En la Montaña de Guerrero se encendieron los focos rojos de la inseguridad cuando la familia del presidente electo de Cochoapa el Grande, Daniel Esteban González decidió hacer pública su desaparición ocho días después de los lamentables hechos. Fue en una conferencia de prensa realizada en las oficinas estatales del PRD, donde se emplazó al gobernador del estado a que investigara el caso con extrema celeridad. La desaparición del presidente electo no sólo ha causado un gran impacto a nivel regional, sino que ha sido un tema de interés nacional, por las implicaciones políticas que representa en este momento de cambios y reacomodos en los poderes locales.
La situación es grave porque se sigue reproduciendo un patrón de investigación que resulta ineficiente. Desde el 2 de septiembre a la fecha no hay ningún indicio sobre el paradero del alcalde electo perteneciente al pueblo na’savi y originario del municipio más pobre del país. A pesar de la presencia del fiscal general en la ciudad de Tlapa y del despliegue policial que se ha realizado en la región, los familiares de Daniel siguen en la incertidumbre y la zozobra.
Este lamentable hecho se concatena con varios casos relacionados con secuestros, extorsiones, amenazas, desapariciones y asesinatos que se han incrementado en lo que va de este 2018. Lo más grave es que las autoridades encargadas de investigar los delitos, a pesar de recibir las denuncias de las familias, difícilmente entregan resultados favorables de los casos investigados. Hay una incompetencia muy marcada en el aparato de seguridad y justicia del estado para investigar los crímenes más graves. No sólo hay una barrera profesional, sino que también existen una multiplicidad de carencias relacionadas con falta de personal capacitado, con peritos especializados, manejo de nuevas tecnologías, mayor presupuesto para la infraestructura y compra de equipamiento, entre otros, que redundan en un deficiente servicio que robustece la impunidad y la corrupción.
Este problema no se circunscribe al ámbito regional, es una cuestión estructural que se enfrenta a nivel estatal y federal. A pesar de varias reformas constitucionales, legales e institucionales, así como el incremento del gasto para la seguridad, la población sigue siendo rehén de la violencia y de un aparato de justicia que no la protege. Las autoridades federales y estatales no muestran ese interés por el tema y mucho menos asumen críticamente las políticas fallidas que se han incrementado durante varios sexenios en el rubro de seguridad pública. Hay una débil o nula documentación de lo que se ha aplicado y lo peor de todo, es el exiguo aprendizaje de las autoridades en turno sobre planes y programas relacionados con las políticas de seguridad. No se ve que se recuperen experiencias exitosas sobre la construcción de seguridad y que sirvan de plataforma para impulsar nuevas iniciativas orientadas a corregir lo que no funciona y a fortalecer lo que ha sido útil y eficaz para la sociedad.
En esta coyuntura política que vivimos como país y ante la onda crisis de seguridad que está costando muchas vidas, es de suma urgencia hacer una revisión profunda de las políticas de seguridad que se siguen implementando a nivel nacional y estatal. Para todos y todas es claro que los problemas se están agudizando y que no se están tomando las medidas adecuadas para contener esta espiral de violencia. Cada día se incrementa el número de víctimas que enfrentan realidades que nos hablan de un contexto donde no se aplica el Estado de derecho. La experiencia más devastadora es la impotencia e indefensión de las personas ante los embates del crimen perpetrado tanto por actores estatales como no estatales. Tomando como referencia la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tenemos que desde el 2011 se registran cada vez más víctimas. En la encuesta de 2016, se encontró una víctima de delito en uno de cada tres hogares visitados y en más del 90 por ciento de los casos no se presentó denuncia ante las autoridades.
Esta geografía de la violencia guarda historias y experiencias muy dolorosas que son la expresión de la barbarie por los crímenes que se cometen. Se trata de historias que no se atreven a contar porque está de por medio la vida misma y porque nada garantiza denunciar estos hechos cuando todo queda en el baúl de la impunidad. En este escenario se mezclan múltiples tipos de violencia y diversas formas que adquiere la delincuencia, ante la indolencia y complicidad de las autoridades, que causan el mayor daño posible a las personas en general y sobre todo a las que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
La cara más visible de todo este problema es el homicidio violento. Desde 1997 el Sistema Nacional de Seguridad Pública empezó a registrar estos casos para cuantificar el problema que enfrentamos como país. En aquel año, la tasa de homicidios por cien mil habitantes fue de 13.94 por ciento y en 2016 ascendió cerca del 20 por ciento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que un país sufre una epidemia de violencia cuando la tasa de homicidios es igual o mayor a diez.
