EL-SUR

Sábado 03 de Diciembre de 2022

Guerrero, México

Opinión

Trabajadores rigurosamente vigilados

Saúl Escobar Toledo

Noviembre 04, 2020

 

Estimado lector, usted, que ya tiene en sus manos una ejemplar de El Sur, es probable que conozca al triunfador de las elecciones presidenciales y cuál será la composición del Congreso de Estados Unidos. Ello, a menos que surja un conflicto poselectoral, como en el año 2000, cuando se perpetró un fraude a manos de Jeff Bush, gobernador de Florida, en favor de su hermano George, lo que provocó un litigio que se resolvió varias semanas después de la fecha comicial.
El mundo, no sólo Estados Unidos, están a la expectativa de unos comicios que tendrán un impacto histórico perdurable. Si Trump lograra reelegirse, la incertidumbre, ya de por sí enorme por la pandemia y sus efectos, pondría en peligro la recuperación económica a nivel mundial. Dentro de Estados Unidos, la inestabilidad social también empeoraría como resultado de enfrentamientos cada vez más violentos entre las comunidades negras y los supremacistas blancos. Los esfuerzos por detener el deterioro ambiental y el cambio climático quedarían estancados, y, en fin, un conjunto de problemas domésticos y planetarios quedarían a merced de un personaje imprevisible, mentiroso e irremediablemente corrupto y corruptor. El triunfo de Biden, el demócrata, no garantiza grandes soluciones, pero al menos un poco más de transparencia, certeza y estabilidad.
Para México, el resultado podría impactar en distintos sentidos: la política hacia América Latina; las presiones por detener la migración indocumentada y los vínculos económicos y comerciales entre ambas naciones. Hay, sin embargo, un asunto especial que merece mayor atención porque ha sido menos conocido: las relaciones laborales en México.
Para entender el asunto, vale la pena recordar que la renegociación del TLCAN y la firma del T-MEC dieron lugar a un nuevo capítulo laboral. En dicho tratado se incluyó el llamado anexo 23-A que se titula “La representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”. No hay duda de que dicho anexo fue pactado para tratar de impedir que en nuestro país se siguieran aplicando los contratos de protección y el llamado dumping social, es decir, la caída permanente de los salarios y las condiciones de trabajo de los obreros mexicanos con el objeto de atraer inversiones y empresas de allá para acá. En función de esos acuerdos, México se comprometió a reformar su legislación laboral, cosa que sucedió efectivamente en abril de 2019.
Las enmiendas dieron luz, legalmente, a un nuevo modelo. El que estuvo vigente durante más de cien años se basaba en la justicia tripartita (gobierno, empresarios y trabajadores); éste se apoya ahora en tribunales judiciales. El viejo orden daba al gobierno la facultad de reconocimiento y control de los sindicatos; el nuevo se funda en una muy amplia libertad sindical. El esquema anterior construyó un sistema de negociación colectiva manejado por los empleadores y a veces por el gobierno en turno: el que se inaugura deja el poder de decisión a los trabajadores. Por primera vez en mucho tiempo, éstos tendrán la posibilidad de elegir mediante voto secreto, personal y directo a sus dirigentes y representantes; y adherirse a la organización que prefieran.
A pesar de estas reformas, la votación del (nuevo) Tratado en el Congreso de Estados Unidos fue un asunto complicado que finalmente se resolvió gracias a la Ley 5430 aprobada el 3 de enero de 2020 por los legisladores estadunidenses. Dicho ordenamiento incluyó la creación de una Comisión Interinstitucional de Asuntos Laborales que “evaluará semestralmente en qué medida México cumple sus obligaciones” relativas a las reformas del derecho laboral, y “especialmente, si los recursos asignados por México son consistentes con el compromiso asumido”. La comisión contará con el apoyo de un Comité Independiente de Expertos Laborales, cuyos 12 integrantes serán designados por ambos partidos representados en el Congreso (demócratas y republicanos) y por el gobierno. En el caso de incumplimiento, la comisión podrá recomendar sanciones de carácter comercial. Se establecerá asimismo una línea directa (hot line) para los trabajadores mexicanos, y el gobierno de Estados Unidos deberá contratar cinco agregados laborales que se instalarán en la embajada estadunidense en México y que tendrán la tarea de asistir a la comisión para “monitorear y hacer cumplir” las obligaciones contenidas en el T-MEC y la ley mexicana.
En síntesis, el Tratado contempla un pesado aparato burocrático que vigilará las condiciones de los trabajadores mexicanos, especialmente en industrias como: ensamblado de automóviles; autopartes; aeroespacial; electrónica; call centers; minería y acero y aluminio. Esta inspección podrá realizarse in situ, en los centros de trabajo, y los agregados también estarán en condiciones de recibir quejas directas de los trabajadores mexicanos mediante una línea telefónica y un sitio de internet especialmente dispuestos para ello. En caso de encontrar violaciones que no sean subsanadas, las mercancías producidas en estas empresas serían detenidas en la frontera sin poder ingresar a Estados Unidos y Canadá, o bien recibirían un arancel especial.
Esta maquinaria, legal e institucional, va a quedar en pie no obstante los cambios políticos que se produzcan en Washington por las elecciones d ayer.
Mientras, en México las cosas cambiaron en más de un sentido: los efectos de la pandemia y el freno económico tuvieron una respuesta del gobierno que consistió en mantener su programa original, previsto desde el año pasado y, además, llevar a cabo un ajuste al gasto público. Esta política de austeridad se confirmó en el proyecto de presupuesto enviado al Congreso para 2021.
De esta manera, el desplome de la ocupación, formal e informal, y de los ingresos de las familias, no han tenido una compensación, provocando una enorme deuda social que se reflejará en un aumento de los índices de pobreza y pobreza extrema. Asimismo, es previsible que la recuperación económica sea mucho más lenta durante el resto del año y 2021. Esta situación, sin duda, hará más difícil la negociación colectiva pues las empresas buscarán (ya lo están haciendo), recortar personal, otorgar menos prestaciones o congelar los salarios. Además, mientras no se resuelva el problema sanitario, se corre el riesgo de que la reanudación de actividades provoque más contagios y muertes como parece que está sucediendo en la industria maquiladora en la frontera norte del país. Los brotes de inconformidad social dentro y fuera de los centros de trabajo pueden surgir y extenderse a diversas ramas económicas.
En estas condiciones, la implementación de la reforma laboral, con la vigilancia y en algunos casos la inspección directa de personal estadunidense podría ser causa de disputas y controversias. Aunque el tinglado armado por demócratas y republicanos no se va a modificar, gane quien gane la presidencia, probablemente habría una diferencia notable en la manera de aplicarse. Si el triunfador fuera Trump, es probable que la supervisión pudiera ser más tolerante con las empresas o utilizarse como mecanismo de chantaje para obtener otras ventajas. Y si ganan los demócratas, la presión de los sindicatos de ese país podría ser mayor para que el “monitoreo” de nuestro país se cumpla eficaz y puntualmente.
De cualquier manera, es evidente que urge una acción decidida del gobierno de la república y el poder legislativo mexicanos para frenar la pobreza y el desempleo, proteger a los trabajadores y reanimar la economía con los menores peligros sanitarios posibles. Sólo de esta manera se podrá fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores.
El futuro de la reforma laboral no puede depender de la presión de Estados Unidos sobre México. Aun si admitiéramos que las intenciones son loables, los trabajadores mexicanos no pueden convertirse en piezas de un mecanismo al servicio de un país extranjero: nada más y nada menos que la nación más poderosa del mundo.

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