La Policía Estatal es la que llegó y empezó a tirar balazos. Primero se escuchó como un cohetón pero yo sentí que más bien fue un balazo. Fue como una señal porque todos los policías que ya nos tenían rodeados apuntaron con sus armas. Se fueron contra nuestros policías comunitarios. Empezó la balacera. El helicóptero volaba bajito para espantarnos y para aturdirnos y distraernos. A todos nos decían, “tírense o los matamos”. Entonces lo único que pude hacer fue sacar mi machete pero me encañonaron por atrás. A los policías comunitarios se les amontonaron los policías del estado para desarmarlos. Se notó que traían ganas de que corriera la sangre, todos venían tapados de la cara. Sabían lo que iban a hacer. Varios policías traían hasta guantes blancos.
Primero nos decían que traían la orden del gobernador de desarmarnos, pero la mera verdad así como llegaron nos dimos cuenta que la orden que traían era para matar. Nos sentaron en la galerita de palma de la comandancia, nos repetían que si no nos tirábamos nos matarían, pero nunca lo hicimos, yo estaba decidido a morir, esperaba el tiro de gracia porque nos decían, “vamos a acabar con todos, los vamos a matar”. Me revisaron mi mochila tres veces, traía una resortera y una garrafa de agua. “Corran, a la chingada, corran”, dijeron pero el cobarde que corra, nos decía Marco, seis estatales cortaron cartucho, los comunitarios nunca dispararon, eran pocos, como diez, sí se resistieron pero nunca dispararon.
Estaba en el huamuchito, el primer balazo que oí se escuchó por la calle que va a San Isidro Gallinero. Al otro lado de la casa de justicia allí desarmaron a un comunitario, a pesar de que corrió para cruzar la cancha se le cerraron otros policías y luego lo empezaron a golpear. Lo arrastraron de los pies y lo llevaron donde estaban tirando balazos. Como había muchos policías del estado ya no vi si fue uno de los que ahí quedaron muertos. Llegaron preguntando por el comandante regional de la Comunitaria, fueron hasta el cementerio a detenerlo. Empecé a escuchar varios balazos de automática.
Estábamos en la esquina de la comandancia de la Policía Comunitaria, por el huamúchil, “lárgate de aquí”, me dijeron arrebatándome el machete. Los campesinos nunca podemos despegarnos de nuestra herramienta de trabajo. En el campo no podemos hacer nada sin nuestro machete, pero esto no lo entienden los policías. Vótense al suelo me  dijo un policía estatal, ¿porqué? Le contesté, si no he robado, ni matado, pero seguían las amenazas, entonces escuché los disparos por el rumbo del Gallinero. Allí empezó todo. Los policías del gobierno comenzaron a tirar balazos. Pensaron que los del pueblo junto con los comunitarios íbamos a pelear con ellos. ¿Usted cree que íbamos a poder hacer algo cuando ya nos tenían rodeados y estaban preparados con sus mejores armas apuntando a toda la gente? Nosotros los campesinos somos pacíficos, sin embargo el gobierno siempre llega con sus policías armados para detenernos o para matarnos. Aquí los policías del estado no son gente de confianza porque se dedican a cometer delitos y lo peor de todo es que ahora trabajan con los mañosos. Sus armas las usan para meterle miedo a la gente. Ojalá que esas armas fueran para defendernos de los delincuentes. Por eso nosotros apoyamos la creación de la Policía Comunitaria, porque ellos sí nos cuidan y nosotros también los vigilamos para que no vayan a ser como los policías del gobierno. Su trabajo es como un servicio, porque no tiene sueldo, y tampoco cargan armas automáticas, son las mismas escopetas que usamos cuando vamos al campo.
Estos testimonios que se han ido documentando a cuentagotas con la gente que testificó esta acción delincuencial de la Policía del Estado y la Policía Ministerial, apoyadas por el Ejército y la Gendarmería dan cuenta sobre el modo de actuar de las corporaciones policiales para quienes el uso de la fuerza es el único método para enfrentar un conflicto de alta intensidad. Este operativo nos rememora otros eventos que nos remiten a la barbarie de Aguas Blancas y a la brutalidad cometida contra los estudiantes de Ayotzinapa en la Autopista del Sol. Lo que más preocupa es que las autoridades del estado dejan que los mandos policiacos actúen sin ningún control en el uso letal de la fuerza. Usan las armas para abatir a la población, en ningún momento su intervención es para disuadir y controlar a las partes que están enfrentadas.