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana (ENSU) también del Inegi, encontró en septiembre de 2017 que el 80 por ciento de las mujeres y el 70 por ciento de los hombres que entrevistaron se sienten inseguros en la ciudad donde viven. Al grado que un promedio de 76 por ciento de la población adulta en México se siente insegura. En nuestro estado las ciudades de Chilpancingo y Acapulco, son dos de los lugares más peligrosos del país y eso lo ha manifestado la misma población.
La realidad es que las autoridades a pesar de encontrarse en la cresta de la ola de esta violencia que nos arrastra al precipicio siguen sin corregir el rumbo y sin depurar las instituciones de seguridad y de justicia. Los operadores de estas instituciones siguen sin entregar resultados favorables a la sociedad. La misma población ha perdido confianza en el trabajo que realizan y los considera más bien como parte de un aparato que se ha volcado contra las mismas víctimas y se ha encapsulado para trabajar a la usanza tradicional, es decir, de espaldas a la sociedad y encubriendo a los perpetradores.
Ante la adversidad que avasalla a una población inerme, en nuestro estado han emergido respuestas de la misma población para hacer frente al flagelo de la violencia, recurriendo a formas de organización comunitaria, como la respuesta más confiable y eficiente ante una fuerza irrefrenable que atenta contra la vida y la seguridad de las familias. En lugar de sucumbir y sufrir estoicamente esta espiral de la violencia, en varias regiones del estado han emergido respuestas de la población para hacer frente a esta embestida delincuencial.
Históricamente la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que se constituyó en octubre de 1995 en la comunidad me’phaa de El Rincón, ha sido la respuesta más exitosa de los pueblos indígenas de la Costa- Montaña para garantizar seguridad y aplicar justicia a los pueblos, haciendo uso de sus sistemas normativos que están reconocidos a nivel internacional y nacional. Este modelo de seguridad ha sido el que ha inspirado varias experiencias que tienen como sustento las asambleas comunitarias y regionales que son las máximas autoridades que exigen cuentas a los grupos de la Policía Comunitaria. Las Policías Ciudadanas (PC) o grupos de autodefensas han sido parte de esta diversidad de expresiones que han creado los pueblos para responder a las amenazas que provienen tanto de grupos de la delincuencia organizada, como miembros del Estado que se han coludido para cometer delitos graves.
Surgen ante el resquebrajamiento del sistema de justicia y seguridad estatales, que además de no entregar resultados tangibles a las víctimas de la violencia, se han erigido como instituciones que le han dado la espalda a la sociedad. No es una cuestión de apreciaciones subjetivas o de opiniones académicas o periodísticas; son realidades que están tocando fondo y afectan a la gente que enfrenta diariamente experiencias dolorosas como producto de los peores crímenes. Estas graves fallas que han creado un vacío de poder en el estado y un ambiente donde predomina la ley del más fuerte, ha dado pie a que varias familias estén sufriendo no sólo la desaparición de sus seres queridos, sino también que hayan sido víctimas de delitos de alto impacto, como asesinatos y secuestros, y se han visto orillados a levantar la voz y pedir la presencia de la Policía Ciudadana (PC) de la Costa Chica, aglutinada en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y de la Policía Comunitaria autodenominada como Pueblos Fundadores de la Montaña baja. Ante este llamado urgente llegaron más de 300 elementos, el jueves 13 de septiembre a la ciudad de Tlapa “…a solicitud de ciudadanos y autoridades para frenar la espiral de violencia”.
Es una respuesta ante la ineficacia de las autoridades que no han podido brindar seguridad y justicia a la población. Durante su estancia se han suscitado momentos de gran tensión por la detonación de armas de fuego, sobre todo porque las autoridades competentes, de manera deliberada han quedado al margen de este conflicto. Queda evidenciado que el gobierno ha dejado en los policías ciudadanos la responsabilidad que es propia del Estado, de velar por la seguridad y los derechos humanos de la población. Es grave que las autoridades no atiendan de manera integral este problema, y que más bien dejen escalar este conflicto, que puede dar pie a una confrontación mayor, dejando a la población en un estado de total indefensión. Urge establecer una mesa de dialogo político con las autoridades federales y estatales para atender esta delicada situación y prevenir un clima de mayor polarización social.