El 6 de julio pasado, Raúl Ramírez Castañeda, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del gobierno de Tamaulipas, dio una conferencia de prensa poco común: informó que han realizado una profunda investigación sobre empresas factureras que han afectado al gobierno local con más de 2 mil millones de pesos. La exposición del tema, sin duda, correspondió a la de un funcionario ducho con elementos de investigación afilados, el único detalle fue que la indagatoria que presentó solamente abarcó al gobierno anterior y no al del presente gobierno estatal, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca.
Justo al día siguiente se publicó el reportaje “Frontera de papel: desvíos de empresas fantasma en el norte de México”, donde se expone que en el periodo del actual gobierno de Tamaulipas empresas fantasma –a las que el Servicio de Administración Tributaria se refiere como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas– han facturado 400 millones 146 mil pesos a diversos gobiernos locales, la mayoría al estatal.
En el trabajo realizado por Iniciativa Sinaloa para el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub), se analiza a buena parte de los gobiernos de estados y municipios de la frontera norte de México. Tamaulipas es la entidad con el mayor número de facturas falsas.
Asimismo, se expone que entre la administración del ex gobernador Egidio Torre Cantú y la actual de Cabeza de Vaca la Secretaría de Finanzas del Estado recibió al menos mil millones 735 mil pesos en facturación apócrifa, lo que representa ¡80 por ciento! de los recursos. Le sucedieron los municipios de Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Altamira, Ciudad Victoria, Ciudad Madero y Tampico.
En total fueron 146 empresas que el SAT pudo ubicar como operadoras simuladas que proveyeron al gobierno estatal en ambos periodos.
La empresa que más facturó fue Tributos del Norte, SA de CV, una compañía que operó principalmente durante el gobierno estatal anterior, y que la actual administración considera como pieza clave en la estructura de defraudación.
En un comunicado, el gobierno local explicó: “dentro de esas empresas se encuentra Tributos del Norte SA de CV, con domicilio fiscal en Ciudad Victoria, la cual se encuentra incluida en el listado que publicó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como ‘empresa fantasma’ o ubicada en el apartado 69-B del Código Fiscal de la Federación. Tan sólo esta empresa facturó a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas más de 323 millones de pesos en el periodo 2014-2016”.
El gobernador Cabeza de Vaca no vive su mejor momento. Hace unos días se dio a conocer que la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República) lo investiga por vinculación con el crimen organizado y defraudación fiscal, y por si fuera poco ha sido mencionado por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin como uno de los políticos que recibió sobornos para aprobar en el Congreso de la Unión las llamadas reformas estructurales de México. El mandatario rechazó y calificó de “electorales” ambas acusaciones.
Esto debe ser tema de preocupación para el gobernador norteño. Hablar de defraudación fiscal en Tamaulipas –un delito que entre más conocemos, más ramificaciones le hallamos en el crimen organizado mexicano– nos hace recordar toda la historia de ex gobernadores acusados de colaborar con la delincuencia organizada. Por ejemplo, Tomás Yarrington Ruvalcaba, que gobernó la entidad de 1999 a 2004, ha sido acusado de lavado de dinero, fraude bancario y conspiración para introducir drogas a Estados Unidos; su sucesor, Eugenio Hernández Flores, también ha sido acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa, entre otros cargos. Y como se mencionaba al principio de esta columna, el actual gobierno investiga toda una red de empresas factureras que operaron en el sexenio de Egidio Torre Cantú.
Tamaulipas es un bello estado cubierto lamentablemente por una nube negra de violencia y corrupción desde hace varios lustros. La estructura criminal implantada por el Cártel del Golfo, Los Zetas y demás grupos criminales en colaboración con políticos locales ha calado en lo más profundo de la estructura política y económica regional.
La investigación y exposición realizada por Raúl Ramírez Castañeda, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del gobierno de Tamaulipas fue verdaderamente positiva. Sin duda esas estructuras de corrupción se deben extirpar de la administración pública, pero no podrá combatir la corrupción de verdad si no incluye a las estructuras de los actuales gobiernos estatal y municipales.