La llamada Asociación Transpacífica (Trans-Pacific Partnership o TPP) es un acuerdo comercial firmado apenas el 4 de febrero en Nueva Zelandia por los gobiernos de 12 países de Asia y América. Según se ha dado a conocer oficialmente, los miembros del TPP representan el 36 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y el 25 por ciento del comercio internacional.
Hasta ahora, forman parte del Acuerdo Nueva Zelandia, Singapur, Chile y Brunei, que fueron los fundadores, luego entró Estados Unidos, y tras de la potencia del norte se incorporaron Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam. El principal socio, Estados Unidos abrazó el Acuerdo con un claro interés no sólo comercial sino sobre todo geopolítico: crear una alianza económica estratégica en ambos lados del Pacífico para ganarle socios a la gran potencia emergente, China.
Anunciado como un Acuerdo comercial ambicioso que eliminará 18 mil impuestos al comercio y que contará con los niveles de protección laboral y del medio ambiente “más elevados de cualquier acuerdo comercial en la historia”, el TPP espera ahora ser ratificado por los Congresos de los países firmantes, incluyendo el Senado de la República en el caso de México. Con ello se ha iniciado un debate entre los partidarios y oponentes del libre comercio. Una guerra de cifras sobre sus ventajas y desventajas. Destaca, sin embargo, que aún en el bando de los apoyadores, se afirme que los logros se verán a largo plazo, en unos 15 años.
Las cifras que destacan los beneficios del TPP han sido duramente cuestionadas por diversos expertos, pero un aspecto medular del debate tiene que ver con el empleo. Los apoyadores del Acuerdo, entre otros el Peterson Institute for International Economics , se basan en la teoría de que la liberalización del comercio destruye empleos, pero también crea nuevas plazas de trabajo por lo que el nivel general de ocupación no resulta afectado. Pero para otros expertos (Dani Rodrik, de la Universidad de Harvard), esta visión ya no es admisible “a la luz de los nuevos datos empíricos…”. Los economistas, dice Rodrik, “no alcanzan a comprender aún porque el aumento del comercio internacional repercute negativamente sobre los salarios y el empleo, como efectivamente ha sucedido”.
Los oponentes a este modelo del libre comercio, entre los cuales destaca Jomo Sundaram, ex subsecretario general de las Naciones Unidas y ex director de la FAO, experto en desarrollo económico, consideran que los beneficios serán mucho menores de lo que aseguran los gobiernos. Todavía peor, si los beneficios tardarán décadas en concretarse, los principales riesgos y costos serán inmediatos. Los modelos elaborados para destacar los beneficios del TPP, dice Jomo, no aclaran los impactos sociales y macroeconómicos de corto y largo plazo como el desempleo, las pérdidas en los ingresos públicos y los efectos en la balanza de pagos. Se magnifica el impacto por el auge de las inversiones, pero se ignoran los costos. En realidad, dice Jomo, el TPP es más bien una carta de derechos para los grandes negocios, especialmente para las transnacionales nestadunidenses. El TPP, concluye, seguramente reducirá el empleo y aumentará la desigualdad.
En esta disputa, la experiencia mexicana puede ser muy relevante, pues el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se firmó hace ya más de 20 años. En materia de empleo, las cifras más relevantes muestran que más del 64 por ciento de los trabajadores asalariados ganan solamente hasta tres salarios mínimos, que los trabajadores apenas se llevan menos del 30 por ciento del ingreso nacional, que la informalidad alcanza al 60 por ciento de la población trabajadora. Pero quizás el fenómeno más evidente que revela los daños del libre comercio se ha reflejado en el fenómeno de la migración.
Según datos de Conapo, la población nacida en México que se fue a radicar a Estados Unidos totalizó, entre 1990 y 2010, 7.5 millones de personas, con un promedio anual de 375 mil mexicanos migrantes. El enganche económico de México a la economía de Estados Unidos vía el TLCAN estimuló la migración laboral en lugar de desalentarla. Una de las razones principal de ello es que en México no se crearon suficientes empleos con buenos salarios. Otra fue el diferencial de ingresos entre ambos países. En estas condiciones, millones de mexicanos fueron atraídos por los empleos que pagaban tres o cuatro veces mejores salarios que los que podían ganar en este lado de la frontera. La experiencia mexicana es pues, hasta donde se puede ver, concluyente: el libre comercio provocó un terremoto laboral: los empleos desplazados por al libre comercio no fueron sustituidos en cantidad ni en calidad por la nueva plaza que creó el Tratado.
Para enfrentar estas críticas, surgidas sobre todo de los sindicatos, los firmantes del TPP decidieron crear un capítulo especial, el 19, dedicado al Trabajo (Labor). En este capítulo, las normas laborales que deberán regir a los socios, se dice, están basadas en la Declaración sobre los principios y derechos fundamentales de los trabajadores de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Expresamente, el texto señala que no se permitirá a ningún país incumplir con estos derechos laborales. En particular, compromete a los firmantes a desalentar la importación de bienes, producidos en parte o totalmente mediante el trabajo forzado y el trabajo infantil.
También prevé la posibilidad de que se hagan demandas o quejas de los gobiernos o de las organizaciones de trabajadores. Para ello se establece un Labor Council, un Consejo del Trabajo, que revisará la implementación del capítulo y su adecuada operación.
Cassandra Waters (investigadora de Derechos Mundiales de los Trabajadores de la AFL-CIO) coincide en que la experiencia internacional del libre comercio, desde el TLCAN, ha mostrado que la desregulación y las protecciones extraordinarias para los inversionistas han contribuido al estancamiento de los salarios, el empleo precario, la migración masiva , el aumento de la desigualdad y el debilitamiento de la democracia.
La investigadora señala que, “con cada nuevo acuerdo se hace la promesa de que incluirá altos estándares laborales y que se exigirá que todos los socios comerciales que defiendan y hagan cumplir los derechos laborales fundamentales”. Pero, afirma, la capacidad y la voluntad para hacer cumplir estos compromisos no ha mejorado con las cláusulas del TPP. Es muy poco probable que los países socios cumplan íntegramente con estas disposiciones laborales. En el pasado, y con base en el estudio de otras experiencias internacionales de acuerdos de libre comercio, se ha demostrado que los trabajadores pueden presentar denuncias sobre violaciones a sus derechos, pero ha sido muy difícil obtener resultados significativos. Su estudio se ha basado en casos como el de México, Malasia, Colombia, Honduras, Guatemala y El Salvador.
Pero el asunto del TPP no para aquí. La otra gran preocupación es la que se refiere al capítulo de propiedad intelectual, y en especial lo que se refiere a los medicamentes genéricos. Médicos sin Fronteras (MSF), una organización muy prestigiada, sin fines de lucro, ha señalado recientemente que “permanece extremadamente preocupada por la inclusión de peligrosas disposiciones que desmantelarían las garantías para la salud pública consagradas en el Derecho Internacional…”, pues se restringiría el acceso a medicamentos genéricos más baratos. En el texto del TPP , dice MDF, se obliga a los gobiernos a extender las patentes existentes de estas grandes empresas más allá de los términos actuales de 20 años a petición de esas trasnacionales. Ello, afirman, “sólo encarecerá el precio de los medicamentos y causará sufrimiento innecesario a millones de personas”.
El Senado mexicano, en su momento, tendrá que revisar ésta y otras cuestiones sustanciales antes de tomar una decisión. Aún hay tiempo. Repetir la historia del TLCAN, ahora ampliada con el TPP, sería imperdonable.

Twitter: #saulescoba