Atrás, Abel Barrera del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; César Pérez del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); y José Antonio Lara Duque del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. Adelante Pedro Faro del Centro Fray Bartolomé de las Casas y Raymundo Ramos Vázquez del Comité de DerechosHumanos de Nuevo Laredo (CDHNL), flanquean a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet . Foto: Cortesía / Tlachinollan

Este sábado 6 de abril en las oficinas de la ONU en México, tuvimos la oportunidad de participar en un breve encuentro con la señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos quien recientemente fue nombrada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Es la primera visita oficial que realiza a un país, lo que demuestra su interés y preocupación por la situación de los derechos humanos en México. Desde el día que llegó a la Ciudad de México ha sostenido reuniones con funcionarios federales y organismos de la sociedad civil.
Lo más sobresaliente han sido las reuniones que ha tenido con familiares de desaparecidos del norte del país y de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; así como periodistas amenazados/as, defensores comunitarios que han sido encarcelados injustamente, como los compañeros Tlanixco del Estado de México. El día viernes escuchó a compañeras y compañeros de la Ciudad de México que han realizado un intenso cabildeo para incidir en cambios legislativos e implementar políticas públicas en el tema de seguridad ciudadana. El sábado por la mañana nos reunimos cinco organizaciones de derechos humanos de los estados de Chiapas, Jalisco, Estado de México, Tamaulipas y Guerrero. Se presentó una radiografía de la violencia y de las graves violaciones a los derechos humanos. Fue una preocupación general el incremento de la desaparición de personas. Por ejemplo, se comentó sobre los 41 casos en el estado de Tamaulipas durante los meses de febrero a junio del 2018. Los familiares y la misma oficina de la ONU en México han documentado que elementos de la Marina participaron en las desapariciones de varias personas. La desaparición reciente de 60 migrantes en San Fernando es otro hecho sumamente grave porque se constata el poder que tiene el crimen organizado en varias entidades del país, que actúa impunemente. Las autoridades del Estado parecen estar supeditadas o coludidas, porque son incapaces de implementar medidas de no repetición y de utilizar toda la fuerza del Estado para desmontar esta estructura delincuencial.
La situación de Jalisco se asemeja a la de otras entidades, por la violencia generalizada y el clima de impunidad que persiste allí desde hace décadas. A pesar de que existe una ley contra la tortura, no hay un solo agente del Estado que haya sido investigado o castigado. Se tiene registro de más de 7 mil personas desaparecidas en los últimos diecisiete años. Ha sido un gran escándalo internacional los tráilers estacionados en las calles con cuerpos putrefactos, ante la indolencia de las autoridades de no contar con instalaciones forenses apropiadas y suficientes para el resguardo de los cuerpos de personas no identificadas. Este problema ha tocado fondos en varios estados por la irresponsabilidad de las autoridades que no le han dado la atención debido al registro de identificación forense. Se ha denigrado la dignidad de las personas no identificadas y se les ha estigmatizado para justificar estas acciones que las deshumanizan.
La disputa territorial en el sur de México sigue generando una mayor polarización comunitaria, la apuesta por los megaproyectos y el modelo extractivista han demostrado la incompatibilidad con los derechos comunitarios. Chiapas y Oaxaca enfrentan un escenario adverso, las mismas autoridades federales y estatales son parte del problema, porque tienen una postura favorable a la implementación de planes de desarrollo que no toman en cuenta la opinión de los pueblos. Hay una lucha sorda, que impide avanzar en un diálogo constructivo y no permite atender en su justa dimensión los planteamientos de quienes son los dueños de estas riquezas naturales. La disputa por el agua en el Estado de México ha costado cárcel y una persecución feroz contra indígenas y campesinos, cuyo único delito es impedir que extraigan ese líquido vital personas y empresas que solamente buscan hacer negocios.
Existen gobiernos débiles para aplicar la ley con grupos económicamente poderosos y que han trabajado en contubernio con las organizaciones delincuenciales que se han enquistado en las estructuras del poder político. Las consecuencias son devastadoras porque el Estado de derecho es una excepción y el acceso a la justicia es una quimera. La población se encuentra inerme, desamparada, amenazada por diferentes frentes: la delincuencia, el impulso de los megaproyectos por parte del gobierno y los empresarios, las corporaciones policiales, el Ejército, la Marina, que se han especializado en el uso de la fuerza para reprimir a los movimientos sociales, así como de utilizar la tortura como método de investigación. Por parte de los encargados de investigar los delitos existe una tendencia a criminalizar a los luchadores sociales. En lugar de proteger a las víctimas se coluden con los perpetradores y se utiliza el sistema de justicia para ajustar cuentas con los adversarios políticos.
