En la entrevista que concedió a columnistas de la capital del estado el miércoles pasado, y que se difundió en una estación radiofónica seguramente a cargo del convenio de publicidad, el gobernador del estado volvió a defender una concepción de la libertad de expresión y de la relación prensa-gobierno que va en contra de la Constitución y de diversos instrumentos internacionales que comprometen a todas las instituciones del Estado mexicano, incluido el gobierno de Guerrero.
Allí, el reportero Enrique Vargas, autor de la columna Averígüelo Vargas, que se publica en El Sol de Chilpancingo, preguntó la causa de la animadversión del gobernador del estado hacia algunos medios de comunicación, que lo lleva a tenerlos “totalmente marginados de la publicidad oficial”, y Zeferino Torreblanca respondió largamente, pero no como el gobernador de un estado sino como el gerente de una empresa privada.
Según la transcripción de un monitoreo de la Dirección General de Comunicación Social a la entrevista radiofónica señalada, el gobernador dijo que “comunicadores y medios de comunicación se han excedido” en sus críticas al presidente Vicente Fox, que no ha habido un “equilibrio de respeto” y que no hemos aprendido a “administrar estas libertades que hoy tenemos”.
Luego aseguró que “la libertad es de los dos lados, mi libertad termina donde empieza la tuya, y si tú no tienes capacidad para hacer un medio de comunicación que no dependa del Estado me parece que tienes que pensar si tiene vigencia tu medio de comunicación, si dependes exclusivamente de lo que el Estado te dé. Los grandes periódicos y los grandes medios de comunicación no viven de la publicidad del Estado ni de la del gobierno”.
Zeferino Torreblanca reacciona con molestia cuando le dicen que no entiende de asuntos de política y gobierno, pero es que realmente no entiende. No es cierto, por ejemplo, que esté por un lado la libertad del gobernante, y por otro la libertad de los comunicadores. La libertad de expresión es una sola, y está consagrada en la Constitución mexicana y en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre como una prerrogativa de los ciudadanos frente al poder; es decir, frente al gobierno, en este caso representado por Zeferino Torreblanca. Cualquier otra definición al respecto es sólo una coartada para pretender justificar una actitud autoritaria e intolerante hacia la crítica.
Luego, ninguno de los tres periódicos a los que el gobierno estatal irracionalmente aplica un boicot publicitario –El Sol de Chilpancingo, Novedades de Acapulco y El Sur– depende de la publicidad gubernamental. Si así fuese, ya hubiesen cerrado. Pero incluso así, los tres periódicos tienen derecho a ella, porque se trata de un derecho de los ciudadanos que compran estos periódicos para informarse de todo lo que acontece en el estado. Y, en otro sentido, es una obligación del gobierno informar a sus gobernados de sus obras, de sus actos, de sus acciones, de sus actividades, de los programas sociales, de sus avisos, advertencias y convocatorias. ¿A título de qué el gobierno excluye a los lectores de estos periódicos de información oficial que debe ser de interés general? Cuando elabora el presupuesto de comunicación social ¿qué criterios toma para decir a este medio sí y a este no se le enviarán órdenes de inserción de publicidad gubernamental?
Y aunque “los grandes periódicos y los grandes medios de comunicación no viven de la publicidad del Estado ni de la del gobierno”, no le van a hacer el feo y bien que la reciben, pues tienen derecho a ello. Es cosa nada más de preguntarle a Televisa o a las cadenas de radio cuáles serían sus resultados financieros sin la publicidad gubernamental. Pero el punto en Guerrero es que hay tres importantes periódicos del estado que no viven de la publicidad gubernamental, pero que por el capricho autoritario de un gobernador tampoco la reciben. “No pago para que me peguen”, dijo el extinto José López Portillo cuando era presidente de la República, y retiró la publicidad gubernamental de la prestigiada revista Proceso. Lo mismo dice casi 30 años después el gobernador perredista de Guerrero.

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Más adelante, en la misma entrevista, el gobernador acudió a una frase de aires monárquicos. “No quiero medios controlados”, dijo. Y pretende no darse cuenta de lo que sucede en la realidad: que todos los medios que tienen convenio de publicidad del gobierno del estado no critican al gobernador. Hay una relación directa. Propongo que cualquier funcionario estatal haga llegar a El Sur alguna crítica publicada hasta ayer en alguno de esos medios, incluyendo artículos y caricaturas, géneros que fácilmente se dan para la crítica a los poderosos. Si la encuentran, aquí la publicaremos con gusto y con vergüenza nos retractaremos.
