Después de seis meses en el poder, el gobernador Héctor Astudillo tomó el pulso a su promesa electoral de pacificar Guerrero en el plazo de un año. Y ahora señala que necesita otro año más para cumplir esta promesa de campaña. “Orden y paz” fue su divisa en un contexto convulsionado par la violencia de la delincuencia organizada y por la protesta impulsada por diversos movimientos sociales. Promesa y divisa fueron pensadas para acarrear votos y punto.
El caso es que esta promesa electoral no tenía sustento en la realidad de Guerrero ni en un análisis riguroso y responsable. Ni siquiera se sustentaba en el sentido común. Y esto se ha ido evidenciando en la medida en que pasa el tiempo de ese gobierno. Es más, cada vez se complican más las cosas en las distintas regiones del estado. Por esta razón ahora el gobernador establece un nuevo plazo que, a mi juicio, parece más promesa electoral que un acto responsable de gobierno. Y después, vendrán otros plazos y más plazos.
Se necesita sensatez para plantear responsablemente un plan de gobierno que dé pasos hacia la paz tan anhelada por la población guerrerense porque la situación de crisis por la que atraviesa Guerrero es sistémica, es decir, estructural, ya que tiene raíces históricas muy hondas que no se han tocado y que siguen atizando la violencia y la inseguridad. Y los problemas estructurales requieren medidas estructurales que, a mi juicio, no se están dando. Y estamos ante una crisis compleja que nos involucra a todos. Hay factores económicos como la pobreza y la desigualdad, factores políticos como la corrupción y la impunidad, factores culturales como la emergencia educativa que padecemos y factores sociales como las históricas violencias contra mujeres, ancianos y niños, entre otras. En estas condiciones no es sensato que un gobierno prometa la paz de un año para otro. Tiene que irla construyendo en la medida en que se ejecutan políticas públicas orientadas hacia la transformación social que incluya la justicia y la paz como componentes básicos, desde todo el aparato gubernamental en todos los temas en los que ha de intervenir un gobierno.
La paz no consiste en contener la furia de las organizaciones criminales, simplemente. Es eso pero mucho más. Consiste en desactivar todos los factores que la generan, desde las estructuras y desde las instituciones. Los grandes generadores de la violencia en Guerrero han sido el sistema político que está pensado para someter al pueblo y el modelo económico que está diseñado para producir desigualdad. Estos siguen intactos y el gobierno no se atreve a tocarlos ni con el pétalo de una rosa. ¿Cómo quiere el gobernador frenar la violencia que está agarrada de la corrupción pública de los municipios, del gobierno estatal y de los partidos políticos? ¿Cómo quiere, en un año, desactivar la desigualdad social como factor de la violencia? ¿Cómo quiere que la violencia se frene si la pobreza alimentaria sigue en aumento porque así conviene a la clase política?
Por si esto fuera poco, la violencia en Guerrero tiene que ubicarse en nuestro contexto nacional y en el internacional. Para que Guerrero esté mejor se requieren cambios en el país. Y cambios de fondo. Y no hay que olvidar que la delincuencia organizada es un fenómeno global que cuenta con un gran impacto económico y político. Lo han ido mostrando los documentos de Panamá filtrados hace unas semanas. Pero este hecho no es pretexto para que en Guerrero no hagamos lo que nos toca hacer, tanto desde el gobierno como desde la sociedad.
Hay que pensar la paz en términos positivos. Hay que pensar en las condiciones que se requieren para que sea posible y que debieran ser parte medular de un plan de gobierno. En mi opinión, hay que poner las bases para la paz y desencadenar un proceso de transformación social sobre cimientos sólidos. Y hay que pensar estratégicamente, en cuanto que esto va a hacer necesario un proceso largo de dos o tres sexenios, al menos, si es que se aprovechan bien y van en esa dirección. En este sentido, si el gobernador Astudillo se propusiera una empresa de este tipo durante su sexenio, alcanzaría apenas a poner algunas de las bases necesarias para que suceda la paz a mediano plazo. Me refiero a la paz como la aspiración de un pueblo a vivir dignamente y como desactivación de los factores que generan la violencia.
Es cierto, ante una emergencia como la actual en la que se desbordan situaciones de violencia por todas partes, es importante contenerla con medidas represivas. Eso se ha hecho en Guerrero desde hace cinco años sin resultados alentadores. Es, sin más, sólo una medida de emergencia que acota y frena a las bandas criminales. Pero ni esto se ha logrado con tantos policías y militares. Ni la más elemental seguridad pública.
La aspiración social está más allá de la mera seguridad pública que expresa una visión reducida de la seguridad. Hoy se habla más de la seguridad ciudadana o seguridad humana. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la seguridad ciudadana es “aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada por actores estatales o no estatales”.
Esta seguridad humana, que abre el camino certero a la paz, es la que queremos los guerrerenses. No sólo que se administre la violencia sino que desaparezca cualquier amenaza de violencia y que el Estado tenga la capacidad para garantizar los derechos humanos. Evidentemente, esto implica una ruta hacia la democracia participativa y hacia el desarrollo sustentable. Y, por lo mismo, implica la participación activa de la sociedad.
Es importante ponderar el alcance verdadero de la situación de violencia que padece el país y, particularmente, Guerrero. Es aterrador. Va para largo. Por lo mismo, no conviene que el gobierno se convierta en un vendedor de ilusiones. Una ligereza cometida en la campaña electoral no se puede sostener estando en el gobierno. Hay que ser honestos con la realidad, que no coincide con las pretensiones políticas de un grupo o de un partido político.