EL-SUR

Viernes 14 de Junio de 2024

Guerrero, México

Opinión

Un Congreso supeditado y disminuido

Tlachinollan

Noviembre 07, 2022

 

A 15 días que el presidente de la República dialogó con las comunidades nahuas, acuerpadas en el CIPOG-EZ, tres de sus compañeros: Adán Linares, Moisés Cuapipistengo y Guillermo Hilario fueron arteramente asesinados en el poblado de Xochimilco. La seguridad militarizada que defienden los diputados muestra su ineficacia en las comunidades indígenas.

El viernes 4 de noviembre en el recinto legislativo del estado de Guerrero el secretario de Gobernación federal Adán Augusto López, se transformó en el principal defensor del Ejército. El poder civil en defensa del poder militar en la máxima tribuna de un pueblo que ha padecido históricamente los estragos de la militarización.
Ningún diputado ni diputada se atrevieron a cuestionar al funcionario federal cuando tomó la tribuna y con gran desfachatez dijo: “con este Ejército moderno han quedado atrás oscuras noches como la represión de campesinos, ferrocarrileros, obreros, mineros y maestros. Ahora con el Ejército mexicano la noche de Ayotzinapa ha quedado atrás. No ha sido fácil, pero seguramente habrá justicia. Y ahora los mexicanos ya sabemos realmente lo que sucedió”.
El secretario no sólo hace una defensa a ultranza de las atrocidades cometidas por el Ejército en Guerrero, sino que le garantiza impunidad y lo exonera de toda responsabilidad. Para el funcionario federal el caso Ayotzinapa quedó atrás. De manera contundente afirmó que los mexicanos ya sabemos lo que sucedió. Nadie de los legisladores se atrevió a interpelar al representante del Ejecutivo federal. Mínimamente hubieran pedido que les explicara por qué el caso Ayotzinapa ha quedado atrás y que diera su versión de lo que sucedió en Iguala. Por qué han quedado atrás las oscuras noches de la represión, cuando Guerrero fue el laboratorio de la contrainsurgencia, donde desapareció a más de 600 personas.
Para los legisladores y legisladoras estos temas son irrelevantes porque su agenda política se centra en los cargos públicos y no en las realidades que más afectan a las familias de México y Guerrero, que tienen que ver con el problema creciente de las desapariciones forzadas.
En el recinto predominó el aplauso fácil y la compostura burocrática. Su silencio fue cómplice, sobre todo cuando todos sabemos que el pueblo de Guerrero ha sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares. Los diputados y diputadas se replegaron en sus curules y no se atrevieron a tomar la palabra. Ni por asomo se les iluminó la mente para salir en defensa de centenares de personas desaparecidas, asesinadas y torturadas por los militares. Se alinearon a los dictados de la federación y quedaron evidenciados de que les queda grande la representación popular que ostentan. Prefirieron hacer mutis para congraciarse con el Ejecutivo federal y así extender la mano para pedir más presupuesto.
Para las diputadas y diputados no hay memoria de las luchas históricas que protagonizó el pueblo de Guerrero, mucho menos reivindican el legado de Morelos que peleó contra los opresores y defendió los derechos del pueblo explotado. Los Sentimientos de la Nación son letra muerta para quienes legislan en Guerrero. En sus intervenciones no hubo una palabra que nombrara a quienes lucharon por justicia y libertad y que fueron desaparecidos por el Ejército. Tampoco asumen la causa de las familias que desde la década de los 70 buscan a sus seres queridos. Deben saber que hay 4 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla perpetrada por militares. En el 2002 fueron responsables de las torturas sexuales cometidas contra Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos indígenas del pueblo me’phaa, en un contexto de violencia institucional castrense. También el Ejército fue sentenciado por la Coidh por haber torturado a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dos campesinos ecologistas que por defender el bosque fueron acusados por portación de armas y siembra de mariguana.
Hasta la fecha Tita Radilla y su familia no saben del paradero de su padre Rosendo, quien fue desaparecido el 25 de agosto de 1974 por el Ejército. Son 48 años que las autoridades federales no han investigado a fondo al Ejército para que declare dónde se encuentra Rosendo.
Esto mismo sucede con las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos que llevan 8 años buscando a sus hijos. Las últimas investigaciones apuntan que algunos mandos del Ejército participaron en la desaparición de los estudiantes en colusión con policías y miembros del crimen organizado. Son acciones criminales que nos muestran un continuum de impunidad donde el Ejército sigue apareciendo como el principal perpetrador de las desapariciones en Guerrero.
A pesar de estas atrocidades, para la clase política las graves violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército no tienen relevancia.
