EL-SUR

Lunes 24 de Enero de 2022

Guerrero, México

Opinión

Un nuevo gobierno, ¿oportunidad para la paz?

Jesús Mendoza Zaragoza

Noviembre 02, 2015

A un mes del inicio de los gobiernos municipales, ha arrancado ya el nuevo gobierno estatal, marcando una coyuntura que genera expectativas y abre oportunidades. Hay sectores que esperan nada o poco de este gobierno, mientras que otros anidan esperanzas de que algo pueda mejorar en el estado de Guerrero. El punto ahora es, si este nuevo gobierno hace posible que se abran oportunidades para que disminuya sustancialmente la inseguridad y para que se establezcan condiciones reales de paz en Guerrero. En los hechos, tenemos una historia añeja de situaciones que han sido factores de conflictos sociales y de dinámicas violentas, que necesitarían ser removidas.
Justo al inicio de ese gobierno se ha hecho muy visible la presencia de más militares y de más policías federales, particularmente en Acapulco. Se ha hablado de una nueva estrategia de seguridad protagonizada por policías y militares, como siempre. A final de cuentas es más de lo mismo. Y no hay razones para creer que habrá cambios de fondo en el comportamiento de la violencia. Esta medida, esta nueva estrategia, que es técnica, no incide en las causas de la violencia, sino solo en algunas de sus expresiones más cotidianas. Como se suele decir, mucho ruido y pocas nueces.
La pregunta que nos hacemos algunos es si este nuevo gobierno se animará a poner las bases necesarias para las transformaciones que requiere el estado de Guerrero, de manera que se toquen las raíces estructurales e institucionales de la violencia y se desarrollen procesos orientados hacia la paz. ¿Hay voluntad política para ir más allá de la mera contención de la violencia, y para establecer condiciones económicas, políticas y sociales para la paz? ¿Tiene idea el nuevo gobierno de que todo lo que haga o no haga como tal, no es neutral, puesto que o genera violencia o construye la paz?
Aventurando una respuesta, quiero decir que si el gobernador quisiera establecer las condiciones necesarias para la paz, cuenta con un problema que no es menor. El sistema político que lo ha llevado al poder y que lo sostiene ahora, representa más un freno que un acelerador para los cambios que se requieren en Guerrero. Los grupos políticos que se han repartido el poder no se distinguen por el respeto a los derechos humanos ni por el servicio público honesto. Solo reciclan la burocracia que ahora puede disfrutar del presupuesto y del poder para mantener privilegios.
Pero, insistiendo: si el gobernador quisiera poner las condiciones para construir la paz en Guerrero, no solo con estrategias militares y policiacas, sino con medidas que toquen las raíces de las violencias, tendría que considerar algunos desafíos como los que a continuación enumero.
Primero. Es urgente hacer un claro y firme deslinde entre instituciones públicas y delincuencia organizada para recuperar la confianza de los ciudadanos. Instituciones de los tres poderes, de los ámbitos municipal y estatal tienen que dar pruebas de que no están contra el pueblo y a favor del crimen organizado. El problema de la corrupción pública es decisivo para la paz en Guerrero puesto que ha sido un factor decisivo del desarrollo y del auge de la delincuencia. Esta es una gran tarea que tiene que emprenderse como condición para la gobernabilidad y la procuración y la administración de la justicia. Hay un sentir en la sociedad de que la justicia tiene dos varas distintas para medir: una para los pobres y otra para los políticos; la primera es dura y la segunda indulgente. Devolver la dignidad al poder público es imprescindible para colocarlo al servicio del pueblo, pues ese es su sentido original.
Segundo. Impostergable es el cambio de enfoque de la economía en Guerrero que, con una visión de desarrollo sustentable, rescate a los marginados y excluidos, a los pueblos indígenas, los jóvenes, las mujeres, los migrantes y demás. Y, por otra parte, que el desarrollo muestre un respeto sagrado por el medio ambiente como casa de todos. En esta dirección tienen que tratarse todos los megaproyectos de desarrollo como el de la presa La Parota y las mineras, lo mismo que la explotación de los diversos recursos naturales como el agua, los bosques y otros. Este tema es de los mayores generadores de violencias pues no se respetan los derechos de los pueblos, dueños de las tierras en las que se asientan dichos proyectos. Por su parte, se necesita fortalecer el desarrollo de las comunidades para desalentar la emigración y los conflictos sociales y para arrebatar a la delincuencia la base social que ha construido ante la extrema pobreza de muchos pueblos y sectores sociales. Esto significa darle un enfoque humanista y social al desarrollo y no permitir privilegios que favorezcan a los de siempre. El mismo empleo se puede promover en esta dirección.
Tercero. Otro aspecto indispensable es desentrampar la educación de intereses políticos y económicos, que le han restado capacidad para construir personas responsables de sí mismas y de su entorno social. Los actuales conflictos en el campo de la educación vienen de posiciones que han privilegiado otros asuntos ajenos a la educación. Gobierno y magisterio encontrarán una coincidencia cuando se enfoquen en una educación tal como la describe la Constitución y deje de estar secuestrada por intereses políticos y gremiales. La desafortunada reforma educativa ha provocado una mayor polarización entre las partes y debiera haber un proceso de diálogo abierto y transparente para permitir que las grandes potencialidades de la educación contribuyan al fortalecimiento del capital humano, transmitiendo valores indispensables para la paz, tales como la solidaridad, la legalidad, el trabajo, la tolerancia y la responsabilidad, entre otros. Urge fortalecer las capacidades para la paz en todos, en los ciudadanos, en niños y jóvenes y en todos los liderazgos sociales, políticos y económicos. Se requiere una cultura de paz.
Los tres desafíos expuestos contribuyen a establecer condiciones para una paz sostenible y a no apostar más por simulaciones. El primero es político, el segundo es económico y, el tercero, cultural. Juntos pueden poner las bases para dignificar los poderes públicos, para fortalecer a la sociedad y para construir la paz. ¿Será mucho pedir respuestas ciertas a estos tres grandes desafíos? Ojalá el nuevo gobierno estatal y los gobiernos municipales que han iniciado sus gestiones tengan voluntad política para orientar sus acciones de gobierno tocando las causas de la violencia. De suyo, la ley les asigna ser garantes de la paz y muchos ciudadanos estamos prontos para colaborar si vemos señales en este sentido.