En los últimos años se ha intensificado la lucha de las mujeres para combatir la violencia de género. Han sido ellas quienes han irrumpido en la escena nacional para mostrar su rabia y su poder. Están más allá de los partidos políticos y de las autoridades que enarbolan los postulados de la cultura patriarcal. Han tomado las calles y expresado en las paredes su pensamiento que rompe con los paradigmas del machismo feminicida. Es un grito contra el status quo, una confrontación directa contra el poder que las cosifica y las criminaliza. Desde las plazas públicas y con acciones de fuerza emplazan a las autoridades para que salgan de sus esquemas machistas y tomen conciencia de que la participación de las mujeres ya no puede estar bajo el amparo de las órdenes del poder masculino.
En Guerrero, y especialmente, en la región de la Montaña donde convergen tres pueblos indígenas, las mujeres se han convertido en las protagonistas de sus propias luchas a lo largo de varias décadas. Ellas en medio de amenazas y agresiones permanentes se han abierto paso para llegar a los tribunales. Con el idioma materno han increpado a las autoridades municipales, ministerios públicos y jueces. Su misma presencia en las instituciones de gobierno representa un cuestionamiento a la forma de gobernar y de impartir justicia en una de las regiones más pobres del país. Están de pie con sus pies desnudos y con el estómago vacío pero con una dignidad inquebrantable, con una fortaleza de espíritu que no las ha doblegado ni atemorizado ante tanta violencia.
Los casos paradigmáticos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega mostraron al mundo esta violencia institucional castrense, que es precisamente la violencia institucionalizada que se ejerce contra las mujeres por ser indígenas y porque en la cultura machista no hay cabida para que a las mujeres se les respeten sus derechos humanos y se les garantice una vida libre de violencia. Valentina e Inés son parte de ese telar de historias que se tejen con lágrimas en las chozas donde las mujeres dan a luz a sus hijos en los pisos de tierra. Inés y Valentina urdieron con mucho sufrimiento y dolor historias luminosas marcadas por la tragedia. Son sobrevivientes de tortura sexual y encararon en la Corte Interamericana al Estado mexicano con su brazo armado que es el Ejército para espetarles que son los principales perpetradores de las violaciones que padecen muchas mujeres en México.
Es en este contexto como Tlachinollan estamos organizando el tercer tribunal de conciencia por los derechos de las mujeres, titulado “Telar de historias… de sueños y tragedias”. Es un espacio que con el apoyo de muchas compañeras que son víctimas de la violencia y la solidaridad de defensoras se ha logrado visibilizar los problemas estructurales que enfrentan las mujeres indígenas de Guerrero. El próximo 6 de marzo escucharemos los testimonios y las reflexiones de varias compañeras que estarán presentes en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la ciudad de Chilpancingo.
El Instituto Nacional de las Mujeres señaló que son 13 los estados de la república donde se ha declarado Alerta de Género, mientras que otros 9 se encuentran en procedimiento para su declaración y en otros 7 se ha declarado que es improcedente. Esto nos habla de que en 29 de los 32 estados de la república se ha considerado que por el contexto cruento que enfrentan las mujeres día tras día, es necesario aplicar la alerta de género. Lo que indica la realidad funesta de que las instituciones no están al servicio de las mujeres y mucho menos para protegerlas contra la violencia que se ejerce hacia ellas.
La ineficacia para atender e investigar los casos de violencia de género, está vigente, y pasa desde la falta de perspectiva de género en las investigaciones hasta las políticas públicas deficientes para la prevención de los casos de violencia. En cuanto a los feminicidios, hemos apuntado durante años la incorrecta tipificación de éstos, que generalmente se siguen tratando como homicidios dolosos lo que coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres y alienta la violencia entre los hombres. Uno de los ejemplos son las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica que reporta que en Guerrero en el 2019 se registraron únicamente 16 casos de feminicidios, cifra que para nada se acerca a la realidad que vive la entidad. Por su parte, la misma institución señala que se registraron el año pasado en la entidad 174 casos de homicidios dolosos contra mujeres; es decir, menos del 10% de los asesinatos de mujeres fueron catalogados como feminicidios. Mientras tanto la tasa de homicidios dolosos de mujeres es dos veces más alta en Guerrero que a nivel nacional; aquí en el estado es de 9.5 por 100 mil mujeres al día, mientras que en el país es de 4.4.
