Con el evidente fin de proteger al PRI en la perspectiva del 2018, el Comité de Radio y Televisión del INE aprobó  las normas a que ha de ajustarse la presencia de dirigentes partidarios en los “promocionales” (anuncios en medios de comunicación electrónica), dizque para “evitar una ventaja indebida en menoscabo de la contienda electoral”.
La medida, por supuesto, tiene dedicatoria para Ricardo Anaya y, sobre todo, para Andrés Manuel López Obrador, quienes, en efecto, aparecen más que los líderes de otros partidos, lo que es muy explicable, pues el joven que encabeza Acción Nacional es indudablemente una figura carismática y AMLO es, indudablemente, el político más popular de México y conviene a los partidos de ambos aprovechar el impacto que tienen en la opinión pública.
Por cierto, en contra del acuerdo votaron el PRI y su adherencia, el PVEM, pese a que el líder nominal de la verdulería ocupa el tercer lugar por número de apariciones en radio y televisión, pero desde luego no se opondrá a una orden de sus jefes. Lo que resulta muy explicable es que el tricolor no se haya opuesto a la restricción acordada por el citado comité del INE, pues, mientras que Anaya y AMLO gozan de una indiscutible popularidad dentro y fuera de sus respectivos partidos, Enrique Ochoa llegó al partido tricolor como lo que es, mero empleado del presidente de la República, fiel a su amo, pero un perfecto desconocido para los priistas y para el resto de los mexicanos. Por si hiciera falta y para vergüenza de “su” partido, con su proverbial torpeza política ha proyectado su anticarisma al plano nacional.
De ahí la decisión de coartar la libertad de los dirigentes de oposición, lo que no afecta a quien de ninguna manera es libre, sino mera comparsa de la maquinaria electoral que opera el Estado en beneficio del PRI. Por si algo faltara, Carlos Ramírez, no el combativo periodista, sino el opulento representante del tricolor ante el INE, por supuesto aplaudió la medida, pues no le dará patadas al presebre.
La restricción que pretende imponer el INE lesiona severamente la soberanía de los partidos para  normar su vida interna, pues convierte al órgano comicial en legislador que decide, según el consejero Marco Antonio Baños, que los partidos digan lo que quieran decir “a través de una mayor cantidad de voces” y se evite que “los medios electrónicos se conviertan en un escaparate de dirigentes partidistas con fines personales”.
El señor Baños olvida que los partidos eligen como dirigentes a quienes consideran los más aptos para representarlos. Por eso los líderes expresan los puntos de vista de su organización y en otros países, de manera natural, son también líderes parlamentarios y jefes de gobierno.
No es el caso de México porque la aplastante presencia del PRI, que en tanto partido gubernamental fue siempre –y lo sigue siendo– una dependencia más del Poder Ejecutivo federal y en su caso estatal y hasta municipal. Pero se trata de una excrecencia antidemocrática, de la criatura perversa de un régimen de naturaleza antidemocrática.
Según el consejero Baños, se pretende evitar que “una figura o algunas figuras absorban (sic) la exposición pública y tomen ventajas hacia posibles candidaturas”. Lo que el consejero quiso decir es que el INE será ahora quien reglamente la vida interna de los partidos. Como es obvio, con radio y televisión o sin ella, la mera posición dirigente da una mayor exposición al líder un partido, pero si sus bases consideran que eso es ilegítimo, tienen la potestad de destituir y cambiar a las cabezas de la organización.
Baños arguye que la propuesta fue elaborada “en acatamiento de una resolución del Tribunal Electoral” (TEPJF), lo que Nohemí Beraud, representante de Morena, echó por tierra al señalar que el mencionado Tribunal lo que ordenó fue “regular los criterios para resolver inconformidades sobre mensajes”. Por su parte, el representante del PRD señaló que es inaceptable que se emitan lineamientos “dirigidos a una persona” mientras que se permite el libertinaje de los gobernantes para promover su imagen (¡Me estás oyendo, Bronco!).
Por si algo faltara para blindar más al PRI, la Suprema Corte aprobó que el Congreso modificara a posteriori el tiempo que los magistrados electorales permanecerán en sus cargos. Con ese criterio, mañana el Congreso determinará que el actual sexenio ahora será de ocho, diez o más años. Y la Corte dirá que es legal y constitucional…