La tragedia de Tabasco ha movido a mexicanos de todos los sectores sociales a tender la mano a quienes están en desgracia. Lo
ocurrido en la tierra de Carlos Pellicer ha despertado una amplia solidaridad que muestra el grado de cohesión que mantiene
nuestra sociedad pese a la tremenda e injusta desigualdad económica que encona las diferencias de clase.
La sociedad mexicana ha respondido y responde bien, muy bien. Lamentablemente, no puede decirse lo mismo de las
autoridades, especialmente de las federales, que deambulan entre el desconcierto y la desesperación, lo que no ha escapado al
ojo certero de muchos caricaturistas, quienes pintan a Felipe Calderón con el agua al cuello y lanzando un desgarrador grito de
auxilio.
En efecto, en los últimos días, una y otra vez Felipe Calderón ha pedido a los mexicanos ayuda para los damnificados de Tabasco,
que mucho la necesitan en esta hora. Sin embargo, la función de un gobernante no es exhortar a la filantropía, sino poner en
juego los múltiples mecanismos de que dispone el Estado.
La solidaridad social debe ser siempre bienvenida, pero ya se sabe que las respuestas de fondo para las catástrofes están en
manos de quien gobierna, y esas respuestas pasan por medidas de orden asistencial, político, fiscal, legal y constitucional. Es
muy bueno que quienes tienen algo lo compartan con sus semejantes, pero es mejor que se cobre, a quienes tienen riqueza
excesiva, los impuestos suficientes para contar con recursos que permitan no sólo paliar problemas, sino resolverlos.
Es lamentable que los gobernantes de un país desconozcan los recursos de que disponen. Es igualmente triste que los
legisladores ignoren la razón por la que ocupan un lugar en el Poder Legislativo. A lo más que llegaron en estos días fue a lavar
un poquito su conciencia mediante su óbolo a la causa tabasqueña. Ignorantes de las facultades de que disponen, pretenden
resolver con limosnas lo que han sido incapaces de afrontar como representantes populares.
México es un país de baja –bajísima– recaudación fiscal. Reformas van y reformas vienen pero la captación hacendaria sigue
siendo paupérrima. La más reciente modificación a las disposiciones fiscales representa –si el gobierno es capaz de cobrar
impuestos– menos de un punto porcentual del producto interno bruto, cuando lo cierto es que se requiere elevar la captación en
por lo menos 10 puntos si queremos empezar a resolver los grandes problemas nacionales, lo que implica un crecimiento de la
economía muy superior al aumento de la población.
No es la primera vez que Tabasco sufre el embate de los fenómenos naturales. Ocurrió en 1956, cuando era todavía una entidad
rural. Sucedió a fines de los años noventa y, sin que se haya asimilado la experiencia, otra vez las aguas vuelven a arruinar
campos de cultivo y a anegar centros de población.
Las explicaciones oficiales suenan a pretextos: que si la precipitación fue mayor de lo esperado, que ante la naturaleza no hay
previsión que valga, que las lluvias se adelantaron a las obras en curso, en fin, que desde que se inventaron los pretextos se
acabaron los gobernantes ineptos y ladrones.
Lo cierto es que desde hace varios años se asignan partidas federales para desviar cauces, levantar diques y evitar tragedias. Lo
que no se ve es que tales obras se hayan construido. Por eso, al desfogar la Comisión Federal de Electricidad la presa de Peñitas
se lanzó sobre las partes bajas de Tabasco un caudal que incrementó la crecida de otros ríos y junto con la precipitación pluvial
convirtió en tragedia el exceso de agua.
De seguir los desatinos como hasta ahora, nade puede garantizar que el actual gobierno federal llegue al término del sexenio. No
se puede encabezar la administración pública con tanta ignorancia y tantos pasos en falso. Su colosal ineptitud no alcanza a
taparla ni siquiera la renovada campaña mediática contra Andrés Manuel López Obrador, como si éste fuera el culpable de las
lluvias.
Estamos ante un caso de raterías y complicidades punibles de autoridades de hogaño y antaño. Si había dinero y no se hicieron
las obras hay responsables que deben pagar las consecuencias de su indolencia o su corrupción. Alguien debe explicar por qué
José Luis Luege Tamargo fue nombrado director general de la Comisión Nacional de Agua si carece de formación profesional –es
ingeniero químico y sus últimas chambas antes de meterse a político fueron en la metalurgia–, lo que explica su completa
inutilidad en el cargo y ante la actual situación.
Es obvio que Acción Nacional carece de cuadros para manejar la administración pública, pero es del todo reprobable que para
cargos de alta complejidad técnica se recurra a politicastros que nada tienen qué ver con el perfil demandado. Hay mexicanos
que más allá de los partidos tienen las capacidades necesarias para ocupar los cargos de mayor exigencia técnica. Ya es hora de
que Calderón empiece a poner orden en su casa y se haga de colaboradores más aptos que los petimetres que lo rodean.