Instalado el gobierno de Guerrero, comienza la complejidad de los cambios por los que se expresó la ciudadanía el pasado 6 de febrero; la dinámica intensa de la administración y los plazos establecidos por la ley, obligan a la toma de decisiones, entre otras la renovación del Poder Judicial en el Estado, de magistrados y jueces.

La impartición de justicia ha sido uno de los reclamos más sentidos de la sociedad guerrerense, por ello una de las demandas más reiteradas ha sido el combate a la impunidad. La visión que tiene la mayoría de la población es que la justicia se vende y se compra al mejor postor.

La explicación de esta percepción de la justicia es muy sencilla, la reproducción del modelo de subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, los magistrados y luego los jueces han sido designados en su gran mayoría no por sus méritos profesionales, sino por la amistad con el gobernador en turno; los gobernadores han tenido un Poder Judicial a modo; por ello la impartición de justicia ha estado contaminada de la política, de las recomendaciones de funcionarios, del tráfico de influencias, pues jueces y magistrados pensando en conservar la chamba al dictar sentencias le ponen una gran dosis de jurisprudencia política.

La designación de jueces y magistrados en su gran mayoría ha obedecido a criterios políticos, por ellos a juristas notables de Guerrero que en la vida pública han tenido posturas críticas hacia el viejo régimen nunca se les permitió competir para aspirar a ocupar magistraturas en el Poder Judicial local, entre ellos defensores de derechos humanos, de presos políticos, distinguidos litigantes, docentes o investigadores.

Por otro lado, las escasas percepciones desde oficiales de partes, personal administrativo, secretarios de acuerdos, actuarios y los propios jueces comparados con los sueldos del Poder Ejecutivo y del propio Poder Legislativo del Estado y más aún de los del Poder Judicial, ha hecho que                             desde los primeros niveles de contacto entre el ciudadano y los administradores de justicia se trafique con ella; los hábitos de dar propinas por todo (por que el archivista localice rápido un expediente, por que se publique más rápido un acuerdo, por hacer una notificación y hasta por dictar sentencias) se han hecho costumbres y casi ley.

Por supuesto que aun en las condiciones que hemos descrito de integración del Poder Judicial en Guerrero, han existido jueces y magistrados honorables que han dignificado su investidura y su alta misión de impartir justicia, a quienes hay que reconocerles sus méritos profesionales y éticos.

La transformación del Poder Judicial de Guerrero pasa por al menos las medidas siguientes:

1.- Designación de magistrados, jueces y todos los servidores del Poder Judicial mediante concurso por méritos profesionales, curriculares y éticos; en el caso de la selección de los magistrados no debe intervenir el Poder Judicial federal, pues sería violatorio de la estructura federal, pues no puede haber injerencia de ningún poder de la federación en la integración de los poderes locales.

2.- La integración del Tribunal Superior de Justicia debe hacerse con abogados que provengan de los distintos ámbitos del ejercicio profesional, debe nutrirse de jueces por su experiencia en la impartición de justicia, de litigantes destacados y de docentes o investigadores; de esa forma se conjuga una integración colegiada con la riqueza del conocimiento sobre la interpretación y aplicación de las leyes.

3.- En el presupuesto 2006 debe considerarse mejorar sustancialmente la infraestructura para la impartición de justicia, oficinas, mobiliario, papelería, equipamiento, red de informática en todos los juzgados y tribunales y los salarios y prestaciones. Es evidente que esto implica un proceso, pues hay que captar más ingresos y reacomodar el presupuesto estatal, pero en un periodo de seis años de gobierno se puede avanzar mucho.

4.- Institucionalizar para todos los cargos en el Poder Judicial de Guerrero, el sistema de concurso y el fortalecimiento de la carrera judicial.