) se manifiesta en el clima de inseguridad y violencia que afecta a prácticamente todos los estados del país, con mayor gravedad en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Guanajuato y el de México. Sin duda alguna este problema no surgió de un día a otro, sino que se gestó y creció poco a poco, lentamente, a los ojos de los gobiernos y también de la sociedad, cuya expresión de descontento se manifestó claramente en las elecciones del primero de julio del año pasado, cuando el candidato Andrés Manuel López Obrador y Morena arrasaron en las urnas.
El gran problema, la gran disyuntiva del gobierno que hoy encabeza el presidente López Obrador se ubica en tomar la decisión de gobernar o repetir los procedimientos del pasado y, por desconocimiento y no por ingenuidad, esperar resultados diferentes. Hay analistas de la situación del país abiertamente a favor del fortalecimiento del gobierno, mientras una minoría representante de los viejos intereses quisiera que se repitieran las mismas recetas para obtener otros resultados, eso es imposible.
Las viejas estructuras de los poderes tienen todavía los instrumentos para minar día a día la credibilidad y la confianza que la ciudadanía depositó en Morena y en AMLO, pero algunos de los funcionarios del gobierno no lo interpretan de este modo. Desde el propio interior del gobierno comienzan a surgir las divisiones, las disputas por la supremacía, por la influencia en las decisiones del primer círculo del gobierno.
“Es sólo un memorándum”, dijo el presidente López Obrador, al referirse al escrito por el que ordena a las Secretarías de Educación, de Hacienda y de Gobernación, dejar “sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.
Días antes, cuando el diálogo entre las autoridades y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dio muestras de empantanarse, con lo cual la nueva reforma educativa empezó a quedarse en el limbo, el presidente amagó con decretar la abrogación de la reforma peñista, y dejar las cosas como estaban antes de esa reforma.
Entonces, ante ese amago, y ahora, frente al memorándum efectivamente firmado y hecho público, la polémica se desató. La oposición señala que en el marco jurídico mexicano el Presidente de la República no tiene facultades legislativas, por lo que no puede ni emitir leyes ni abrogar las existentes. Ahora, incluso, observan que el memorándum signado no tiene base jurídica ni fundamentación alguna.
Como en todo asunto de esta laya, y ante las impugnaciones esperables, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien deba decidir sobre si el presidente tiene o no facultades para ordenar lo que se establece en el memorándum ahora célebre.
Lo cierto es que, frente a la parálisis introducida por la cerrazón de la CNTE, y conocida la voluntad presidencial de no aprobar nada que no tuviera el apoyo de los maestros, las medidas tomadas y descritas en un documento muy simple, constituyen una audaz fuga hacia adelante.
En vez de elegir la forma dura de un decreto, o de pretender hacer transitar una iniciativa de ley, López Obrador ha optado por una jugada que pudiera pensarse inocente, pero que tiene el trazo de un golpe maestro, en el que ordena que se mantenga el control de la Federación sobre la nómina y las plazas, pero se dispone reinstalar a los profesores afectados por despidos e indemnizar a los familiares de quienes hayan fallecido en la lucha, así como liberar a quienes estén en la cárcel y lo ya dicho: dejar sin efecto todas las disposiciones de la reforma educativa.
Aun esto, es previsible, será impugnado por sus malquerientes. Pero entretanto las medidas ya deben estarse aplicando como él las ordenó, y con ello el presidente ha tomado la delantera una vez más. Como él mismo lo señaló, “no es sólo un asunto legal, es un asunto político”, y en política como en la vida diaria, el que pega primero pega dos veces por lo menos.
Con ello el presidente muestra y despliega su tradicional habilidad política para tomar la iniciativa y encabezar las luchas sociales, como lo ha hecho en el último cuarto de siglo. Después de ello, el Congreso podrá sesionar en sus tiempos, la CNTE deliberar y fortificarse, movilizarse o replantear su lucha, los partidos de oposición emprenderán la resistencia que consideren pertinente y en su caso los jueces se pronunciarán.
Pero por lo pronto, López Obrador lleva una amplia ventaja en la estrategia de asumir el mando del país e ir dando forma a la transformación prometida, frente a la obstinación de las fuerzas opositoras de siempre, y la de quienes, pese a figurar como sus aliados, no se han dado cuenta de que el movimiento de cambio ya triunfó, y de que es tiempo de construir juntos y no de conservar prebendas o mantener radicalismos sin sentido.
En particular veremos cómo son tomadas las medidas del presidente por los maestros guerrerenses, cuando regresen de las vacaciones y el estado entero retome su vida cotidiana, una vez que la temporada del turismo de Semana Santa y de Pascua hacen revivir la época dorada del puerto y de los otros centros de esparcimiento de la región, como si se viviera la Resurrección que se celebra en esta época.
Bienvenida la recuperación de la autoridad, el fortalecimiento del gobierno independientemente de partidos, grupos u organizaciones, así sea a través de “un memo”.