El caso de Melanie, una joven de 25 años, quien fue asesinada por su pareja, un miembro del ejército, la autoridad convalidó la versión del agresor calificando su muerte como un accidente. La versión inverosímil es que Melanie se cayó de las escaleras al preparar el biberón de su hijo de 4 meses. La policía estatal y la ambulancia que llegaron en los primeros momentos del suceso, señalaron que había sido una muerte natural. Sin embargo, las lesiones se veían más graves que las de una caída de las escaleras. Posteriormente, la necropsia de ley estableció como motivo de la muerte un traumatismo cráneoencefálico. A pesar de las múltiples lesiones que presentaba el cuerpo de Melanie y la necropsia de ley, así como la presión jurídica que se ha ejercido, la investigación presenta una serie de irregularidades y hasta la fecha los hechos no se han tipificado como feminicidio. La impunidad de este caso está muy relacionada con el hecho del que el responsable sea un elemento de las Fuerzas Armadas, lo que demuestra la protección de que siguen gozando por parte del sistema de justicia.
Además de la violencia feminicida otra violencia que lacera la entidad son las desapariciones de mujeres quienes además de sufrir este flagelo son víctimas del escarnio público, porque se les exhibe como responsables de su propia tragedia. En agosto de 2018 una familia sufrió la desaparición de la mamá, la hija y la nieta, sin que hasta el momento se conozca su paradero. El esposo acudió a las autoridades a interponer la denuncia; sin embargo, van más de dos años sin que la investigación haya avanzado. Lo grave no es sólo el riesgo de interponer estas denuncias, que en varios casos han costado la vida de varias personas, sino también de que la investigación no toma en cuenta su condición de mujeres como motivo principal de su desaparición. Hasta ahora, la investigación no tiene mayores avances y la ausencia de las tres ha destruido la vida familiar.
Las mujeres guerrerenses se enfrentan día tras día no sólo a la violencia feminicida, sino también a la violencia y discriminación enraizada en las instituciones que, en lugar de brindarles justicia o cuidado, las maltratan y revictimizan. Las mujeres de la Montaña que dan a luz se enfrentan a un sistema de salud ineficaz y racista, pues no existen hospitales especializados cerca de sus comunidades y las que tienen la posibilidad de asistir a algún hospital público, se topan con los malos tratos del personal médico que las discrimina por ser indígenas Y por último, aquellas que logran soportar estos maltratos también se enfrentan a la muerte, ante la falta de profesionalismo del personal y de insumos básicos para atender los partos. Mueren en las camillas o quedan con severos daños en su útero, sin que nadie entre las autoridades se responsabilice por la violencia ejercida. Las mismas estadísticas nos dicen que la muerte materna en la Montaña es parte de la violencia estructural que enfrentan las mujeres indígenas al constatar que es 2.5 veces más elevada que la tasa nacional.
Así sucedió con Nancy una joven de 17 años que con un embarazo de alto riesgo acudió al Hospital General de Tlapa de Comonfort; sin embargo, a pesar de tratarse de una situación de emergencia no la atendieron inmediatamente lo que complicó su parto y provocó una asfixia natal severa en su hijo, lo que generó un daño neurológico irreparable. A pesar de que existe una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las autoridades de salud se han negado a reparar el daño. En los hechos a las mujeres indígenas se les sigue tratando con la punta del pie, porque sólo en el discurso la autoridad habla de que cumplirá las recomendaciones. Mientras, las mujeres siguen cargando con la cruz de la discriminación y de la violencia institucionalizada.
Son las voces de las mujeres indígenas que a lo largo de este arduo caminar por la Montaña nos han dado lecciones de dignidad, pero sobre todo nos han enseñado con mucho pundonor cómo se deben defender los derechos de las mujeres caminando cuesta arriba, enfrentando la violencia comunitaria ejercida por los hombres y la violencia institucionalizada que aplican las autoridades municipales, los agentes del Ministerio Público y los mismos jueces. Desde lo más recóndito de la Montaña, las mujeres tejen el telar multicolor de sus historias en el que vienen impregnados sus sueños y sus tragedias. Son ellas las que han tenido que salir a las calles para sacar la casta y gritar ¡basta ya!