La vieja escuela política afirmaba que “lo que parece es”, aplicado a los fenómenos de la grilla y de la sociedad, pero en la actualidad aquella consigna es totalmente al revés, especialmente en Guerrero. La convención de los banqueros y la pasada Semana Santa, han creado la falsedad de que todo vuelve a la normalidad, pero la realidad lo desmiente. Es decir, los hechos reflejan el deterioro creciente, pero las autoridades insisten en negarlos.
“La impunidad está al más alto grado que ahora los delincuentes ya se están disputando abiertamente la vía pública, ante la ineficacia e indiferencia de las autoridades, y ante eso no hay nada que se pueda hacer”, el recrudecimiento de hechos violentos durante los días previos al periodo vacacional de Semana Santa provocaron pérdidas por el orden de los 900 millones de pesos a empresarios del ramo turístico en Acapulco, reveló el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio en Guerrero, Alejandro Martínez Sidney.
De acuerdo con el empresario, durante el actual periodo vacacional se registraron más de 2 mil 800 cancelaciones de cuartos. En los hoteles de la zona Diamante y Dorada del puerto se registraron unas mil cancelaciones en cada una de ellas, mientras que en el área tradicional o náutica la cifra superó las 800 cancelaciones.
Datos estadísticos aportados por la Secretaria de Fomento Turístico del gobierno de Guerrero (SEFOTUR) indican que durante la primera semana de la actual temporada vacacional de Semana Santa, la ocupación promedio en Acapulco fue del 88.9 por ciento, 10 puntos porcentuales menos en comparación con el mismo periodo del año pasado.
A pesar de la gran cantidad de elementos de seguridad que se desplegaron para garantizar la vigilancia de turistas y residentes en Acapulco durante el actual periodo vacacional, en este mismo lapso se registraron 25 muertes violentas y más de una decena de heridos.
Tal vez como resultado del ambiente color de rosa vivido en la pasada Convención Bancaria en Acapulco, probablemente porque cerca del poder financiero el futuro se ve más fácil, acaso convencido de que la idea puede resolver la ola creciente de violencia y criminalidad que viven el puerto y el estado, el gobernador Héctor Astudillo expuso de manera pública una propuesta tan audaz como polémica: legalizar la producción de la amapola y los opiáceos, sus derivados.
Mientras en el gobierno federal van con mucha paciencia y casi con temor en el análisis de la despenalización de la mariguana, foros van y foros vienen, e incluso fue visto con cierto escozor el abierto apoyo del gobernador de Jalisco a la liberalización de la producción y consumo de la yerba, la sugerencia del mandatario guerrerense representó un salto cuántico.
El tema prendió entre los medios y los políticos locales, los alcaldes de Acapulco y Chilpancingo se apresuraron a aplaudir la iniciativa, e incluso a nivel nacional se empezó a hablar del asunto y sus matices. Tanto, que pocos días después Astudillo consideró pertinente hacer precisiones: se trató de un comentario, de una opinión, y no de una propuesta formal.
Ya por lo pronto el partido Movimiento Ciudadano se ha apresurado a presentar una iniciativa en la materia, y líderes de otras organizaciones, en Guerrero y en el país, se han manifestado a favor del proyecto.
Mariguana o amapola, la teoría que subyace es la misma. Si se legalizan y reglamentan los enervantes, las mafias criminales verán disminuidas sus astronómicas ganancias que derivan de los altos precios inducidos por las prohibiciones actuales; la violencia se reducirá, no habrá razón para andarse matando unos a otros en las calles, y quienes la siembran y trasiegan con narcóticos, hoy fuera de la ley, se volverán respetables personas incluidas en las sociedad, y contribuyentes fiscales con registro en padrones gubernamentales.
Después de décadas en que el narcotráfico ha crecido en el país y en el estado hasta llevarnos a la situación que prevalece en los recientes años, con una autoridad rebasada por la delincuencia, incapaz de garantizar la seguridad y la vida de los habitantes, muchos se han identificado con estas propuestas como quien se agarra a un clavo ardiente para tratar de salir del precipicio.
En el caso de Guerrero, las estadísticas siempre inciertas por tratarse de un tema negro, la situación ha llegado al límite. En 75 de los 81 municipios se han encontrado plantíos de amapola, y la entidad es la primera productora de heroína en el país, por cuya exportación a Estados Unidos las bandas criminales obtienen más de mil millones de dólares al año, según el reportaje que el pasado fin de semana reprodujo El Sur.
De acuerdo con ese texto, la legalización de los opiáceos se facilita para usos medicinales, porque existe una gran demanda de analgésicos que requieren los pacientes de cáncer terminal y otros padecimientos que actualmente no se atiende, o se hace con productos importados.
Una docena de países de Europa y Asia producen legalmente estos medicamentos, por supuesto bajo control estatal y vigilancia internacional, y algunos expertos ven en esos antecedentes la puerta para lograrlo aquí.
Pero esa alegre melodía tiene muchos bemoles. Ya desde ahora puede advertirse que la iniciativa tendrá la férrea oposición del gobierno norteamericano en el caso de la amapola, pues aunque en aquel país la normalización de siembra y comercialización de la mariguana va viento en popa, los opiáceos son palabras mayores. Más aún, cuando en los años recientes el consumo de heroína se ha disparado en el territorio estadunidense, hasta el grado de generar preocupación pública de sus autoridades.
México está demasiado cerca de Estados Unidos, siempre hemos visto esa ubicación geográfica como una maldición y lo es en estas décadas a partir del empleo masivo de drogas entre la población estadunidense.
Prohibiciones en ésta y aquella nación, fuerzas policiacas y militares, esfuerzos de ambos gobiernos federales y de los locales, no han impedido la expansión del multimillonario negocio, capaz de aplicar a los más altos niveles su ley de plata o plomo.
¿Cómo podría evitarse el desvío de narcóticos legalmente sembrados, industrializados y comercializados para su uso como estupefacientes?
La industria del alcohol, por ejemplo, pese a ser legal y tener mecanismos de control por parte del Estado, no ha podido impedir el contrabando de bebidas piratas que, se estima, surten a la mitad o más del mercado en México.
Si Petróleos Mexicanos no puede impedir ni disminuir el robo de combustibles en sus ductos, ¿cómo harían las autoridades para controlar, verbi gracia, el robo de los campos de amapola o de cannabis, o de los marbetes que se utilizaran en su comercio?
Por supuesto que son asuntos que por su gravedad y el agotamiento de las fórmulas empleadas para abatirlos, requieren de otras soluciones. Pero la propuesta del gobernador Astudillo todavía parece a estas alturas un sueño de opio.
No es repitiendo mentiras como se construye la verdad. Más valiera aceptar los hechos, reconocer que la realidad es tan necia y astuta que, entre más se le niegue, más sobresale.
Muy bien sembrar amapola para fines médicos, pero el problema es todavía más grave. El tiempo avanza más rápido de lo que se cree, pero no hay consciencia de eso.