El pasado primero de mayo miles de trabajadores salieron a marchar por las calles de México después de dos años de reclusión debido a la pandemia. Durante ese lapso muchas cosas han cambiado. La situación económica del mundo y de México no presenta un panorama optimista para los trabajadores. Sin embargo, no sólo ha habido malas noticias: en el aspecto legal, poco antes de la irrupción del Covid, se aprobaron reformas a la Ley Federal del Trabajo para garantizar la libertad y la democracia sindicales. Pocos meses después se aprobó el capítulo XIII de la LFT que norma a las “Personas Trabajadoras del Hogar” con doce artículos nuevos.
En 2021, se aprobaron otras reformas, en este caso acerca de la subcontratación; la fijación anual de los salarios mínimos que “nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido”; y, en ese mismo año, se aprobó también otro capítulo nuevo acerca del “Teletrabajo” (art. 330 A-K).
Estos cambios legales enfrentan ahora el reto de su implementación. Algunas están avanzando, aunque quizás más lentamente de lo que se esperaba; otras están en una fase muy inicial, por ejemplo, la del trabajo a distancia y la que se refiere a los y las trabajadores del hogar.
En este último asunto, debe recordarse que se reformó la LFT para prohibir la contratación de adolescentes menores de quince años de edad; fijar las condiciones de trabajo mediante contrato por escrito; la regulación de la jornada diaria; las prestaciones a las que tienen derecho: vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso y aguinaldo; su incorporación al régimen obligatorio del seguro social; y el goce de un salario mínimo profesional que deberá fijar cada año la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Era de esperarse que todas estas disposiciones, en especial, la contratación por escrito y el pago de prestaciones no serían fácilmente aceptadas por los patrones. No obstante, hay dos cuestiones que deberían estar más avanzadas en su cumplimiento: su incorporación a la seguridad social y el pago, por lo menos, del salario mínimo profesional.
Este último se fijó, para el año 2022, en 260.34 pesos diarios para la Zona Norte y de 187.92 pesos para el resto del país. Es apenas, 8.7 por ciento superior al mínimo. No está claro por qué se llegó a esta cantidad. Es ligeramente superior al de un cantinero (a) preparador de bebidas (183.01 pesos); un velador (179.08 pesos); un recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje (175.77); y casi igual al de un chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos (187.34 pesos).
Estas diferencias parecen tener poca justificación, sobre todo cuando se trata de unos cuantos pesos. De cualquier manera, no significan una cantidad fuera de la realidad o imposible de cumplir por los empleadores. No hay duda de que, quienes ganan estos salarios, se sitúan en el la parte inferior de los ingresos laborales. Según el IMSS, a finales de enero, el salario promedio diario del conjunto los trabajadores era de 466.8 pesos, pero los del hogar, afiliados a esta institución, ganaron 230.5 pesos promedio, aunque calcula que el resto de los que laboran en esta actividad recibieron apenas 155.1 pesos.
Por otro lado, como señaló la misma institución, hasta febrero de 2022 únicamente 43 mil 823 trabajadores del hogar habían sido afiliados al IMSS. Esa cifra representa apenas 1.8 por ciento del total, 2 millones 336 mil 518 personas, según Inegi. Y eso, a pesar de que las cuotas son razonables: por ejemplo, si se contrata a una persona, tres días a la semana con un salario mínimo profesional, se pagaría al IMSS una cuota obrera de 66.95 pesos, más la aportación patronal de 581.77: en total 648.72 pesos mensuales.
Así pues, los trabajadores del hogar siguen siendo, a pesar de las modificaciones legales, los que reciben los ingresos más bajos y los más desprotegidos.
Las razones de esta situación pueden ser varias. Como en el caso de muchos otros trabajadores, hay una fuerte resistencia de los empleadores para cumplir con la ley. Además, la posibilidad de que la autoridad pueda inspeccionar sus centros de trabajo (hogares) es muy compleja y se antoja casi imposible.
Hay que tomar en cuenta que México tiene actualmente una legislación muy avanzada en la materia. Sin embargo, llegó tarde. El Convenio 189 de la OIT “Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos”, fue aprobada en 2011. Y pocos años después, varios países latinoamericanos se adhirieron: Argentina y Brasil en 2013, lo que incluyó la aprobación de leyes nacionales ad hoc; Bolivia y Ecuador, en ese mismo año; Chile en 2014; y especialmente Uruguay, primer país en el mundo en ratificar el Convenio y que cuenta con una de las legislaciones más avanzadas de trabajo doméstico en la región.
La situación de México, tanto por la tardanza en legislar al respecto como por las condiciones pandémicas, es todavía bastante mala en los hechos. Pero, igualmente, parecería mostrar la existencia de una cultura laboral muy atrasada, lo que tampoco es ajeno a la gran mayoría de los patrones y trabajadores de este país. En este caso, además, las resistencias o rechazos son aún mayores debido a otros fenómenos lamentables. En primer lugar, una cultura racista que considera a estos trabajadores indignos del derecho laboral por su apariencia o pertenencia étnica. También, a una cultura patriarcal que considera su contratación como un servicio y hasta un “favor”, y al salario como una dádiva o ayuda. Los empleadores no admiten ser patrones obligados a tratar a sus trabajadores como tales debido a que esas tareas se realizan en su propio hogar, en el cual, según esta creencia, “no hay leyes ni autoridad gubernamental que valga”. Y, finalmente, la presencia de una cultura machista. Dado que la mayoría de los empleados en el hogar son mujeres, éstas son, muchas veces, víctimas de ultrajes laborales y de hostigamiento sexual.
Toda esta suma de prejuicios y atavismos proviene, desde luego, de hace muchos años. No obstante, por lo que se aprecia, muy pocos jefes y jefas de familia los han superado a pesar de que, probablemente, en esos hogares, las personas tienen una educación profesional; un empleo que requiere cierta especialización; y un nivel y estilo de vida conectado a los avances tecnológicos y la “vida moderna”.
Podría decirse, entonces, que los trabajadores del hogar son el ejemplo más extremo de la supervivencia de una cultura de exclusión, discriminación y falta de respeto a los derechos humanos, en especial los laborales.
¿Cómo romper con estas visiones y fomentar un nuevo trato a las personas que laboran a domicilio? Diversas organizaciones de la sociedad civil han propuesto realizar campañas de comunicación a cargo del conjunto de las instituciones del Estado a nivel municipal, estatal y federal. Pero, quizás, la principal responsabilidad, recaiga en los sindicatos. Las organizaciones gremiales nuevas o ya existentes deberían reforzar su labor de convencimiento. Sólo cuando un trabajador se asocia a otros que sufren condiciones similares, se atreve a hablar, conocer y exigir respeto a sus derechos.
Valgan estas notas, unos días después del primero de mayo, para subrayar la importancia de las organizaciones de los trabajadores. Pueden ser portadoras de un nuevo proyecto de país, más justo e igualitario, y también, como en el caso de las y los trabajadores del hogar, un frente de lucha contra la discriminación, el machismo, el abuso y la impunidad. Si estas batallas prosperaran, cada día (el portal del IMSS para la inscripción está abierto permanentemente y es de fácil acceso), tendríamos un país con una calidad de vida mejor y una convivencia más armoniosa. Una familia que acepta y promueve la dignidad de otras personas, en primer lugar, de aquellas que los apoyan en las tareas hogareñas más indispensables, estará más propensa a respetar a sus propios miembros.

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