En Guerrero ha quedado demostrado que a pesar de la militarización desde la década de los setenta, los casos de desaparición forzada de personas, de ejecuciones y torturas forman parte de una práctica institucionalizada y recurrente. Hay una historia que nos remite a la guerra sucia donde las Fuerzas Armadas, jugaron un papel determinante en la desaparición de personas como parte de una estrategia de contrainsurgencia. Esa política de la conspiración sigue vigente en nuestro estado. Tanto los cuerpos de seguridad como los aparatos de inteligencia están especializados para detectar el potencial subversivo que supuestamente conlleva cualquier expresión de inconformidad o movimiento de protesta de la población. En lugar de fortalecer a las instituciones para que el Estado de derecho sea la norma que impere en nuestra sociedad e imponga el orden contra quienes han hecho del crimen un modo de vida, se ataca a las víctimas y a sus defensores. La desconfianza en las autoridades y en las instituciones ha tocado fondo. La población poco espera de la acción gubernamental porque no ve resultados tangibles. Sólo se administran los conflictos, se sobrellevan los problemas, se simulan investigaciones, se implementan operativos que no afectan en nada a las organizaciones criminales y se deja en el olvido y en total indefensión a los sectores más vulnerables. Se militariza las regiones sin que por ello baje el índice delictivo. Se multiplican los actores armados, tanto civiles como gubernamentales. La apuesta es por el uso de la fuerza, el uso de las armas, por la imposición de la ley del más fuerte y por el ajuste de cuentas. Cada organización se parapeta en los territorios para tomar el mando y disputarlo contra quien sea, las autoridades locales y los mismos empresarios no tienen otra opción que negociar con el crimen organizado. Lo consideran como un mal necesario con el que se alían para garantizar la gobernabilidad.
Los saldos son sangrientos. De acuerdo con cifras del Secretaria Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero se ubica en el cuarto lugar de asesinatos de mujeres en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco. De enero a diciembre del 2018 se registraron en la entidad 229 homicidios de mujeres, de los cuales sólo 31 casos se catalogaron como feminicidios, sin que exista la certeza de que haya tenido una adecuada tipificación. A pesar de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM) en ocho municipios del estado, del 2017 a la fecha la situación no ha cambiado, por el contrario, la violencia contra las mujeres se enseñorea en varios municipios y lamentablemente las autoridades encargadas de investigar estos delitos, mantienen sus prácticas nefastas de encubrir a los perpetradores, a cambio de dinero. El mismo Sistema de Seguridad ha reportado que en los últimos meses se da un registro de cinco homicidios al día en Guerrero.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en su informe especial sobre desaparición forzada y fosas clandestinas, que de 2007 a septiembre del 2016 se localizaron 855 fosas, 195 en el estado de Guerrero, convirtiendo a nuestra entidad como el lugar con el mayor número. Que lamentablemente mantienen en la opacidad una multiplicidad de casos de personas desaparecidas.
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) ha informado que entre 2008 y abril de 2014, existe un registro de 101 quejas por presuntos hechos de tortura y/o tratos crueles inhumanos y degradantes. En el 2017 se iniciaron al menos seis expedientes de quejas y se emitieron cuatro recomendaciones, que se refieren a algún tipo de tortura. Mientras tanto en la Fiscalía General del Estado del 2006 al 2014 sólo existieron seis casos por tortura en el estado, sin que se logre una sentencia contra los responsables. Este clima de impunidad forma parte de la institucionalización de la práctica de la tortura como método de investigación. No es casual que la Corte Interamericana haya emitido una sentencia contra el Estado Mexicano por haber torturado a los campesinos ecologista de la sierra de Petatlán, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, por parte de militares. La misma Corte emitió tres sentencias más contra el Ejército mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, y las torturas sexuales perpetradas contra Inés Fernández y Valentina Rosendo. A pesar de estas resoluciones internacionales a nivel estatal las autoridades no han tenido el compromiso para desterrar esta práctica por el patrón de impunidad que persiste y la red delincuencial que sigue intacta dentro del aparato gubernamental.
Los que participamos en este encuentro expresamos nuestro reconocimiento a la gran labor que realiza la Oficina de la ONU-DH en México, porque ha estado cerca de las víctimas y ha asumido el compromiso indeclinable de velar por sus derechos. Reiteramos el trascendente papel que ha desempeñado Jan Jarab, quien ha mantenido una postura firme para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Como defensoras y defensores que nos encontramos en regiones sumamente convulsas, la presencia de Oficina en los lugares donde laboramos ha sido un baluarte que nos fortalece y nos reivindica. Este encuentro con la señora Michelle es simbólico por lo que significa conocer de viva voz la situación de los derechos humanos de varias entidades federativas, como Guerrero. Tenemos la seguridad de que hará llegar sus preocupaciones a las autoridades federales y que estará monitoreando las acciones que implemente el nuevo gobierno. Fue un honor compartir nuestras vivencias como defensores de derechos humanos con una gran personalidad cuya sencillez nos trasmite confianza y proyecta una gran sensibilidad humana, así como un enorme compromiso con las víctimas. Nos despedimos con la certeza de que la Alta Comisionada abrazará como suya la lucha de las personas que han entregado su vida para que en Guerrero haya verdad y justicia.