La fecha límite para que el Congreso del estado haga las adecuaciones de congruencia con la nueva constitución estatal a la actual ley secundaria, denominada Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado es el próximo 15 de marzo. Esto significa que los diputados tienen como máximo 60 días para realizar tal encomienda. La preocupación que empieza a surgir es que hasta ahora no han convocado a foros de consultas a los directamente interesados: los pueblos y las organizaciones indígenas de Guerrero.
Hay inquietud fundada de diversas organizaciones indígenas de que en algunos legisladores prive el propósito de abrogar una de las partes sustantivas de dicha ley, que es la referente a la salvaguarda legal del derecho de los pueblos indígenas a tener su propio sistema de seguridad pública y de justicia comunitaria. Los diputados y las diputadas no deben de olvidar que dicha ley es una conquista histórica de los pueblos indígenas que les costó años de persecución, represión, encarcelamientos, e incluso, pérdida de vidas de compañeros que lucharon por establecer y legalizar una defensa comunal contra la delincuencia que durante muchos años expolió económicamente a los pueblos de la Montaña y la parte alta de la Costa Chica.
Los delitos eran realizados en forma impune ante la omisión crasa, si no es que colusión interesada, de las diversas corporaciones policíacas que actuaban en dichas regiones. Me tocó ser testigo de los desmanes que hacía la llamada policía motorizada y judicial, contra las organizaciones indígenas productoras de café en la zona alta de San Luis Acatlán, hace algunos ayeres.
Desde siempre, el gobierno ha visto con malos ojos el sistema de seguridad comunitario indígena que cuenta como principal instrumento de disuasión del delito a la Policía Comunitaria encuadrada dentro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). La evidencia empírica histórica constata que desde su funcionamiento, los índices delictivos bajaron en setenta por ciento en el territorio en que operan. No han podido hacer más, por la franca o velada oposición, hostigamiento, soborno, división y represión que han sufrido de los gobiernos federales, estatales y municipales desde hace muchos años atrás.
Los gobernantes nunca han aceptado que se les arrebate el monopolio de la fuerza legal para mantener la paz, la seguridad y el adecuado orden social necesarios para tener prosperidad colectiva. También ha sido evidente que la corrupción institucional y la impunidad concomitante, acercaron más a los gobernantes a la delincuencia y mayormente se alejaron de los pueblos. Al grado tal que en la actualidad, como todo mundo lo constata, el Estado ha quedado desbordado y en situación de cuasi impotencia para mantener a raya a las delincuencias de todo tipo y a las violencias que desatan a diario.
Vergonzoso es que el sistema gubernamental guerrerense mantenga en la cárcel, como presos políticos, desde hace más de tres años a comandantes de la CRAC sin que se hubiera observado el debido proceso legal. Me refiero, por ejemplo, a los casos de Gonzalo Molina González, que está en la cárcel de Tixtla y a Arturo Campos Herrera, encarcelado en Ayutla.
El gobernador Héctor Astudillo que no es de talante represor está cargando con ese estigma de sumo desprestigio que le heredaron. Aun cuando se infiere que es, políticamente hablando, el trabajo sucio que tiene que asumir, junto con el fiscal estatal, para que la federación mantenga acantonada en Guerrero una significativa fuerza federal policiaca y militar.
Toda la anterior argumentación trata de demostrar que es de alta sensibilidad y de gran impacto social lo que los diputados locales aprueben como la nueva versión mejorada y armonizada de la ley en comento con la nueva constitución local. Es imprescindible, urgente y de obvia resolución, que el Congreso local realice en estos 60 días, los foros de consulta ciudadana que no ha hecho; convocando principalmente a los pueblos indígenas de Guerrero. En el entendido que “el horno no está para bollos”. Ya están elaboradas por parte de Movimiento Ciudadano y Morena iniciativas que bien pueden servir como documentos base de trabajo. ¡Manos a la obra!