La presencia de los policías estatales en lugar de distender el ambiente fue para atizar la lumbre con sus armas de fuego. El número de policías armados no se compara con el número de habitantes de La Concepción, mucho menos con el número de policías comunitarios, ni con el precario armamento que utilizan. ¿qué podrían hacer 20 policías de la CRAC-PC que portaban algunas escopetas contra más de 200 policías estatales que llegaron fuertemente armados?, ¿a poco corrían el riesgo de sufrir una agresión cuando ya tenían rodeada a la comunidad y todos los efectivos estaban con las armas en posición de tiro?, ¿qué información realmente tuvo el gobierno para actuar con esta desmesura?, ¿qué llevó a las autoridades del estado a ordenar un operativo con grupos de élite bien apertrechados para someter a un pequeño grupo de la Policía Comunitaria y dar la orden de abatir a tres de ellos?, ¿qué calidad de información manejan las autoridades del estado y que visión tiene de la CRAC? ¿Son en verdad ellos –como lo dice la vocería del gobierno– los grandes delincuentes a quienes se les aplica toda la fuerza del Estado?
Este operativo no fue para restablecer el orden, en los hechos se aplicó para atacar a la Policía Comunitaria y para detener a Marco Antonio Suástegui, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota. Más allá de lo que puedan arrojar las investigaciones sobre los hechos acontecidos en la madrugada de ese domingo 7, donde murieron seis personas de la comunidad y dos policías comunitarios, nada justifica la forma en como intervino la policía del estado y la Ministerial con las familias de La Concepción que pertenecen al CECOP y a la Policía Comunitaria. Varios videos muestran cómo se comporta la policía contra una población indefensa. No les importó que hubieran niños, jóvenes personas mayores, mujeres en el centro de la comunidad. Para ellos toda la gente representaba un peligro y por eso de manera indiscriminada encañonaron a la población que estaba ahí presente. A todos les gritaban que se tiraran porque si no los iban a matar. En verdad eso pasó. Dispararon sus armas y mataron a tres policías. Para asegurarse de que no haya evidencias que den fe de estos hechos atroces, se fueron contra el fotoreportero Bernardino Hernández Hernández, quien se encontraba dentro de la escena principal donde sucedieron los hechos de sangre. La orden que daban los mandos policías de que también los periodistas se tiraran era una advertencia para que no registraran estos hechos y al mismo tiempo ser blanco de una bala. Este operativo incluyó también cateos ilegales en los domicilios en los miembros del CECOP. Entraron gritando a los caseros que entregaran todas las armas, se metieron a sus pequeños cuartos y hasta el baño. Eso mismo hicieron en varios domiciliares de Aguacaliente, en esta comunidad hubo testigos de que Iván Soriano Leal alias El Chistorete iba dentro de la camioneta de la Policía del Estado y desde allí señalaba la casa y daba el nombre de la persona que supuestamente tenía armas.
Desde ese día los patrullajes continúan. Las autoridades del estado dicen en inserciones pagadas que este operativo es para restablecer el orden, sin embargo para la gente del CECOP se trata de un hostigamiento y una amenaza para que no salga a protestar. Con su presencia están alentando el odio y la venganza. Las reuniones que ha tenido el comisario en la comunidad han sido avaladas por estas corporaciones policiales, quienes se han prestado para amedrentar a las familias y generar miedo y al mismo tiempo fueron cómplices de que quemaran todas las evidencias que había dentro de la comandancia. Estos hechos son graves porque las autoridades están obligadas a resguardar la escena del crimen y sobre todo a garantizar que las investigaciones se realicen en condiciones adecuadas. Lo que sucedió en La Concepción condensa un modo de gobierno centrado en la fuerza, utilizando las armas no para proteger a la población sino para cobrar venganza y lo que es lamentable es su postura de colocar a la Policía Comunitaria como un grupo de delincuentes y mostrar a su dirigente histórico como un criminal consumado. Los organismos internacionales como la ONU han ya señalado estas actuaciones de la Policía del Estado que violentan los derechos humanos. Las autoridades tienen que dar cuenta del uso letal de la fuerza y por lo mismo tiene que aplicar el Protocolo de Minnesota para determinar la responsabilidad de las policías del estado en las ejecuciones de los policías comunitarios.