Esta semana autoridades tradicionales wixárikas y nayeris dieron una conferencia de prensa para manifestar, una vez más, que no están dispuestos a permitir la construcción de la presa hidroeléctrica Las Cruces en el estado de Nayarit. Esta obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) afectará no solamente el territorio de 33 comunidades, una de las cuales quedará bajo el agua, sino varios sitios sagrados, entre ellos un centro ceremonial.
Los pueblos afectados llevan ya varios años luchando en contra de la realización de esta obra pero no han sido tomados en cuenta. Según la CFE, se realizó una consulta entre las comunidades y aprobaron la obra, sin embargo, la consulta no se llevó a cabo de la manera adecuada; no se tomó en cuenta a los pueblos para organizarla, no se les presentó previamente toda la información requerida para tomar una decisión y solamente participó poco más del 30 por ciento de la población. En síntesis, la consulta fue una simulación.
Hace un par de años, me encontré con un antropólogo que trabajaba para la CFE y me explicó cómo hacía las consultas, palabras más, palabras menos, lo que me dijo fue: “te haces amigo del comisario de la comunidad, lo invitas a beber, lo convences de que la obra les conviene y como a la tercera borrachera lo haces que firme. Ya después reúne a algunos de sus compadres o vecinos y sacan una acta de asamblea”.
No sé si esta persona fue quien hizo esta consulta en particular, ni me consta que así se haya hecho, pues me lo dijo sólo en una plática de café, pero probablemente así funcionan las supuestas consultas de la CFE. Tal vez los altos funcionarios de esta empresa, al desconocer el tema, confíen en la gente que contratan y piensen que las consultas están bien hechas, pero evidentemente no es el caso.
Dejando de lado lo anterior, simplemente el hecho de que participe menos del 50 por ciento de la población en una consulta es razón suficiente para que no se considere válida, y la misma CFE reconoce que la participación fue menor.
Este es un caso más de los cientos que hay en el país en los que se realizan obras que perjudican a los pueblos indígenas, sin que se realice la consulta previa, libre e informada como está establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, signado por México, que además decreta que son los gobiernos los que deben realizar las consultas, no las empresas interesadas.
La construcción de la presa Las Cruces es sin duda una violación a los derechos de los pueblos indígenas, es un proyecto que los despoja de su territorio y de sus lugares sagrados, y atenta contra su identidad y su vida. Es también una violación al Convenio mencionado, un caso más de los que el Congreso Nacional Indígena ha denunciado y pretende difundir ampliamente a través de su candidata.