El último episodio de la tragedia de Tlatlaya desconcierta a quienes desde un principio tratamos de entender lo que sucedió ese día en el Estado de México. Ahora resulta que los tres militares sometidos a juicio civil y acusados por la PGR de ejecuciones extrajudiciales, tortura y encubrimiento, si no me equivoco, fueron liberados o exonerados debido a la falta de pruebas suficientes por parte del juez federal que llevaba el caso.
Lo primero que conviene subrayar es el respeto al debido proceso y a los tecnicismos de la ley en un tribunal que, a diferencia de otras instancias, debe valer para todos. Entiendo que, para los tontos útiles, la ausencia del debido proceso en el caso de Florence Cassez no era motivo suficiente para liberarla, más bien debieron haberla mandado al patíbulo independientemente de cualquier proceso o petición. No comparto esa opinión y, por lo tanto, aunque estoy convencido en lo personal que sí se trató de una ejecución extrajudicial por parte de militares, si un juez federal decide que la PGR no presentó pruebas suficientes los acusados deben ser liberados. Su culpabilidad en mi mente y en el imaginario social no viene al caso.
La pregunta que subsiste es por qué la PGR fue incapaz de presentar expedientes bien documentados y robustos cuando la CNDH, por ejemplo, desde hace tiempo le entregó una gran cantidad de testimonios, pruebas forenses, etcétera, que debieron haber sido incorporados al expediente y sido suficientes para el juez. Por desgracia, no es la primera vez que la PGR la riega. Más bien a lo que se dedica en principio es a regarla: desde el Michoacanazo por lo menos, o en todo caso desde que comenzó la guerra de Calderón y de Peña Nieto, la PGR pierde caso tras caso. No me parece mal a priori que casos mal presentados sean rechazados. Pero insisto en la pregunta ¿Quién los presenta tan mal?
Quizás la explicación radica en lo que dijo el ex procurador, Jesús Murillo Karam, que ha tenido que cargar con el drama de la “verdad histórica” de Ayotzinapa. Tanto en público como en conversaciones privadas repetía incesantemente que le habían entregado la procuraduría devastada, una PGR que no servía, una institución en un estado lamentable. No tengo motivo alguno para no creerlo. Pero entonces viene otra pregunta ¿Quién le entregó esa institución devastada? ¿Cuál de los tres procuradores de Calderón, Medina Mora, Arturo Chávez o Marisela Morales devastó la institución? ¿O Medina Mora la recibió devastada del sexenio anterior, es decir, de Cabeza de Vaca y del general Macedo de la Concha? ¿O si Fox no la entregó devastada, sino que la recibió devastada? Y así nos podemos seguir hasta el origen de los tiempos.
Si alguien dijera hoy que la PGR es una institución inservible, no de ahora sino desde hace décadas, creo que pocos mexicanos discreparían. Entonces terminamos con las últimas preguntas ¿Por qué no se ha hecho nada al respecto? ¿Por qué nadie ha sido castigado? ¿Por qué no ha habido consecuencias por devastar una institución que ni siquiera puede presentar expedientes sin una mínima solidez en un caso tan claro como Tlatlaya?