(Primera de dos partes)

El pasado martes 8 de enero se integró en España, el gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos. El Jefe de Gobierno es Pedro Sánchez Pérez Castejón, Secretario General del PSO. Se conoce que tendrá cuatro vicepresidencias, tres de ellas mujeres, lo que es de valorarse. En lo particular destaca la creación de una nueva vicepresidencia, que es la de Teresa Ribera, que será de la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en tanto que el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias Turrión, será vicepresidente para los asuntos de Derechos Sociales y Agenda 2030, en tanto el ministro para Consumo, es Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, un comunista. Este Gobierno es por tanto es claramente de izquierdas, para congoja de la derecha española, que ha intentado torpedear sin éxito la llegada de este Gobierno de Coalición.
Pero no se trata de la mera llegada al poder de las izquierdas españolas. Hay un programa a hacer cumplir, muy negociado entre el PSOE y Unidas Podemos. Para ello, el pasado 30 de diciembre suscribieron, tanto Pedro Sánchez, como Pablo Iglesias un Convenio de Coalición con dichos contenidos programáticos (https://ep00.epimg.net/descargables/2019/12/30/87348523b35b92d92f5702e3cc84d950.pdf).
Como se señala en la introducción del citado documento se busca “conformar un gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa, tal y como los ciudadanos y ciudadanas han decidido en las urnas.”
Se asume “el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de acción del gobierno, de acuerdo con lo que representa la mejor tradición europea.”
En el convenio destacan su clara propuesta social y feminista, con muy diversos temas, desde derogar asuntos lesivos para los trabajadores en materia laboral, impulsar una reforma fiscal ambiciosa con subida de impuestos a los más ricos y a las ganancias de las grandes empresas, el impulso a la vivienda social, hasta una fuerte subida al salario mínimo.
No es casualidad, que ahora exista una nueva vicepresidencia de la Transición Ecológica y Reto Demográfico en el gobierno de España, ya que destaca en ese convenio todo un apartado de la lucha contra el cambio climático, que se propone una transición ecológica justa, la protección de la biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales.
Al respecto, su primera prioridad es la aprobación de la postergada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que buscará objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de la energía “vertebrar las políticas energéticas, de transporte, de producción industrial y las urbanas, abriendo, al mismo tiempo, una oportunidad para la generación de nuevas orientaciones socioeconómicas, garantizando la transición justa. El objetivo será alcanzar en 2050 una generación de electricidad con origen 100 por ciento renovable, y entre el 85 por ciento y el 95 por ciento en 2040” (ahora ronda el 40 por ciento). Esto se articula con la meta de neutralidad de emisiones que la Unión Europea se ha fijado para el 2050.