La democracia no es un decreto múltiple de felicidad, como asienta Eduardo Robledo Rincón en su libro: Poder, ¿para qué? Sobre todo, cuando su acceso va cargado de las exigencias de una ciudadanía esperanzada, que reclama acciones y resultados inmediatos. Por eso, hay que caminar hacia una nueva práctica gubernativa eficaz, donde el poder esté al servicio de la causa ciudadana y sea manejado con humildad y sencillez.
El gobernante que accede al poder para administrar la cosa pública puede ir más allá; puede trascender su circunstancia en función de su capacidad para innovar en su actuación, identificando la génesis de los verdaderos problemas que irritan colectivamente a los gobernados. Por ejemplo, ingobernabilidad, inseguridad, desigualdad e injusticia, entre otros, son obstáculos que cuestionan la capacidad para dirigir al colectivo por una ruta adecuada en la consecución del bienestar y paz a corto plazo.
Para hacer viable una agenda para el cambio se requiere sumar fuerzas. De ahí la importancia de hacer alianzas políticas hasta el límite que nos señalen nuestros principios y valores ideológicos. El ceder y negociar en lo secundario para avanzar en lo sustantivo se vuelve destreza clave en el proceso del ejercicio y administración del poder; para así convertir la energía social en instrumento transformador dentro de un escenario nacional que exige mayor visión, compromiso y transparencia. Estamos en una situación de retos y desafíos de un mundo globalizado más cambiante que en otros tiempos; tanto para bien como para mal.
“Ahora los gobernantes no pueden hacerlo todo y solos”; no hay cabida para gobiernos autoritarios, verticales y poco interactuantes con las organizaciones civiles. Cualquier decisión o propuesta en la democracia tiene que conciliarse y negociarse civilizadamente. Se requiere construir consensos con diferentes actores sociales, económicos y políticos antes de llevarlas a cabo. Quedaron atrás las hegemonías y las prepotencias. La transformación democrática de la sociedad sólo se hace con la participación de la mayoría del pueblo.
El poder, en un contexto democrático, hace irremplazable la necesidad de que las agendas de los diferentes actores políticos se tomen en cuenta, según el peso político específico que tienen sus protagonistas. La responsabilidad de un gobernante es ser incluyente y proceder a la articulación, para así lograr la cooperación de todos en la consecución de los fines comunes.
El prometer en política, entusiasma; el no cumplir, desacredita. Una cosa es acceder al poder y otra es aplicarlo, su realización debe de ser de tal manera que los ciudadanos tengan la certeza que habrá progresos importantes en la solución de sus ingentes problemas.
En las últimas tres décadas los gobernantes y sus equipos de trabajo llegaron al poder con el propósito del gozo personal y del disfrute de los privilegios que de él se derivan y que van desde los económicos y políticos hasta los meramente egocéntricos que motivan la rapaz participación en la política.
En ese marco, el poder se entiende para muchos gobernantes y políticos como una unión de falso prestigio, de mando sobrevaluado y obtención de canonjías de toda naturaleza. Un gobierno con ese tipo de políticos será un gobierno mediocre, sin altura de miras o rumbo. A los más, podrá hacer obras y acciones buenas de pequeña envergadura, pero no serán de trascendencia.
Hay procesos gubernamentales donde es perentorio socializar su operación; en virtud de que la unilateralidad genera poca credibilidad y escasa participación popular. Hay que insistir en que la democracia en sí misma no da resultados positivos inmediatos y es un sistema de gobierno exigente, en lo mucho y en lo pronto.
PD. Reconozco la deferencia del presidente de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, Alfredo Sánchez, para invitarme a participar como asesor en la misma; en el mismo tenor al doctor Víctor Villalobos Arámbula, futuro secretario de la Sagarpa, en su equipo de transición.