Tanto la versión oficial dada a conocer por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, como la opinión de Vidulfo Rosales, asesor de los padres de los estudiantes desaparecidos en Iguala, lo ocurrido en los días 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de la bandera fue un crimen de Estado porque en él participaron las distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno obedeciendo instrucciones “desde el más alto nivel” para dejar deliberadamente en manos de una organización criminal el destino de los jóvenes estudiantes detenidos por la fuerza pública en aquella fatídica noche lluviosa de septiembre, dedicándose después a borrar las evidencias de su participación mediante un guión prefabricado para dar la versión que eximiera de toda culpa a los órganos del Estado exhibiendo a la delincuencia organizada como la única responsable del destino de los jóvenes detenidos.
La nueva versión de los hechos ha revelado que el gobierno sometió a la tortura a decenas de delincuentes detenidos por el delito de desaparición de los normalistas para que declararan falsedades sobre lo ocurrido. Lo que falta por revelar es la razón de esa decisión tomada al más alto nivel para torcer la verdad de los hechos dando a conocer una versión tan mal elaborada que inmediatamente levantó toda clase de sospechas y suspicacias en la sociedad.
Por eso mientras se revela en manos de quién o de quiénes estaba o está el control de la organización criminal que sembró el terror en Iguala desde muchos años atrás, secuestrando, robando y desapareciendo personas en completa impunidad, queda el terreno desbrozado para la especulación.
¿Será que estamos frente a la actuación de fuerzas paramilitares con un poder tan encumbrado que tomó la decisión de desaparecer a los jóvenes normalistas para dar una lección a la oposición radical de izquierda en el estado? Una fuerza capaz de presentar al poder civil hechos consumados bajo argumentos ya pasados de moda sobre sobre la “seguridad nacional” sin que el gobierno tuviera margen para deslindarse de ellos porque una facción del Ejército los apoya.
Esa cúspide del poder que decidió la masacre de los jóvenes normalistas pudiera ser una facción de las fuerzas armadas a cuya orden se plegaron sin chistar las autoridades civiles.
¿No será lo sucedido en Iguala obra de las organizaciones paramilitares contra la guerrilla?
Para sostener esa hipótesis hay mucha tela de donde cortar porque dentro del gobierno tuvo mucho peso la idea de que la escuela normal de Ayotzinapa era un lugar de reclutamiento de guerrilleros donde los estudiantes aprendían, con la toma de camiones y las movilizaciones, estrategias propias de la guerrilla, por eso la infiltración de las fuerzas armadas en sus filas como lo demostró la identificación del soldado Julio César López Patolzin infiltrado como estudiante normalista con la tarea de mantener informado al Ejército de lo que sucedía en el medio estudiantil, para actuar en consecuencia sabiendo el momento oportuno para hacerlo.
Julio Cesar quizá no sea el único soldado que los militares dejaron en manos de los criminales sacrificándolo para sufrir el mismo destino que tuvieron los estudiantes. Por cierto un delito del que deben responder porque se abstuvieron de ir en su rescate, como lo pudieron hacer con sus compañeros estudiantes.
Si nuestra elucubración fuera cierta nos estaríamos asomando a una de las realidades más aterradoras que en el pasado han vivido sociedades de otras naciones en nuestro continente donde fue el poder militar el dueño del destino de millones de seres humanos asumiendo una tarea que ningún régimen democrático les encomendó.
Pero si dentro del Ejército o fuera de él hay organizaciones paramilitares encubiertas que se mueven en entera libertad y presentan a las autoridades civiles hechos consumados, decididos por ellos en su papel auto asumido de ser garantes de la paz en el país, creo que no hay mejor momento como el actual para que se descubra, pues ya son pocos quienes creen en la patraña de los poderes fácticos que defiende la derecha norteamericana con su doctrina de seguridad en su idea trasnochada de que hay un poder supranacional que actúa desde las sombras para oponerse a los “sagrados” principios que defiende el capitalismo en el territorio que los propios norteamericanos consideran como su traspatio.
Habría que seguir la huella de las armas que llegan al estado de Guerrero para saber si su flujo no está en manos de esos paramilitares que refaccionan a tantas policías ciudadanas y a las organizaciones delincuenciales para tenerlas disponibles en cualquier momento que se les ocurra avasallar al orden establecido en las condiciones más a propósito creadas por ellos, las cuales tienen las manos libres para combatir en su propio terreno a las fuerzas opositoras que desde la izquierda optaron por la vía armada para alcanzar los cambios que la sociedad reclama.
Por eso insisto que no habrá mejor momento para que el gobierno se deslinde de esas fuerzas delincuenciales que han impuesto su lógica violenta a la sociedad. Eso es parte de la justicia que se debe a los estudiantes sacrificados y a sus padres que los buscan desde hace ya ocho años.
Mientras tanto debemos esperar la respuesta a muchas preguntas más que surgen del llamado Informe Preliminar conocido el jueves pasado.
Muchos esperamos que con la revelación que se ha hecho sobre estos acontecimientos, Guerrero pueda ser el escenario donde se realice la proeza de desterrar la complicidad del gobierno con la delincuencia organizada, empezando por hacer justicia a quienes les tocó representar a los más pobres del estado.
El mayor de los atrasos que tiene Guerrero ha sido la dificultad para el acceso a la justicia por la corrupción y el cinismo que caracteriza al aparato judicial, policías judiciales, agentes del Ministerio Público junto con los jueces que favorecen a quienes pueden pagar sus servicios.
El derrumbe de la Verdad Histórica que el gobierno de Peña Nieto construyó para encubrir a los criminales puede ser el origen del fin de la impunidad y el ejemplo para quienes quieran comprometerse para comenzar la limpieza de esa inmundicia que tanto atraso ha provocado en el estado.
Son 33 las órdenes de aprehensión a que hizo referencia Alejandro Encinas y creo que todos esperamos que en ellas se encuentren los políticos y funcionarios públicos como Jesús Murillo Karam quien en el colmo del cinismo y clasismo confesaba públicamente y con displicencia su cansancio para atender la demanda de justicia que los padres de familia de los normalistas reclamaban.