La instalación de la 62 Legislatura del Congreso del Estado fue un acto de civilidad política. La mayoritaria fracción de Morena dio muestra de saberse parte de un poder público, de la responsabilidad que ahora asume y su papel a desempeñar una vez superadas las campañas políticas.
Lo que ahora se espera de las legisladoras y los legisladores es su contribución a la reinvención de la política, a la modernización de las relaciones entre poderes y a volver a prestigiar a los políticos frente a los ciudadanos.
Por primera vez en la época contemporánea del Poder Legislativo guerrerense, se observa un panorama en el cual PRI y Morena son poder y oposición al mismo tiempo.
La Legislatura ha emprendido un viaje en autobús con pasajeros de distinto talante. El vehículo puede ser conducido con celeridad o meterle freno; lo que no puede ocurrir es sacarlo de ruta y desbarrancarlo. Los pasajeros y los conductores, que se irán alternando al volante, discutirán a veces de manera ríspida, darán manotazos en el asiento, pero estarán obligados a llegar a acuerdos.
Los legisladores, sobre todo aquellos que por primera vez ocupan una curul, deben conocer las funciones esenciales del Congreso: elaborar leyes y fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos del gobierno del estado y los ayuntamientos. Otra es la gestión social, que obedece a una tradición con la sociedad.
Conviene que no se confunda el sistema presidencialista con el parlamentario. El presidencialista invoca la supremacía del Ejecutivo; y, necesaria obviedad, en el parlamentario al Parlamento, que es de donde surge el gobierno.
El presidente de la República es resultado del voto mayoritario emitido en el país. El presidente de gobierno o primer ministro en el sistema parlamentario, se eleva del partido o coalición que tenga el mayor número de asientos en el Parlamento, como es el caso del presidente español o del primer ministro inglés.
Los poderes públicos del estado, como no podría ser de otra manera, reproducen el sistema federal. El Congreso local carece de capacidad constitucional para ejercer el presupuesto público o influir en la integración del gabinete. Si median acuerdos con el Ejecutivo podrá impulsar o perfeccionar políticas públicas.
Los acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo dependen más de la disposición de las partes y de sus habilidades políticas, que de acciones categóricas. En la tribuna del Congreso es frecuente que haya pronunciamientos tronantes de difícil concreción.
La composición del Congreso no permitirá acuerdos sin consenso. Los 46 legisladores, hombres y mujeres, por su distribución entre partidos y aun con la fracción mayoritaria de Morena, tendrán un constante juego de equilibrios. Podrán formar diferentes mayorías parlamentarias dependiendo de los temas legislativos.
Morena, teniendo mayoría, sólo retuvo la coordinación política y convino que el PRI, por este primer año, accediera a la presidencia del Congreso (y en los dos años restantes el PRD y el PAN). Esta perspectiva advierte la importancia de la capacidad negociadora, de la experiencia política y de comprender la responsabilidad del legislador en un escenario inédito.
La expectativa del cambio espera del nuevo Congreso un comportamiento político del mayor nivel. Los ciudadanos demandan de sus representantes populares cercanía para la atención de los problemas colectivos, la gestión de sus demandas y su contribución para evitar que el Congreso sea un espectáculo denigrante, por demagógico y estéril.
En nuestro mecanismo constitucional de contrapesos entre los poderes, el nuevo Congreso no debe ser más pero tampoco menos.