Finalmente Torreblanca fue al grano, aunque con su ya característica manera enredada de expresarse: “Lo que no estoy dispuesto es a que yo pueda tener un visto bueno a medios de comunicación o a veces a comunicadores que descalifiquen y que calumnien. Yo estoy de acuerdo en la crítica, pero también estoy de acuerdo en que no debe sesgarse la información. Vuelvo a decir que prefiero que haya siempre excesos en los medios de comunicación a volver a las prácticas autoritarias de cercenar, de censurar el derecho a la información. No, no la hay (la censura), simplemente no hay entendimiento y es una relación comercial”.
Y remató: “El gobernador del estado no tiene la obligación de darle publicidad a todos los medios como se les dio en el pasado”.
Entonces, el gobierno del estado es como una empresa privada que establece relaciones comerciales, en este caso con los medios de comunicación. Cree el gobernador que como éstos son al mismo tiempo empresas, debe tratárseles como tales. Como si fueran una papelería; a esa papelería yo no le compro, porque da caro. O una distribuidora de automóviles. A esa yo no le compro, porque sus autos no sirven. O una empresa de renta de computadoras. A esa sí la autorizo porque es de mis cuates. A ese periódico no le doy publicidad. ¿Por qué? Diga lo que diga Torreblanca, la única razón de esta decisión se debe a que no le gusta la crítica, a que no soporta que alguien lo contradiga.
En su columna publicada el jueves pasado en El Sol de Chilpancingo, Enrique Vargas escribió lo siguiente sobre la entrevista radiofónica a Torreblanca, en la que fue uno de los participantes:
“También me permití cuestionarlo sobre la obvia animadversión que mantiene contra algunos medios de comunicación de Acapulco y Chilpancingo, por el hecho de que su línea editorial es crítica de las acciones de su gobierno.
“Respondió que no iba a darle dinero ni publicidad a quienes sólo destacan los hechos negativos de la administración estatal y que sólo autorizaría la celebración de convenios con los medios que tuvieran un buen equilibrio en su material informativo.
“De plano rechazó que vaya a modificar su actitud en ese sentido, aunque sin hacer la diferenciación de lo que es el manejo de los recursos privados de los públicos. No se pudo volver a cuestionarlo”.
Tiene razón Vargas cuando insinúa que Torreblanca cree que el dinero del presupuesto público es suyo, de su propiedad, del mismo modo en que lo hacían los peores gobernadores del PRI.
Y que no está obligado su gobierno a “dar” publicidad a los medios es una falsedad. Ya dijimos que la libertad de expresión es un derecho fundamental de los ciudadanos reconocido en la Constitución de la República y en diversas normas internacionales que ha hecho suyas el Estado mexicano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, organismo hemisférico en el que participa México, señala expresamente que es contrario a la ley que los gobiernos utilicen los convenios de publicidad como un instrumento de presión contra la libertad de expresión.
El artículo 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece claramente que “la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial” y otras prácticas similares “atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidas por la ley”. Y termina: “Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
Son prácticas, dice la CIDH, que “deben estar expresamente prohibidas por la ley”. No hay ninguna ley que me obligue a dar publicidad a todos los medios, dice y redice Zeferino Torreblanca. Pero la habrá. Más tempano que tarde. En este o en el siguiente periodo legislativo. Si habrá democracia en Guerrero con Zeferino Torreblanca es que habrá una ley que prohibirá el uso faccioso de los recursos públicos, en este caso para inhibir o castigar la crítica a su gobierno. Si no hay esa ley, no habrá democracia en Guerrero, pues el pilar de ésta es la libertad de expresión. ¿No ayudaría al desarrollo de Guerrero que en todos los medios de comunicación se publicaran o difundieran críticas al gobierno del estado y a sus funcionarios? ¿Y que el gobierno tuviese el derecho de réplica estrictamente garantizado? ¿No serviría a los guerrerenses contar con una prensa libre en la cual puedan expresar sus demandas, sus reclamos, sus exigencias?
Pero claramente el gobernador de todo esto no entiende. Cree que hacer política es construir carreteras, la presa La Parota, dar a las empresas privadas los contratos para obras públicas, y si tales empresas privadas son de sus amigos, mejor.