Hace unos días tuve la oportunidad de escuchar a diversos actores de la sociedad, se trataba de una reunión organizada por la Comisión Nacional del Agua relacionada con la construcción de la Ley General de Aguas. El tema de la reunión fue el de las concesiones del agua. Me parece pertinente abordar este tema en este texto.
En general, hay un reconocimiento de que el actual régimen de concesiones en México ha provocado un acaparamiento del agua en unos cuantos concesionarios a lo largo y ancho del país. Lo anterior en detrimento de la mayoría de la sociedad personas y el ambiente.
Hay múltiples señalamientos de que se entregan grandes volúmenes del agua en concesión a empresas, que les agregan valor y venden el agua con grandes márgenes de ganancia, ese es el caso típico de las embotelladoras de agua y refrescos. En otros casos, se señalan a las empresas mineras que utilizan agua en demasía en sus procesos de explotación de minerales. En la agricultura que utiliza el riego se utiliza el agua en muchos casos de manera ineficiente; de hecho el uso agrícola es en los hechos el gran demandante del agua. A través de asignaciones del agua para los municipios con el objeto de suministrar agua para el consumo personal y doméstico o servicios públicos, hay industrias que literalmente adquieren, como si fueran huachicoleros, grandes volúmenes de agua para sus procesos. El asunto es que en asentamientos humanos donde el agua es escasa o insuficiente no debería suceder esto.
Y así se podrían seguir presentando ejemplos sobre los problemas del actual régimen de concesiones del agua.
El problema surge, cuando esa agua concesionada de gran rentabilidad económica para sus usuarios restringe el derechos de las personas al agua para su consumo personal y doméstico o reduce los volúmenes de recarga en las aguas subterráneas, o no permite garantizar el caudal ecológico de los ríos superficiales. Hay que recordar que el suministro del agua en cantidad y calidad tiene límites biofísicos, más en tiempos del cambio climático. Es decir, en buena parte del territorio nacional el agua es cada día más escasa, su disponibilidad se empieza a dar en el reino de las grandes incertidumbres, y no es posible seguir otorgando y administrando concesiones de manera rígida. Por ejemplo, hay épocas del año, donde puede existir agua en abundancia y en otras no, la estacionalidad del ciclo hidrológico está en cambio constante. No se puede asegurar, conforme a la concesión otorgada, que tendrás la posibilidad de recibir agua de manera similar a lo largo del año. Es decir, se deben flexibilizan las concesiones. Finalmente, se parte de escenarios donde el agua vital para la vida deberá tener como prioridad ser suministrada de manera primordial a las personas y al ambiente, antes que a otro uso económico. Así lo mandata el artículo 4 constitucional.
La pregunta a resolver es ¿cómo hacemos para regular en beneficio social la distribución equitativa de un bien nacional, como es el agua, que es finalmente un bien común?; por ello se entrega en concesión, no es finalmente un bien privado, que se pueda comercializar o vender. Otra pregunta: ¿cómo realmente establecemos las adecuadas provisiones, usos reservas y destinos del agua para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para evitar la destrucciones de los elementos naturales? Esos sendos mandatos constitucionales del artículo 27 en su tercer párrafo.
Existió un gran consenso en la reunión referida de que el agua ha sido concesionada en una lógica centralista, llena de opacidad y discrecionalidad. Incluso pasando sobre los derechos consuetudinarios de pueblos y comunidades campesinas. Verdaderos despojos. Por ello, es necesario definir un proceso de decisión en la entrega de concesiones más cercano a la gente y realmente confiable, de gran transparencia. Pero sobre todo muy técnico, donde el agua que se entregue sea producto de una decisión cuya base es la medición técnica. No se deben seguir entregando volúmenes de agua que no se tienen fielmente medidos y monitoreados de manera sistemática.
Un asunto que debe discutirse es el tema del intercambio de volúmenes de agua a través de los denominados bancos del agua, en donde literalmente se vende el agua concesionada, como una mercancía más, así por ejemplo, la industria deficitaria en volúmenes de agua adquiere derechos concesionados de usuarios del campo. No hay un control público, no se mide de manera correcta los volúmenes intercambiados y la sociedad muchas veces sedienta no se beneficia en nada. Este modelo debe ser transformado.
Todo lo anterior implica fortalecer el control y vigilancia de las concesiones otorgadas. Pero dichos controles y vigilancia deberán ser con gran autonomía de quien administra la entrega de concesiones, para no incurrir en posibles conflictos de intereses. Pero estos controles y vigilancias no deben ser solamente para medir los volúmenes del agua concesionada, también hay que vigilar la calidad del agua ya usada. No debe seguir permitiéndose que los ríos y acuíferos sigan siendo contaminados por los usuarios de las concesiones del agua. Quiénes contaminen con dolo y mala fe deben perder en automático su concesión recibida, así de simple. Todo eso exige recursos financieros, que deben provenir del pago de los derechos del uso del agua por los usuarios, y que seguramente deberán ser diferenciados.
La propia vigencia de la concesión, que son hasta por 30 años, tiene que ser revisada. Se necesitan criterios específicos, de en qué casos y bajo qué criterios se debe establecer la temporalidad de la concesión. Insistir en que no debe consentirse esta privatización del agua de facto, que parece irrevocable a la fecha.
Una conclusión importante: es necesario ordenar el territorio, se ha hablado hasta la saciedad de que en el norte y centro del país hay poca agua y en el sur hay más. No se puede seguir propiciando a través de trasvases con recursos públicos, que en territorios deficitarios con agua de manera artificial se les lleve agua. Hay que reorientar con otros sectores, en especial los económicos, el desarrollo del país a donde hay agua. Es necesario impulsar un proceso consistente de planificación territorial con ese propósito.