En los próximos 120 días la gobernadora electa del estado Evelyn Salgado, deberá convertir en plan de gobierno las ideas plasmadas en la plataforma electoral que su partido registró en el IEPC como requisito para ser candidata.
La metodología tradicional para la elaboración del plan prevé la realización de reuniones y foros en el territorio estatal para consultar a la población sobre sus problemas y demandas para luego convertirlas en los objetivos con las estrategias correspondientes mediante la elaboración y ejecución de programas oficiales a los cuales irá destinado el presupuesto que mayoritariamente se conforma con las participaciones que le entrega la federación.
Generalmente los planes de desarrollo estatal se han visto como un requisito legal más que de planeación y entonces suelen ser un refrito que después de elaborarse, imprimirse y ser distribuido queda olvidado en los cajones de las dependencias mientras el ejercicio de gobierno sigue sin brújula atendiendo lo inmediato sin ver al futuro y sin poder evaluar su desempeño frente a los objetivos planteados.
Cuando al contrario se tiene claro el objetivo que se pretende alcanzar con estrategias que correspondan, debidamente pensadas y probadas, el plan puede irse evaluando a fin de ratificar o rectificar el camino.
Eso requiere de un ejercicio permanente de revisión a través de la propia estructura del gobierno, pero también de la sociedad que debe estar incorporada a la tarea de la planeación supervisando su ejecución y pendiente del ejercicio del gasto, sobre todo ahora que se debe ser ejemplo del manejo eficaz y transparente del presupuesto.
Uno de los problemas que con más frecuencia enfrenta la planeación es conseguir la participación popular en la consulta y luego traducir sus demandas, críticas, observaciones y propuestas en políticas públicas que sean evaluables.
Se sabe que entre una población mayoritariamente ajena a los asuntos públicos hay ciudadanos interesados en participar expresando sus puntos de vista y a veces con propuestas que por ser de sentido común se tiende a ignorar, por eso es importante destinarle tiempo y trabajo a la tarea de escuchar la voz de todos.
Como resulta conveniente que toda esa energía participativa a favor de la izquierda en las elecciones se mantenga y se canalice como fuerza de empuje de la 4T en el estado, es necesario convocar a todas las organizaciones de la sociedad civil que actúan en los diferentes campos del quehacer público independientemente de su tendencia ideológica y política ofreciéndoles el apoyo público para potenciar su aporte al desarrollo de Guerrero.
Pongamos por caso los problemas ambientales, temas que en todas las regiones del estado registran grupos interesados en combatirlos, pero que ahora encuentran grandes limitaciones por su aislamiento y falta de apoyo.
Si se lograran conjuntar y relacionar estatalmente esos esfuerzos de la sociedad civil no solo podrían compartir entre todos ellos las experiencias alcanzadas para la sustentabilidad, sino hacerse más eficaces al especializarse en temas prioritarios como el de la contaminación ambiental provocada por los residuos sólidos en las ciudades manejados ahora por intereses económicos y políticos más que con criterios ecológicos, como serían los rellenos sanitarios, la limpieza y cuidado de las playas con la participación de quienes sacan provecho económico de su uso, como medio para incentivar el turismo, así como la conservación de los bosques y su riqueza biodiversa de flora y fauna, el combate a la tala clandestina y la prevención de los incendios incorporando a los campesinos en su cuidado.
Uno de los temas prioritarios que no se pueden eludir es el de los grupos de civiles armados que proliferan por los caminos de la entidad creando un ambiente de mayor tensión bajo el argumento de estar sumados al cuidado de la paz.
Los temas de la inseguridad pública y la violencia que sigue siendo el problema principal que agobia a la sociedad, podrían encontrar solución en el mediano plazo atacando de manera integral las fuentes de su origen.
Un ejercicio que me parece necesario será la priorización del gasto con una fórmula que tome en cuenta de manera equitativa a cada una de las regiones del estado de manera estratégica a los sectores que conforman la actividad social y productiva. Así estaría en manos de los habitantes en cada región determinar el destino de la inversión que les corresponde en obras de infraestructura y servicios mientras que de manera central se definiría el apoyo a los sectores estratégicos para marcar la pauta del desarrollo en clara coordinación con los programas federales.
Convendría que quienes participen en esta tarea de planeación en el nuevo gobierno revisen el plan anterior para tener una idea de la interpretación que se hizo de los problemas en los que se enfocó su acción a la luz de los indicadores del Inegi.
El tema principal que ocupó a Héctor Astudillo fue el de la violencia e inseguridad que llegó a situaciones graves a principios de su administración, bajando considerablemente poco más del 30 por ciento la incidencia delictiva (31.7 por ciento) en comparación con los datos del 2019.
Pronto se asimiló la importancia de que su combate requería de la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno como lo propuso el gobierno federal a través de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz en las cuales se ha hecho costumbre la reunión cotidiana del gabinete de seguridad donde cada institución informa de su trabajo y da cuenta de lo sucedido para tomar decisiones y compromisos cuyos resultados se conocen de inmediato para actuar en consecuencia.
La lección colectiva de esa coordinación es que no solo se potencian los recursos destinados a la seguridad pública y el aprovechamiento racional de los mismos, sino que expresan la superioridad de las instituciones del gobierno frente a cualquier grupo delictivo dando confianza de su acción a toda la sociedad.
En adelante esperamos que sea la nueva gobernadora quien tome cabalmente las riendas del cargo para el que fue electa sin intromisiones de ninguna especie a fin de que se gane el respeto de los electores que decidieron darle la oportunidad de dirigir el destino de nuestro estado.
PD. Para no pecar por omisión me manifiesto a favor de quienes plantean la necesidad de que el Cabildo de Acapulco deje de ser el botín de los representantes populares que en calidad de síndicos y regidores se han tomado el privilegio de repartirse del presupuesto municipal como salario y apoyo en gestoría mensual 3 millones 80 mil pesos, una cantidad inadmisible que supera el salario del presidente de la República, contraviniendo todos los principios de la ética y la legalidad.