Los estragos de la militarización dejaron un saldo sangriento en el estado al grado que hasta la fecha sigue siendo una herida abierta que sólo podrá cerrarse si se investiga y castiga a los militares que fueron responsables de las desapariciones forzadas.
El movimiento de familiares, colectivos y sobrevivientes de la guerra sucia han dado la batalla por décadas. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador lograron crear la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990.
Es una gran apuesta para avanzar en los temas de verdad, justicia, reparación de daños, búsqueda y memoria. Son cinco mecanismos que de manera conjunta están trabajando para que las voces de quienes fueron reprimidos y silenciados se escuchen y sean atendidos en sus demandas históricas para romper los circuitos de impunidad que prevalecen dentro de las mismas instituciones gubernamentales y lograr que se investiguen y se castiguen a los perpetradores.
En Guerrero una de las medidas de no repetición es la no militarización del estado. En primer lugar porque las autoridades tienen la obligación de informar qué fue lo que pasó y dar con el paradero de sus seres queridos. Saber la verdad y acceder a la justicia. No puede continuar la misma estrategia bélica de que el Ejército tome las riendas de la seguridad pública, porque está probado que desde que los mandos militares suplantaron a los mandos civiles, la violencia se incrementó, las desapariciones forzadas de multiplicaron y se expandió el crimen organizado.
Son graves las secuelas de esta políticas de seguridad cuando quedan en manos de un instituto castrense que no rinde cuentas, que no se supedita a los mandos civiles y que considera al ciudadano como un enemigo. En sus informes siempre coloca en primer plano a las organizaciones sociales que ejercen su derecho a la protesta y consideran como un peligro para la estabilidad del régimen a las personas que se organizan y defienden los derechos humanos.
Guillermo Fernández, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, planteó el 25 de octubre en una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la estrategia de seguridad en México, basada en una fuerte participación de las fuerzas militares, no ha logrado su objetivo de reducir la violencia en forma sostenible, y más bien ha provocado graves violaciones a los derechos humanos por elementos de las fuerzas armadas y otros cuerpos de seguridad. Retomó lo que ha mencionado la Alta Comisionada de que el despliegue militar en tareas de seguridad pública debe ser excepcional, como un último recurso; debe ser temporal, complementario y fiscalizado por órganos civiles independientes. También recuerda que ha alertado que la militarización de funciones civiles básicas debilita la institucionalidad democrática.
Reiteró que los Estados deben impulsar políticas centradas en la protección de la persona humana y no en la seguridad del estado o de determinado proyecto u orden político. Recomendó que México retome el paradigma civil en materia de seguridad, que acote la participación militar en los ámbitos que corresponden a las autoridades civiles e instaure corporaciones civiles en los ámbitos federal y estatal, que sean robustas, confiables, capaces de enfrentar los ingentes retos de la seguridad con pleno respeto a los derechos humanos y bajo un esquema efectivo de rendición de cuentas.
En esta sesión ordinaria del Congreso abundaron los halagos entre los diferentes actores políticos. Se escucharon porras en favor de la candidatura del secretario de Gobernación y las intervenciones de los diferentes representantes de los partidos políticos se quedaron en posturas tibias, sin tocar a fondo el grave problema de la militarización en Guerrero.
Nadie enarboló las demandas de los familiares y sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos, mucho menos reivindicaron las exigencias de verdad y justicia de miles de guerrerenses que en medio de la pobreza y la violencia arriesgan su vida para dar con el paradero de sus hijos.
Los senadores y diputados federales de Morena que representan al pueblo de Guerrero votaron por la permanencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Votaron no pensando en las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, ni en la seguridad de las personas pobres que se encuentran sometidas por el crimen organizado, tampoco tomaron en cuenta a las madres y padres de los 43 que exigen que se investigue al Ejército, y que se le obligue a que proporcione toda la información que tiene para dar con el paradero de sus 43 hijos.
Votaron por su futuro político. Así lo harán los diputados y diputadas locales. Lo prioritario es mantenerse dentro del presupuesto público. Es lamentable tener un Congreso supeditado a los intereses políticos y disminuido por falta de compromiso con el pueblo de Guerrero.