Sufrir la ley y el autoritarismo del gobierno del estado

Opinión

Tlachinollan

Noviembre 01, 2007


Cientos de campesinos indígenas me’phaa se aglutinan alrededor del Centro de Readaptación Social de Tixtla, Guerrero. Los lugareños que pasan miran con asombro a los indígenas que ahí se encuentran. Todos provienen de Metlatónoc. Es el municipio más pobre de América Latina, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Entre la multitud se encuentra una indígena de avanzada edad que entre sollozos y con desesperación pregunta por la suerte que le depara a su hijo. Una madre con su hijo de cinco años que carga a sus espadas con un reboso, se une a la mujer de avanzada edad, juntas empiezan a preguntar a medida que el día transcurre, si el detenido saldrá libre o no. Todo es hermetismo en ese momento, sólo los abogados saben lo que ocurre, estos entran y salen con nerviosismo, pero la información no fluye hacia estas mujeres que se encuentran llorando. Sólo rumores corren ante los presentes, unos dicen que no saldrá, porque lo acusan de que insultó directamente al gobernador. Los hombres más grandes que se encuentran ahí y que saben perfectamente cómo era el aparato represor en el régimen priísta del pasado, aseguran que el detenido no saldrá. Cuestionar a un gobernador es muy grave, en nuestros tiempos lo mataban –dicen desconsolados los hombres mayores–. Los más jóvenes que ignoran cómo era aquel régimen, son más optmistas y opinan que el detenido saldrá de un momento a otro. A medida que el tiempo transcurre inexorablemente, las miradas de las dos mujeres indígenas se entristecen más y de manera constante contemplan el horizonte incierto para ellas, hasta esos momentos. Las dos mujeres que lloran son la madre y esposa de Cándido Félix Santiago, el niño de 5 años es el hijo del luchador social, que junto a su madre y su abuela exigen su libertad. Cándido Félix es un indígena me’phaa del pueblo de Juanacatlán, municipio de Metlatónoc y dirigente de la Consejo Me’phaa de la variante lingüística Bathaa, ha sido encarcelado tres veces por el único delito de luchar por el desarrollo y mejorar la educación de la gente de su región. Decenas de veces los indígenas solicitaron maestros para más de 20 comunidades. El gobierno no sólo no respondió a las demandas de mejor educación, sino que mandó encarcelar a Cándido en tres ocasiones, en un intento por acallar las voces indígenas que sufren de manera directa los estragos de la pobreza y la marginación. Para estos pueblos estos derechos fundamentales como educación, salud, vivienda, empleo son sólo letras muertas que yacen en la Constitución y los tratados internacionales firmados por México. Estas voces son las que gritan y muestran al mundo la ineficacia de las políticas neoliberales. La extrema pobreza en que viven estos indígenas evidencia por sí misma los verdaderos resultados de la política gubernamental, pese a sus cuentas alegres. Los grandes hoteles, centros turísticos, que se encuentran en el Acapulco Diamante, las compañías mineras que explotan a diestra y siniestra los recursos naturales de nuestra entidad, no se traducen en resultados concretos para estos pueblos, por el contrario cada día empobrecen más, ante el abandono y olvido gubernamental. Hace más de 500 años llegaron los españoles a estas tierras, intentaron destruir nuestra cultura, saquearon nuestras riquezas e intentaron exterminar a los pobladores originarios. Más tarde, ya en el periodo independiente de nuestro país, los gobernantes criollos con una visión integrista continuaron con su propósito de destruir la cultura de los pueblos originarios, los consideraban un obstáculo para el progreso, por ello afirmaban que debían integrarse al progreso y la modernidad, es decir, tenían que aceptar una ley, una religión y una visión del mundo y de las cosas, que no era de ellos. Pese a estos intentos etnocidas, los pueblos indígenas han resistido e iniciado una lucha por su reconocimiento, por que se respeten sus propias formas de ver el mundo, de organizarse, de aplicar sus leyes. Sus luchas han dado frutos, sobre todo en el plano internacional, los cuales se ven traducidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre lo Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumentos jurídicos que indudablemente constituyen un mecanismo para defender sus derechos. Pese a los logros en la esfera internacional, los gobiernos de nuestro país se muestran reticentes para cumplir con estos compromisos y leyes internacionales. En el año 2001 se hizo una reforma constitucional que contraría lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT. Pero eso no fue todo, en los años posteriores el gobierno ha instrumentado políticas que dejan en el olvido y en estado de indefensión a los pueblos indígenas, el desmantelamiento del Instituto Nacional Indigenista (INI) es una muestra de ello. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), organismo que sustituyó aquél, maneja un presupuesto ínfimo y no atiende los rubros del ex INI. La Secretaría de Asuntos Indígenas en el estado es la que cuenta con menos recursos. Con esto los pueblos indígenas pasan a un segundo plano, no existen políticas concretas que tiendan a revertir la pobreza y marginación. Lejos de que se cumpla con lo que establecen los tratados internacionales, en el sentido, de priorizar a los pueblos indígenas marginados, las autoridades se han olvidado de ellos. Existe una obsesión de los gobiernos en aplicar las políticas neoliberales, que presupone abrir las puertas a la inversión extranjera y el consecuente saqueo de nuestros recursos naturales. Mientras a los pueblos indígenas se les tiene en el olvido, pues tal como en el pasado, a los ojos de los gobiernos, que se han convertido en esbirros del capitalismo, siguen siendo un obstáculo para el progreso. Por todo ello los pueblos han tenido que organizarse para exigir el cumplimiento de sus derechos más elementales como vivienda, educación, salud y empleo, pero este gobierno en lugar de dar una respuesta a estas demandas ha optado por encarcelarlos. El gobierno del estado ha trazado como eje de su política denostar y perseguir al movimiento social. No existe distinción entre el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo y el de Rubén Figueroa Alcocer, ambos reprimen al pueblo, aquél de manera selectiva y éste los hizo de forma masiva. La obstinación del gobierno del estado por querer mantener encarcelado a Cándido Félix es una muestra del poco compromiso que este gobierno tiene para con la educación y los derechos de los pueblos indígenas. Un gobierno democrático no encarcela a quienes protestan por el incumplimiento de demandas sociales, dialoga y ofrece alternativas. Establece un diálogo franco y abierto con los actores sociales de tal forma que de manera conjunta se vayan resolviendo los problemas sociales más sentidos. A esto se le llama la participación ciudadana y es parte fundamental de la democracia. La democracia no se agota en el sufragio. En tanto no haya participación de la sociedad los problemas permanecerán. Pero aún más con la persecución a los movimientos sociales nuestro estado se polarizará, haciendo irreconciliables las posiciones, lo que puede generar un conflicto mayor.