La Madre Academia aporta tres definiciones de terrorismo. La primera es “dominación por el terror”; le sigue “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror” y, por último, “actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”.
Cualquiera de esas definiciones sirve para calificar los hechos de los últimos días, en los cuales, de manera simultánea, si no es que coordinada, se desplegó una alarmante violencia en varias ciudades del país, con saldo de numerosos vehículos quemados, bloqueo de calles y carreteras, asaltos a gasolineras, ataques incendiarios contra decenas de tiendas de conveniencia (curiosamente todas ellas de la cadena Oxxo), y un número indeterminado de muertos, al parecer pocos para la magnitud de los hechos.
Una versión es que el despliegue criminal se inició cuando, una vez más, la fuerza pública fracasó en su intento de arrestar a varios capos del llamado Cartel Jalisco Nueva Generación, los que sesionaban en Ixtlahuacán del Río, Jalisco. Sus matones, fuertemente armados y con chalecos antibalas, lograron impedir la detención de los jefes y sólo cayeron en manos de los militares algunos delincuentes menores, lo que indica que la acción de la fuerza pública fue improvisada o mal planeada.
No es algo nuevo que las mafias bloqueen caminos, extorsionen, roben y asesinen. Lo que parece mostrar un cambio de estrategia criminal es que el despliegue de violencia se produjo esta vez en localidades de varios estados como Baja California, Chihuahua, Guanajuato y por supuesto Jalisco.
Las autoridades intentaron minimizar los hechos. El presidente López Obrador consideró que lo sucedido y difundido era producto “de un interés” de los neoliberales y conservadores. De paso, acusó a los medios de comunicación de “hacer periodismo amarillista, sensacionalista”, pero no informó quiénes son esos adversarios, lo que los mexicanos deberíamos saber.
Por su parte, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, lamentó los hechos de la semana pasada y tildó lo publicado de “propagandístico”. No fue menos optimista el subsecretario de Seguridad Público, Ricardo García Berdeja, quien por un momento interrumpió su precampaña como aspirante a la gubernatura de Coahuila. Atribuyó este señor lo ocurrido en estos días a que los grupos criminales han visto mermada su capacidad delictiva y han sufrido un debilitamiento (menos mal) y su despliegue de violencia busca “generar sicosis social”, lo que consiguió, pese a la opinión oficial.
Eduardo López Mares, dirigente del PAN en Guanajuato, entidad donde la delincuencia organizada se mueve a sus anchas, tuvo la desvergüenza de decir en conferencia de prensa: “tengo mis sospechas de que efectivamente el gobierno federal está metido y atrás de estos ataques”. La misma acusación estúpida circuló profusamente en redes sociales, como si al Ejecutivo Federal le conviniera dar una imagen de impotencia y caos.
Obviamente, el despliegue criminal beneficia a los enemigos de López Obrador, quienes tratan y tratarán de sacar raja de lo sucedido, pero las mafias delictivas tienen sus propias razones para actuar como lo hicieron, pues la presión de Washington ha obligado al gobierno mexicano a realizar la aprehensión de algunos capos, a lo que éstos han respondido con demostraciones de fuerza, algo que lamentablemente seguirá ocurriendo mientras no se trace una estrategia clara y eficaz para reducir la criminalidad.
Mientras la economía no crezca, en tanto que millones de ciudadanos estén en la miseria, las mafias tendrán donde reclutar el personal necesario para sus fechorías. Pero aún si tuviéramos buenas tasas de crecimiento del PIB y se redujera la pobreza, harían falta intensas campañas para desalentar las vocaciones criminales y, por supuesto, debería procederse a una despenalización bien reglamentada de las drogas, sin el puritanismo absurdo con que se ha procedido en el caso de la marihuana. Indispensable es también una amnistía negociada para dar una salida aceptable a los mafiosos y estimular que inviertan sus inmensos capitales en tareas productivas. Roosevelt lo hizo, ¿Por qué no puede hacerlo un presidente mexicano?