A las movilizaciones que no cesan de distintos actores del sistema educativo estatal que exigen el cumplimiento de una larga lista de demandas, se sumó el enfrentamiento violento entre maestros de la llamada corriente institucional y una fracción de la CETEG, el miércoles pasado.
El martes, egresados de las nueve normales públicas que solicitan plazas de maestro impusieron un cerco sobre el Congreso –donde se encontraban dos secretarios del gabinete estatal– y por la noche maestros bilingües que estudiaron en la Universidad Pedagógica Nacional llegaron hasta el Palacio de Gobierno en plan de ingresar en el enorme complejo del sur de Chilpancingo, y ocuparlo para hacer así más visibles sus demandas.
Y al mismo tiempo sigue la movilización de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que pugnan por el aumento de la matrícula; en La Montaña, la sierra ¡y hasta en Acapulco! padres y profesores demandan que lleguen más maestros, para no hablar de las cotidianas protestas en todo el estado en demanda de que se mejore la infraestructura educativa.
Estamos ya en octubre, mes y medio de calendario escolar agotado, y del gobierno del estado sólo se escuchan expresiones que denotan que no hay allí ninguna sensibilidad. El gobernador del estado habla de que aplica una nueva política, pero así llama a su comportamiento hostil hacia los de abajo que se movilizan por sus demandas, hacia quienes se inconforman con el estado de las cosas. Es la política del desprecio, de los oídos sordos, incluso del escarnio contra maestros, alumnos y padres movilizados, que mañana muy bien puede ser la política de la represión, como ya lo anunció él mismo el miércoles en una entrevista de radio en Chilpancingo.
Para los poderosos de siempre, desde el primer gobierno no priísta se practica la política condescendiente de siempre. A los de abajo, por ejemplo los egresados de las normales públicas, el gobernador Zeferino Torreblanca les dice simplemente, en el peor lenguaje tecnocrático, que “no hay techo financiero” para otorgarles plazas, y que además éstas no se darán a quienes no alcanzan un 8 de calificación. No los baja de burros e incapacitados para enfrentarse a un aula. En expresiones que denotan al mismo tiempo ignorancia y un clasismo deplorable, el gobernador dice de los egresados de escuelas normales que “tienen faltas de ortografía hasta al hablar y que tienen pésimas calificaciones y que son profesionales para hacer las cosas mal”. Así se refiere el gobernador a alumnos que fueron formados en instituciones públicas, es decir, administradas y gestionadas por el gobierno del estado. ¿Cuándo le escucharemos decir que va a encabezar la lucha para que haya más recursos para la educación, y de ese modo, garantizar la plaza a los egresados de las normales públicas? ¿Cuándo que promoverá un plan de becas? ¿O que buscará que los alumnos que serán los futuros maestros de la niñez guerrerense se les dotará de todos los recusos necesarios para que cumplan con creces esa importantísima tarea.
En cambio, para los de arriba, para el grupo de la maestra Elba Esther Gordillo que controla el sindicato de maestros con los peores vicios de una mafia sindical, solamente hay palabras elogiosas. En la entrevista radiofónica mencionada dice que en la dirigencia encabezada por José Natividad Calixto sólo ha encontrado “una gran conciencia y responsabilidad”. Allí, dijo Torreblanca, “ha habido diálogo, ha habido discusión y no hay sometimiento, hay un diálogo claro y transparente y estamos tratando de cambiar las cosas”.
Cualquiera entendería que un gobierno priísta viera a los líderes del SNTE como sus aliados naturales, y que lo mismo hagan ahora los gobiernos panistas, sobre todo luego de que gracias a los oficios de la Gordillo, el candidato del PAN Felipe Calderón obtuvo votos decisivos en la contienda presidencial. Pero no se entiende que un gobierno que se dice de izquierda sea el principal enemigo de la movilización de maestros y normalistas que, por supuesto, están más cerca de la izquierda que Calixto y sus huestes, que el miércoles en el Cyrcic demostraron su verdadero talante de golpeadores.
La educación está muy mal en Guerrero, dice el gobernador, ¡y responsabiliza de ello a los líderes de los movimientos normalistas y a la CETEG! ¿Qué no es la mafia de Gordillo la que encabeza el SNTE desde los años 40? ¿Que no representa al mismo tipo de sindicalismo reciclado que pone las organizaciones gremiales al servicio de los poderosos y no de sus afiliados? ¿Hay, entre los líderes del movimiento magisterial contrario al gordillismo alguno que se haya enriquecido con las cuotas? ¿Qué es lo que hay que cambiar, entonces?
Los excesos que luego se observan en las luchas de maestros y normalistas, su radicalismo, son más resultado de la insensibilidad de los gobernantes, de su complicidad con los intereses creados, que producto de una supuesta manipulación izquierdista.
El gobernador siempre pone el énfasis en las limitaciones para resolver las demandas –no hay recursos, dice–, pero no convoca a luchar porque la federación, el Congreso de la Unión, destinen más recursos para la educación en Guerrero.
Los egresados normalistas a los que no quiere el gobernador fueron formados en escuelas públicas. Entraron a ellas con el propósito de convertirse en maestros. Se capacitaron para enseñar en el aula, y para ninguna otra cosa. ¿Qué van a hacer si no consiguen una plaza de trabajo que consideraban segura? ¿No es un fraude del Estado, representado en este caso por el gobierno de Guerrero, que gaste en la capacitación de miles de jóvenes cada año para al final de la misma mandarlos a la calle, al desempleo o el subempleo?
Y los niños y niñas de Guerrero que no tienen maestros ¿qué culpa tienen de que el Estado abdique de sus responsabilidades sociales?
Pero tenemos un gobernador que no entiende nada que tenga que ver con lo social. En la entrevista radiofónica mencionada, Torreblanca preguntó a sus interlocutores: “¿Tiene algo de malo que yo resista y aguante las presiones? Porque al rato van a venir los jóvenes de contabilidad, los de medicina y los abogados a que les demos trabajo”.
Tiene mucho de malo. En primer lugar, porque confirma que tenemos un gobernador que no distingue entre lo público y lo privado. Que supone que el gobierno es una empresa ni siquiera pública, sino privada. Sólo a alguien con una formación de comerciante podría ocurrirsele comparar a alumnos que se preparan en normales públicas para ser contratados como maestros del sistema de educación pública, con alumnos que saben que su contratación al final de sus estudios dependerá solamente de las necesidades del mercado, en el cual el gobierno no es el único empleador.
El gobernador se acaba de reunir en la ciudad de México con la fracción de diputados federales del PRD, con el fin de caminar juntos para conseguir un buen paquete de recursos para Guerrero en el presupuesto federal del 2007. Pero sólo está pensando en obras de infraestructura. ¿Por qué no incluir la demanda de más recursos para la educación pública, para la Universidad Autónoma de Guerrero? ¿O quiere que siga creciendo en el estado la educación privada?